Recibido:
28/06/2026 Aceptado: 3/11/2026
Prueba
documental digital: análisis de su admisión frente al derecho a la tutela
judicial efectiva (Original)
Digital documentary evidence: analysis of its
admission in relation to the right to effective judicial protection (Original)
Tatiana
Elizeth Cuzco Aguilar. Abogada. Magister en Derecho constitucional. Abogada
en libre ejercicio profesional. Profesional independiente. Ecuador. [tecuzcoa@ube.edu.ec]
María
Elizabeth Sarango Sandoya. Abogada. Magister en Derechos Humanos:
Sistemas De Protección. Profesional independiente. Abogada en libre ejercicio
profesional. Ecuador.
[mesarangos@ube.edu.ec]
Julia Herminia Dávila Alvarez. Abogada. Profesora.
Universidad Bolivariana del Ecuador. [jhdavilaa@ube.edu.ec]
Holger
Geovanny García Segarra. Abogado de los Tribunales y Juzgados
de la República del Ecuador. Magister en Derecho Procesal. Coordinador de
Posgrado en Programa de Maestría de Derecho Procesal de la Universidad
Bolivariana del Ecuador. Durán. Guayas. Ecuador. [hggarcias@ube.edu.ec]
Resumen
El
presente artículo analiza los requisitos de admisión de la prueba documental
digital en el proceso civil ecuatoriano, en particular de los mensajes de datos
provenientes de aplicaciones de mensajería instantánea, y su incidencia en el
derecho a la tutela judicial efectiva. El objetivo general es analizar los
estándares de integridad, licitud y accesibilidad de la prueba documental
digital en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y su relación con el derecho a
la tutela judicial efectiva. Metodológicamente se adoptó un enfoque
cualitativo, sustentado en el análisis normativo y doctrinal, mediante la interpretación
literal del artículo 202 del Código Orgánico General de Procesos, de la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y de la
Constitución. Los resultados evidencian que, aunque se reconoce la equivalencia
funcional del documento electrónico, aún persisten vacíos sobre cómo acreditar
la integridad, conservar la accesibilidad y materializar la prueba digital, lo
que genera incertidumbre jurídica, fallos contradictorios y riesgo de
indefensión. Se concluye que resulta imperativo reformar el artículo 202 del
Código Orgánico General de Procesos para incorporar un catálogo taxativo de
requisitos de admisión —valor hash o firma criptográfica, cadena de custodia
digital y licitud— y regular un procedimiento de materialización de la prueba
digital con peritaje informático.
Palabras
clave: admisión; documentos electrónicos;
integridad digital; prueba digital; tutela judicial efectiva
Abstract
This article analyzes the
admission requirements for digital documentary evidence in Ecuadorian civil
proceedings, particularly data messages from instant messaging applications,
and their impact on the right to effective judicial protection. The general
objective is to analyze the standards of integrity,
lawfulness and accessibility of digital documentary evidence in the Ecuadorian
legal system and their relationship with the right to effective judicial
protection. Methodologically, a qualitative approach was adopted, based on
normative and doctrinal analysis, through the literal interpretation of Article
202 of the General Organic Code of Processes, the Electronic Commerce,
Electronic Signatures and Data Messages Law, and the Constitution. The results
show that although functional equivalence of electronic documents is
recognized, gaps persist regarding how to prove integrity, preserve
accessibility and materialize digital evidence, which generates legal
uncertainty, contradictory rulings and a risk of defencelessness. It is
concluded that it is imperative to reform Article 202 of the General Organic
Code of Processes to incorporate an exhaustive list of admission
requirements—hash value or cryptographic signature, digital chain of custody
and lawfulness—and to regulate a procedure for materializing digital evidence
with computer forensic expertise.
Keywords: admission; electronic documents; digital integrity; digital evidence;
effective judicial protection
Introducción
La
tecnología cambió la forma de conectarse entre los seres humanos. Por eso, hoy
es casi imposible realizar un juicio sin revisar el mundo digital. Los mensajes
de WhatsApp, correos o publicaciones en redes sociales son las nuevas pruebas
clave; lo que se escribe en una pantalla tiene el mismo peso legal que un
documento firmado. El Código Orgánico General de Procesos (2015) en su artículo
202 estipula que “los documentos producidos electrónicamente con sus
respectivos anexos serán considerados originales para todos los efectos
legales. Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o
privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza
probatoria del original” (p. 82).
La
doctrina reciente sobre prueba digital ha superado la idea de que el documento
electrónico es una simple copia del papel. Los estudios de Arteaga et al.
(2026) evidencian que, aunque el artículo 202 del Código Orgánico General de
Procesos (2015) reconoce la equivalencia funcional del documento electrónico,
su aplicación judicial sigue siendo limitada y heterogénea por falta de
protocolos técnicos. En ese contexto, un mensaje de texto o un archivo digital
ya no pueden verse como una prueba secundaria: son fuentes probatorias que
registran los hechos con precisión, pero cuya admisión exige verificar su
integridad, accesibilidad y licitud.
La
tutela judicial efectiva constituye, hoy en día, una de las más significativas
garantías conferidas a las personas. De nada valdría ser titular de derechos
sin la posibilidad cierta de reclamarlos ante el órgano estatal encargado de la
función jurisdiccional y de encontrar la protección demandada, por medio de un
debido proceso, en el que recaiga una sentencia que ofrezca solución al litigio
y tenga fuerza ejecutiva (Fernández, 2025).
Adicionalmente,
el documento electrónico, también conocido como e-doc,
ha sido definido por la doctrina reciente como aquel “realizado o generado
únicamente por medios electrónicos, y que la esencia de este es plenamente virtual,
gozando de validez legal sin necesidad de estar físicamente materializado”
(Ceballos & Cárdenas, 2025, p. 223). Desde una perspectiva funcional, se
trata de cualquier documento transaccional que se intercambia en formato
electrónico entre las partes (El-Haija, 2024). Esta
naturaleza digital no solo reemplaza a las contrapartes físicas con el mismo
propósito, sino que facilita compartir, organizar y colaborar, permitiendo
además controlar la versión, rastrear cambios y firmar electrónicamente, lo que
refuerza su valor probatorio y trazabilidad en el proceso judicial.
En
consecuencia, la pregunta de investigación del estudio es la siguiente: ¿qué
requisitos de admisión deben exigirse a los mensajes de datos provenientes de
aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para que sean admitidos
como prueba digital en el proceso civil ecuatoriano? El objetivo general es
analizar los estándares de integridad, licitud y accesibilidad de la prueba
documental digital en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y su relación
con el derecho a la tutela judicial efectiva. Se determinaron como objetivos
específicos examinar la naturaleza jurídica de la prueba documental digital en
el Ecuador, identificando los requisitos normativos actuales para su
presentación en juicio. El segundo objetivo específico es identificar los
criterios aplicados por los órganos jurisdiccionales al momento de calificar la
admisión de las pruebas digitales en los procesos judiciales. Y por último, establecer los riesgos de indefensión procesal
derivados de la exclusión de pruebas digitales por falta de peritajes técnicos.
La
forma en que el Ecuador maneja las pruebas digitales, como chats o correos,
genera una incertidumbre jurídica preocupante. Aunque la vida cotidiana ocurre
en el entorno digital, no existe un estándar claro que guíe a los jueces sobre
cómo validar estos mensajes. Esto provoca fallos contradictorios porque
mientras un juez puede aceptar un WhatsApp como prueba legítima, otro puede
descartarlo por temor a una posible manipulación. Ante este escenario, resulta
indispensable que el sistema judicial aplique la unificación de criterios
legislativos para que garantice la integridad de la información electrónica. La
meta es que la tecnología sea una herramienta de justicia eficiente, donde la
autenticidad y la transparencia sean los pilares de toda sentencia debidamente motivada.
Materiales
y métodos
La
presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, de tipo
documental y descriptivo, orientado al análisis de la prueba documental digital
en el proceso civil ecuatoriano. Se empleó el método analítico-sintético, que
permitió descomponer los requisitos de admisión de la prueba digital en sus
elementos constitutivos —integridad, accesibilidad y licitud— para luego
integrarlos en una comprensión sistemática de su funcionamiento dentro del
proceso judicial.
Como
técnicas de investigación se utilizaron el análisis documental y la interpretación
normativa literal. El corpus normativo estuvo conformado por el artículo 202
del Código Orgánico General de Procesos (2015); los artículos 2, 6, 7 y 52 de
la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos
(Congreso Nacional, 2002); y los artículos 75, 76.4, 424 y 425 de la
Constitución de la República del Ecuador (2008). Asimismo, se revisó la doctrina
y la jurisprudencia relevante sobre la prueba digital, equivalencia funcional y
tutela judicial efectiva.
El
procedimiento de análisis consistió en: (i) identificar las disposiciones
normativas aplicables a la admisión de la prueba documental digital; (ii) descomponer cada requisito en sus elementos técnicos y
jurídicos; (iii) contrastar la norma con la doctrina especializada;
y (iv) sintetizar los hallazgos para determinar sus
implicaciones en el derecho a la tutela judicial efectiva. La investigación
tuvo alcance explicativo-descriptivo y no requirió trabajo de campo, pues se
sustentó en fuentes documentales y normativas de acceso público.
Análisis
y discusión de los resultados
El
análisis del corpus normativo y doctrinal permitió identificar que el
ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce la prueba documental digital a
partir del principio de equivalencia funcional, pero no establece con precisión
los requisitos que deben verificarse para su admisión en el proceso civil. A continuación se presentan los hallazgos derivados de la
interpretación del artículo 202 del Código Orgánico General de Procesos (2015),
de los artículos de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos y de algunos artículos de la Constitución de la República del
Ecuador. Los resultados se organizan en tres ejes: primero, el reconocimiento
normativo de los documentos electrónicos y mensajes de datos; segundo, los
estándares de integridad, accesibilidad y licitud exigidos para su admisión; y
tercero, los vacíos normativos y prácticos que generan incertidumbre jurídica y
riesgo de indefensión procesal.
De
esta forma, la norma vigente no es clara al momento de referirse a las pruebas
documentales digitales. El Código Orgánico General de Procesos (2015), en su
artículo 202, indica que los documentos electrónicos y sus anexos deben ser
originales legalmente al momento de su presentación ante un juez. Asimismo, las
copias certificadas escaneadas en expedientes digitales tienen el mismo valor
probatorio que el original, aunque este último debe ser conservado por el dueño
para exhibirlo en la audiencia, pero no menciona cómo una conversación que es
útil, pertinente y conducente de alguna red social, debe ser admitida o quién
debe materializarla al momento que deja de ser digital.
Asimismo,
el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes
de Datos (Congreso Nacional, 2002) indica que los mensajes de datos tienen el
mismo valor legal que los documentos en papel. Su validez y fuerza probatoria
dependen de que cumplan con los requisitos que exigen la ley y su reglamento
para ser aceptados. El artículo 6 de la misma norma permite que un mensaje de
datos reemplace legalmente al papel, siempre que la información digital sea
accesible para su consulta posterior. No obstante, la accesibilidad no agota
todos los requisitos de valoración probatoria.
Por
último, el artículo 7 de la norma estipula que un mensaje de datos vale como un
documento original si se demuestra que su contenido no ha sido cambiado desde
que se creó. Se considera que está intacto si se mantiene completo, aunque su
formato cambie un poco al guardarlo o enviarlo, siempre que la información
importante no se altere (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos, Congreso Nacional, 2002). Además, los documentos físicos
pueden digitalizarse. La firma electrónica certificada constituye un mecanismo
de autenticación, pero no un requisito universal para la validez de todo
documento digitalizado. Cuando el documento electrónico cuente con firma
electrónica certificada, esta reforzará su autenticidad; cuando se trate de una
reproducción escaneada, su fuerza probatoria se sujetará al artículo 202 del Código
Orgánico General de Procesos (2015) antes mencionado y, si su autenticidad es controvertida,
podrá exigirse peritaje informático o acreditación de integridad.
Y
de la misma forma se debe mencionar la Constitución de la República del Ecuador
(2008), que como norma suprema estipula en el artículo 424 y en el artículo 425
que está por encima de toda norma jurídica. En su artículo 75 indica que:
Toda
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. (p.
34)
Por
consiguiente, es prioridad garantizar que la justicia actúe correctamente, los
jueces deben valorar correctamente las pruebas digitales que las partes
incluyeron en el proceso. Es fundamental seguir la normativa vigente para
presentar, practicar y adjuntar estos archivos digitales de forma útil,
pertinente y conducente durante las audiencias. Un manejo adecuado de estos elementos
permite que el juez cuente con evidencias válidas para dictar una sentencia
justa y apegada a la ley (Puetate et al., 2021).
Como
mencionan Imaicela y Alvarado (2024), la tecnología
ha transformado la forma de vivir y el derecho no es la excepción. Hoy, el gran
reto de la justicia es integrar las pruebas digitales como mensajes o correos
de forma segura. A diferencia de un documento físico, lo digital es fácil de
alterar, lo que genera dudas sobre su veracidad. Además, obtener esta
información puede chocar con el derecho a la privacidad e intimidad. Por ello,
los expertos coinciden en que se necesitan leyes claras que permitan usar estas
herramientas para una justicia rápida, pero asegurando siempre que la evidencia
sea auténtica y respete los datos personales.
La
revisión de las leyes ecuatorianas y cómo se han aplicado muestra que las
pruebas digitales son clave para asegurar que todos reciban justicia de manera
justa y rápida. Es importante que estas pruebas sean válidas para proteger los
derechos de las personas en los juicios. En este sentido, y según el artículo
202 del Código Orgánico General de Procesos (2015), los documentos electrónicos
y sus anexos poseen la categoría legal de originales, otorgando a las
reproducciones escaneadas la misma fuerza probatoria que el documento físico.
La
revisión de las leyes ecuatorianas y de su aplicación judicial muestra que las
pruebas digitales son clave para garantizar una justicia oportuna y efectiva.
No basta, sin embargo, con afirmar que los archivos digitales registran los
hechos con precisión; es necesario que su incorporación al proceso respete
estándares de validez y autenticidad. En esta línea, Arteaga et al. (2026)
concluyen que el artículo 202 del Código Orgánico General de Procesos (2015)
reconoce a los documentos electrónicos y a sus anexos la categoría legal de
originales, e iguala las reproducciones escaneadas al documento físico, pero no
desarrolla un régimen técnico-procesal que permita verificar esa equivalencia
en la práctica. De ahí que el reconocimiento legal deba complementarse con
mecanismos claros de admisión y materialización de la prueba digital.
Complementariamente,
como se refrenda en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos (Congreso Nacional, 2002) en sus artículos 2 y 6, los
mensajes de datos tienen igual valor jurídico que el papel, siempre que su
información sea accesible para consulta posterior. Así, estos instrumentos
virtuales reemplazan eficazmente a sus contrapartes físicas. Adicionalmente, la
admisión de la prueba digital no es automática, sino que depende del
cumplimiento de tres pilares técnicos y jurídicos que son integridad,
accesibilidad y licitud.
La
integridad garantiza que la información se mantenga completa y original, tal
como fue creada, sin cambios, tachaduras ni alteraciones. En el ámbito legal,
si una prueba digital se modifica, pierde valor y puede ser inadmitida, con
posibles consecuencias por afectación a la buena fe y lealtad procesal. Por
ello se emplean métodos técnicos que permiten verificar que lo presentado en
juicio corresponde a lo creado originalmente. En resumen, la integridad es lo
que permite confiar plenamente en que la evidencia es auténtica (Código
Orgánico General de Procesos, 2015).
Con respecto a la accesibilidad, la preservación
digital asegura que la información importante se mantenga guardada y accesible
a largo plazo, sin que se pierda o se dañe. Esta
conservación funciona como
un respaldo permanente que permite consultar documentos en cualquier momento
del futuro. En el ámbito legal, esto es crucial porque una vez que una prueba
es aceptada, jueces y abogados deben poder verla durante todo el proceso con
ciertas excepciones a un acceso exclusivo por las partes procesales. De esta
manera, se garantiza que la evidencia no desaparezca ni se vuelva inaccesible,
permitiendo que se revise las veces que sea necesario para tomar decisiones
justas basadas en información que siempre está disponible (Código Orgánico
General de Procesos, 2015).
La
licitud exige que la evidencia haya sido obtenida sin vulneración de derechos
fundamentales como la privacidad, la intimidad o el debido proceso. El artículo
76.4 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) dispone que las
pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no
tienen validez alguna y carecen de eficacia probatoria. Por ello, si la
evidencia se obtuvo de forma ilegal o vulnerando garantías constitucionales,
debe ser excluida del proceso judicial. Es decir, el fin no justifica los
medios: para que una prueba sea eficaz y admitida, debe haberse recolectado
respetando la ley.
Aunque
el Código Orgánico General de Procesos (2015) y la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Congreso Nacional, 2002) regulan la
prueba digital en Ecuador, persiste una incertidumbre jurídica. Muchos jueces,
por temor a que la evidencia haya sido manipulada, dictan fallos contradictorios
con base en criterios subjetivos, debido al desconocimiento sobre cómo admitir
o verificar la autenticidad de la prueba digital y sobre los requisitos
normativos aplicables. Esto trae como consecuencia que se afecte la motivación
de las resoluciones.
Como
indican Imaicela y Alvarado (2024), el desafío
principal de la justicia moderna radica en integrar evidencias digitales, como
correos o mensajes, debido a su fragilidad técnica. A diferencia de los
documentos físicos, el entorno digital facilita la alteración de la
información, lo cual genera incertidumbre sobre su veracidad en el proceso
judicial. Además, obtener estos datos personales puede entrar en conflicto con
el derecho fundamental a la privacidad e intimidad de los ciudadanos. Por ello,
se requieren leyes claras que aseguren la autenticidad de la prueba y respeten
la protección de datos para alcanzar una justicia rápida y confiable.
A
continuación, se presentan varios instrumentos de sistematización gráfica,
diseñados con el propósito de operacionalizar los conceptos jurídicos
previamente expuestos y facilitar su análisis comparativo (Tabla 1).
Tabla
1. Requisitos de admisión de la prueba documental digital en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano
|
Pilar |
Exigencia |
Norma de referencia |
Consecuencia de su
incumplimiento |
|
Integridad |
El contenido del
archivo no debe haber sido alterado desde su creación. Se acredita mediante
valor hash, firma criptográfica o peritaje informático. |
Artículo 202 Código
Orgánico General de Procesos (Asamblea Nacional, 2015). Artículo 6 y 7 Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Congreso
Nacional, 2002). |
Pérdida de fuerza
probatoria; inadmisión motivada; posible afectación a la lealtad procesal. |
|
Accesibilidad |
La información debe
conservarse de forma que pueda ser consultada durante todo el proceso
judicial, sin pérdida ni deterioro. |
Artículo 202 Código
Orgánico General de Procesos (2015). Artículo 6 Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Congreso
Nacional, 2002). |
Imposibilidad de
valoración; exclusión del acervo probatorio por falta de conservación. |
|
Licitud |
La evidencia debe
haber sido obtenida sin vulneración de derechos fundamentales como la
privacidad, la intimidad o el debido proceso. |
Artículos
75 y 76.4 de la Constitución
de la República del Ecuador (2008). Artículo 202 Código
Orgánico General de Procesos (2015). |
Exclusión inmediata de
la prueba; nulidad del acto procesal; responsabilidad por vulneración de
derechos. |
Fuente: elaboración
propia.
La
tabla 1 presentada sintetiza los tres pilares fundamentales para que la prueba
digital sea válida en el sistema judicial ecuatoriano: integridad,
accesibilidad y licitud. La integridad exige que el contenido no varíe; la
accesibilidad obliga a conservar el archivo de forma que pueda consultarse
durante el proceso; y la licitud excluye cualquier prueba obtenida con
vulneración de derechos fundamentales. La cadena de custodia y el peritaje
informático se presentan como mecanismos técnicos de acreditación, no como
pilares autónomos. Entonces, la evolución tecnológica ha desplazado la
dependencia tradicional de los testimonios orales y los testigos
predeterminados que daban fe de los actos en presencia física, permitiendo que
la tecnología actual actúe como un registrador de pruebas exactas mediante un
simple clic.
En
consecuencia, la evolución tecnológica ha convertido los archivos digitales en
fuentes probatorias de primer orden, pero su valor no radica en una supuesta
exactitud automática, sino en la posibilidad de verificar su autenticidad e
integridad. Autores como Arteaga et al. (2026) y Bracho y Toala (2026)
coinciden en que el mundo digital es hoy un escenario imprescindible para la
revisión judicial, pero advierten que lo escrito en una pantalla solo posee
fuerza legal equivalente a un documento firmado si se acredita su origen, se
preserva su accesibilidad y se garantiza su cadena de custodia. Por ello, la
metodología de comprobación de los hechos en el proceso moderno ya no puede
limitarse a la exhibición del archivo, sino que exige protocolos técnicos y
jurídicos de admisión y valoración.
De
la misma forma, el derecho procesal no debe visualizarse como un conjunto
mecánico de pasos técnicos carentes de alma, sino como un sistema robusto de
garantías constitucionales orientado a que la justicia sea efectiva en la
realidad cotidiana. El proceso judicial moderno debe alejarse de la frialdad
técnica para priorizar el respeto a los derechos humanos y a la Constitución de
la República del Ecuador (2008), sirviendo como una herramienta ética para la
protección de las personas. En el contexto de la prueba digital, Cuenca et al.
(2026) advierten que la falta de protocolos uniformes de valoración y la
dependencia del conocimiento subjetivo del juez ponen en riesgo la tutela
judicial efectiva, generan inseguridad jurídica y pueden producir una desprotección
para los ciudadanos en los entornos de la justicia digital.
Además,
la efectividad de la justicia en la era digital depende estrictamente de la
capacidad de los jueces para admitir y de las partes para integrar estas
evidencias, desde la demanda hasta la reconvención. Este enfoque es
eminentemente técnico-operativo, sosteniendo que no basta con poseer la
información, sino que es imperativo seguir protocolos normativos rigurosos para
la presentación, práctica y adjunción de los archivos digitales durante las
audiencias. Un manejo técnico adecuado de estos elementos garantiza que el
juzgador cuente con evidencias válidas y confiables, permitiendo que la
tecnología se convierta en un vehículo para sentencias justas y apegadas a la
ley, evitando la improvisación en el manejo de datos electrónicos (Puetate et
al., 2021).
Como
mencionan Imaicela y Alvarado (2024), el gran desafío
de la justicia contemporánea radica en la fragilidad intrínseca de lo digital,
ya que, a diferencia de los soportes físicos, la información electrónica es
extremadamente susceptible a la alteración, lo que siembra dudas razonables
sobre su veracidad. Su postura resalta una tensión constante entre la necesidad
de celeridad procesal y el respeto al derecho fundamental a la privacidad e intimidad
de los ciudadanos, dado que la obtención de datos digitales puede ser más
invasiva.
Esta
fragilidad exige que el sistema legal no solo adopte tecnología, sino que
garantice la trazabilidad absoluta de la prueba para evitar manipulaciones. Al
ser datos volátiles, un error en la cadena de custodia puede invalidar un
proceso entero, dejando a las víctimas en la indefensión. Por ello, la
digitalización no debe verse únicamente como una herramienta de rapidez, sino
como un compromiso ético con la seguridad jurídica. El reto actual consiste en
diseñar protocolos que protejan la integridad de la información sin convertir
la vigilancia digital en una práctica abusiva que vulnere la esfera personal
del individuo.
Por
ello, Imaicela y Alvarado (2024) indican que la
integración de correos electrónicos o mensajes como los de WhatsApp o alguna
red social con prueba útil pertinente y conducente requiere de leyes claras que
actúen como salvaguarda, asegurando que la evidencia sea auténtica y que el uso
de estas herramientas tecnológicas no se emplee con intención de vulnerar la
protección de los datos personales o el debido proceso.
Tabla
2. Enfoques doctrinales sobre la prueba digital y sus aportes a la admisión y
valoración procesal
|
Autor |
Enfoque principal |
Aporte teórico sobre
la prueba digital |
|
|
Arteaga et al. (2026) |
Técnico-procesal /
garantista |
Evidencian que el
artículo 202 del Código Orgánico General de Procesos (2015) reconoce la
equivalencia funcional del documento electrónico, pero su alcance declarativo
es insuficiente; faltan protocolos técnicos y verificación judicial, lo que
genera una aplicación heterogénea. |
|
|
Cuenca et al. (2026) |
Garantista-constitucional |
Sostienen que la
justicia digital debe respetar el debido proceso y la tutela judicial
efectiva; advierten que la falta de protocolos uniformes y la dependencia del
criterio subjetivo del juez generan inseguridad jurídica. |
|
|
Bracho y Toala (2026) |
Crítico-forense |
Demuestran que la
evidencia de WhatsApp carece de criterios definidos en Ecuador; exigen
extracción forense, funciones hash, cadena de custodia y estándares de las
normas ISO/IEC para evitar manipulación e indefensión. |
|
|
Puetate et al. (2021) |
Técnico-Procesal |
Enfatiza la
necesidad de protocolos técnicos rigurosos para presentar y practicar pruebas
digitales en todas las etapas del proceso para asegurar su validez. |
|
|
Imaicela y Alvarado (2024) |
Crítico-Proteccionista |
Advierte sobre la
fragilidad y fácil alteración de lo digital, subrayando el conflicto entre la
eficacia probatoria y el derecho a la privacidad de datos. |
|
Fuente: elaboración propia.
Esta
tabla 2 presenta las perspectivas de los autores sobre la evolución de la
prueba en la era tecnológica. Arteaga et al. (2026) destacan que los archivos
digitales han pasado a ocupar un lugar central en la comprobación de los
hechos, pero que su validez exige protocolos técnicos estrictos de anuncio,
presentación y valoración (Puetate et al., 2021). Los autores Bracho y Toala
(2026) advierten que la falta de reglas claras y uniformes en el manejo de la
evidencia digital, en particular la proveniente de WhatsApp, genera inseguridad
jurídica y compromete la predictibilidad de las decisiones. A ello se suma el
riesgo constante de alteración de la información, lo que obliga al derecho a
buscar un equilibrio entre la eficacia probatoria y la protección de la
privacidad de los datos personales, tal como lo plantean Imaicela
y Alvarado (2024).
Por
consiguiente, se recomienda reformar el artículo 202 del Código Orgánico
General de Procesos (2015) a fin de incorporar un catálogo taxativo de
requisitos de admisión para la prueba documental digital. La norma vigente
reconoce el valor probatorio de los documentos electrónicos, pero omite
establecer los parámetros concretos que debe verificar el juzgador al momento
de calificar su admisión. La reforma debería disponer expresamente que toda
prueba digital aportada al proceso acredite:
a)
Integridad del archivo, mediante la presentación de su valor hash o firma
criptográfica que garantice la inalterabilidad del contenido desde su creación.
b)
Cadena de custodia digital, entendida como el registro cronológico y
verificable de los responsables que han tenido acceso o custodia del archivo
desde su obtención hasta su presentación en juicio.
c)
Licitud en la obtención, acreditando que la evidencia fue recabada sin
vulneración de derechos fundamentales. Estos requisitos deberían constar como
presupuestos de admisibilidad, de modo que su incumplimiento derive en la
inadmisión motivada de la prueba y no en una decisión discrecional del juez,
eliminando así la actual incertidumbre jurídica que afecta la tutela judicial
efectiva consagrada en el artículo 75 de la Constitución de la República del
Ecuador (2008).
Adicional,
se recomienda incorporar en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas
y Mensajes de Datos (Congreso Nacional, 2002) un procedimiento de
materialización de la prueba digital, entendido como el mecanismo mediante el
cual un mensaje de datos o conversación proveniente de plataformas digitales
como correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o redes
sociales adquiere valor probatorio pleno al ser trasladado al proceso judicial.
Actualmente,
el artículo 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos (Congreso Nacional, 2002) establece que no se puede negar
validez a la información por su formato electrónico; sin embargo, no regula el
procedimiento para trasladar la evidencia digital al proceso judicial.
La
reforma propuesta debería regular que la materialización de mensajes de datos
se realice mediante acta notarial con soporte en peritaje informático, en la
cual el perito acredite la autenticidad del archivo, su procedencia verificable
y la ausencia de alteraciones, conforme a estándares técnicos reconocidos. Este
procedimiento dotaría al sistema judicial de una herramienta normativa clara
para admitir pruebas digitales con plenas garantías de autenticidad, superando
el vacío legal que genera indefensión procesal a las partes que poseen
evidencia genuina, pero carecen de un mecanismo legalmente definido para
introducirla al juicio.
Discusión
Los resultados expuestos evidencian que, si bien el
ordenamiento jurídico ecuatoriano ha avanzado en el reconocimiento de la prueba
digital a través del principio de equivalencia funcional, la realidad práctica
dista mucho de ser óptima. La tensión entre la validez formal que otorgan el
Código Orgánico General de Procesos (2015) y la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Congreso Nacional, 2002), frente a la
fragilidad técnica de los archivos electrónicos, configura un escenario donde
la tutela judicial efectiva se ve comprometida. Esta brecha estructural es
confirmada por Arteaga et al. (2026), quienes, tras analizar el artículo 202
del Código Orgánico General de Procesos (2015), concluyen que este ofrece una
regulación insuficiente y excesivamente sintética, limitándose a un
reconocimiento formal que no desarrolla un régimen técnico-procesal específico,
lo que traslada a la práctica judicial la responsabilidad de definir criterios
sin lineamientos claros.
En primer lugar, el análisis de los tres pilares
fundamentales (integridad, accesibilidad y licitud) revela que el sistema
judicial ecuatoriano se enfrenta a un desafío de doble naturaleza. Por un lado,
la integridad y la accesibilidad requieren de una infraestructura tecnológica y
de protocolos técnicos que actualmente son insuficientes. En esta línea, la
revisión sistemática de Bracho y Toala (2026) sobre la evidencia digital de
WhatsApp demuestra que el sistema de justicia ecuatoriano carece de criterios
definidos para el tratamiento de esta prueba. Los autores Bracho y Toala (2026)
advierten que la naturaleza efímera de las comunicaciones, el cifrado de
extremo a extremo y las dificultades asociadas a la autenticación y
preservación de la integridad exigen estándares forenses específicos. La simple
captura de pantalla resulta insuficiente; se requiere de extracción forense,
funciones hash y una cadena de custodia rigurosa para evitar la manipulación,
lo que actualmente genera una carga procesal que las partes no siempre pueden
cumplir, traduciéndose en una barrera de acceso a la justicia.
En segundo lugar, la discusión sobre la admisión de la
prueba digital no puede desvincularse del derecho a la tutela judicial
efectiva. La falta de criterios uniformes y la dependencia del conocimiento
subjetivo del juez generan una profunda inseguridad jurídica. Como señalan
Arteaga et al. (2026), la ausencia de directrices claras sobre la forma de
anuncio, presentación y valoración de la prueba digital incrementa la
discrecionalidad judicial y produce decisiones heterogéneas. Esta afirmación
coincide plenamente con los hallazgos de Bracho y Toala (2026), quienes
identifican que la fragmentación normativa y la heterogeneidad de criterios
judiciales en materia de autenticidad e integridad comprometen la
predictibilidad de la valoración probatoria. En el caso específico de WhatsApp,
la falta de un protocolo normativo específico mantiene una brecha entre la
práctica judicial heterogénea y los estándares técnicos internacionales,
dejando a las partes en un estado de indefensión cuando poseen evidencia genuina pero carecen de un mecanismo legalmente definido
para introducirla al juicio.
Por otro lado, el pilar de la licitud introduce una
dimensión constitucional que complejiza el panorama. Como advierten Imaicela y Alvarado (2024), la facilidad de alteración de
lo digital y el riesgo de vulnerar derechos fundamentales como la privacidad e
intimidad exigen un equilibrio delicado. La exclusión inmediata de pruebas
obtenidas ilícitamente es un mandato constitucional previsto en el artículo 76.4
de la Constitución de la República del Ecuador (2008). Sin embargo, su
aplicación práctica puede derivar en una sobreprotección formalista que,
paradójicamente, deje en indefensión a la parte que posee una evidencia
genuina.
En esta línea, Cuenca et al. (2026) sostienen que el
derecho procesal no debe reducirse a un conjunto mecánico de pasos técnicos,
sino que debe operar como un sistema de garantías éticas; en el contexto
digital, ello implica que el juez valore no solo la legalidad formal de la obtención
de la prueba, sino también su relevancia y utilidad para la búsqueda de la
verdad sustancial. La comparación con otras realidades de la región refuerza la
necesidad de una regulación específica y uniforme. Tal es así que Reyes (2025),
al analizar el proceso civil peruano, identifica que la incorporación de
pruebas digitales enfrenta desafíos significativos debido a la falta de
regulaciones específicas, proponiendo estándares técnicos como la cadena de
custodia digital y la capacitación de los operadores judiciales.
En una línea convergente, Pilco (2026) evidencia que
la falta de criterios uniformes en Ecuador no solo afecta la admisibilidad,
sino que también impacta directamente en el deber de motivación de las
resoluciones judiciales. La coincidencia de diagnósticos en ambos países
sugiere que la solución no puede ser meramente local, sino que exige un
esfuerzo regional por armonizar criterios de admisibilidad y valoración de la
prueba digital.
Finalmente, los hallazgos de esta investigación
permiten sostener que la propuesta de reforma del artículo 202 del Código
Orgánico General de Procesos (2015) no debe ser vista como una carga adicional,
sino como una herramienta que dota de objetividad y transparencia al proceso.
Esta postura es compartida y complementada por los autores analizados. Mientras
que el presente estudio propone incorporar requisitos taxativos como el valor
hash, la cadena de custodia digital y la licitud, además de un procedimiento de
materialización mediante acta notarial con peritaje informático; Arteaga et al.
(2026) proponen incorporar un inciso que obligue al secretario de la unidad
judicial a verificar, en un plazo de 48 horas, la validez y certificación del
documento electrónico a través de plataformas oficiales. Por su parte, Bracho y
Toala (2026) enfatizan la necesidad de adoptar protocolos estandarizados
basados en normas ISO/IEC, la habilitación de laboratorios forenses
certificados y un sistema de cadena de custodia digital trazable de extremo a
extremo.
La integración de estas perspectivas confirma que
superar la incertidumbre jurídica actual requiere un enfoque multidimensional:
una reforma normativa que establezca presupuestos claros de admisibilidad, una
articulación interinstitucional que permita la verificación temprana de
documentos, y una inversión en infraestructura técnica y capacitación
especializada para los operadores de justicia. Solo de esta manera la
tecnología podrá consolidarse como un vehículo para la verdad y no como un
obstáculo formalista que menoscabe la tutela judicial efectiva.
Conclusiones
La
presente investigación permitió evidenciar que la tecnología ha transformado la
actividad probatoria en el proceso civil ecuatoriano. Los documentos
electrónicos, los mensajes de datos y los archivos digitales ya no pueden ser
considerados como una categoría residual o secundaria dentro del proceso
judicial, pues su capacidad para registrar hechos con precisión los convierte
en medios de prueba relevantes para la búsqueda de la verdad sustancial. El
ordenamiento jurídico ecuatoriano ha reconocido esta realidad a través del
principio de equivalencia funcional, de modo que el artículo 202 del Código
Orgánico General de Procesos y la Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensajes de Datos les atribuyen un valor probatorio equiparable
al de los documentos físicos. Sin embargo, ese reconocimiento legal no ha
venido acompañado de mecanismos procesales claros que permitan materializar
dicha equivalencia en la práctica judicial.
El
análisis desarrollado confirma que la admisión de la prueba documental digital
no puede depender únicamente de su formato electrónico, sino que exige
verificar tres estándares fundamentales: la integridad, entendida como la
garantía de que el contenido no ha sido alterado desde su creación; la
accesibilidad, que asegura la conservación y consulta del archivo durante todo
el proceso; y la licitud, que impide incorporar al juicio evidencias obtenidas
con vulneración de derechos fundamentales. Estos tres pilares constituyen
condiciones necesarias para que la prueba digital sea admitida y valorada con
plenas garantías, pero su aplicación práctica se ve dificultada por la ausencia
de protocolos técnicos uniformes, por la falta de capacitación especializada de
los operadores judiciales y por la resistencia de algunos juzgadores frente a
medios probatorios cuya autenticidad no comprenden cabalmente.
Como
consecuencia de lo anterior, persiste un preocupante escenario de incertidumbre
jurídica. La ley reconoce la validez de la prueba digital, pero no establece
con precisión cómo debe acreditarse su autenticidad, quién debe materializarla
cuando deja de ser digital, ni cuáles son los requisitos mínimos que el juez
debe verificar al momento de calificar su admisión. Esta omisión normativa
genera fallos contradictorios y decisiones sustentadas en criterios subjetivos,
lo que afecta directamente el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado
en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. La falta de
criterios uniformes no solo produce inseguridad jurídica, sino que también
puede derivar en indefensión procesal para la parte que posee una evidencia genuina,
pero carece de un mecanismo legalmente definido para incorporarla válidamente
al proceso.
Se
concluye que la naturaleza jurídica de la prueba documental digital se sustenta
en el principio de equivalencia funcional, conforme al cual el soporte
electrónico no altera el valor probatorio del documento. Los criterios
aplicados por los órganos jurisdiccionales al momento de admitir este tipo de
pruebas se orientan hacia la verificación de la autenticidad, la integridad y
la no alteración del contenido, pero dichos criterios carecen de uniformidad y
de respaldo técnico suficiente. Finalmente, los riesgos de indefensión procesal
derivan principalmente de la exclusión de pruebas digitales por falta de
peritajes técnicos, de protocolos de cadena de custodia y de normas específicas
que regulen su incorporación al juicio.
Por
todo lo antes expuesto, resulta imperativo reformar el artículo 202 del Código
Orgánico General de Procesos para incorporar un catálogo taxativo de requisitos
de admisión de la prueba documental digital, que comprenda la acreditación de
la integridad mediante valor hash o firma criptográfica, la cadena de custodia
digital y la licitud en la obtención de la evidencia. Asimismo, se requiere
incorporar en la Ley de Comercio Electrónico un procedimiento de
materialización de la prueba digital, preferentemente mediante acta notarial
con soporte en peritaje informático, que permita trasladar la evidencia
electrónica al proceso judicial con garantías de autenticidad y trazabilidad.
Solo de esta manera la digitalización podrá consolidarse como una herramienta
de justicia eficiente, transparente y respetuosa de la verdad sustancial,
superando los formalismos que hoy obstaculizan la tutela judicial efectiva.
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