Recibido: 17/05/2026 Aceptado: 20/10/2026
Inteligencia artificial y valoración probatoria en el
proceso judicial ecuatoriano (Revisión)
Artificial
intelligence and evidentiary assessment in the ecuadorian
judicial process (Review)
Belky Estefania Hurtado Arias. Abogada en ciencias
jurídicas. Universidad Estatal de la península de Santa Elena. Ecuador. [ab.belkyeha22@hotmail.com]
Rolando Medina Peña. Licenciado en derecho. Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor en la
maestría en derecho procesal, Universidad Estatal de la península de Santa
Elena. Ecuador. [rolandormp74@gmail.com]
Resumen
El presente trabajo busca analizar el uso de la
inteligencia artificial en la valoración de las pruebas dentro del sistema
judicial ecuatoriano. Para ello, se identifican las ventajas, riesgos y
desafíos jurídicos que supone su implementación, así como los criterios que
deben orientar su uso para asegurar que se respeten los derechos fundamentales.
En el desarrollo de la investigación se emplearon los métodos hermenéutico
jurídico y el Derecho Comparado, entre otros. Esta perspectiva permitió
establecer que está generalizado el uso de la inteligencia artificial, lo que
incluye el ámbito jurisdiccional pero que, en Ecuador, a diferencia de otros
países, aún no se implementa una normativa para regular su uso. De ahí la
necesidad de elaborar una norma de acuerdo con los principios fundamentales que
imponga límites en cuanto a la forma en que se emplea la inteligencia artificial.
Palabras clave: administración de justicia; derechos
fundamentales; garantías procesales; regulación jurídica; supervisión judicial.
Abstract
This paper seeks to analyze the use of artificial intelligence in the
assessment of evidence within the Ecuadorian judicial system. To this end, the
advantages, risks, and legal challenges posed by its implementation will be
identified, as well as the criteria that should guide its use to ensure that
fundamental rights are respected. For the development of the research, the
legal hermeneutic method and Comparative Law, among others, were employed. This
perspective allowed establishing that the use of AI is widespread, including in
the judicial field, but in Ecuador, unlike in other countries, regulations to
govern its use have not yet been implemented. Hence the need to develop a norm
in accordance with fundamental principles that imposes limits on the way AI is
used.
Keywords: administration
of justice; fundamental rights; procedural guarantees; legal regulation;
judicial oversight.
Introducción
Sin lugar a dudas, la
inteligencia artificial (IA) ha revolucionado los diferentes ámbitos de la
vida, pues ha supuesto una transformación significativa a la manera en que se
producen, gestionan y analizan los datos y la información en general. A este
fenómeno no se encuentra ajena la administración de la justicia, que se ve
abocada a enfrentar diversos desafíos a partir de la incorporación de las
herramientas digitales que se han implementado en la gestión judicial, que
sirven sobre todo para el análisis de grandes volúmenes de información, la
predicción de resultados procesales y el apoyo en la valoración de los diversos
medios de prueba.
El uso de
estas herramientas tecnológicas, encaminadas a realizar tareas que normalmente
requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la planificación
y la toma de decisiones, trae consigo que se generen múltiples interrogantes
que se relacionan, sobre todo, con la protección de los derechos fundamentales
inherentes a las personas, entre los que se incluye la valoración objetiva de
la prueba (Corrales et al., 2025). También existe preocupación en cuanto a la
transparencia de los algoritmos, el respeto al debido proceso y la
independencia judicial, sobre todo en lo concerniente a la función de los jueces
y su papel como figura primordial en la valoración de las pruebas.
De esta problemática no se encuentra exento el ordenamiento
jurídico ecuatoriano, en el que la valoración probatoria es una de las
funciones más importantes que desempeña el juzgador, pues sobre ella descansa
la determinación sobre los hechos controvertidos y, por tanto, la decisión
jurisdiccional (Samaniego
et al., 2024). En tal sentido, la normativa
ecuatoriana en general y la Constitución de la República del Ecuador (2008), de forma particular, reconocen principios
fundamentales como son el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la
motivación suficiente que deben tener las resoluciones judiciales, encaminados
todos ellos a que las decisiones judiciales garanticen que se realice una
valoración racional, integral y motivada de la prueba practicada dentro del
proceso.
Al respecto también cabe mencionar que, tal y como establece el
artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos (2015), el sistema
jurisdiccional ecuatoriano sustenta la valoración de la prueba en la sana
crítica, lo que implica que los jueces realicen un análisis crítico que se
encuentre respaldado por el conocimiento de las normativas vigentes, la
experiencia y el razonamiento lógico. En este contexto, el uso potencial de
sistemas de inteligencia artificial como instrumento de soporte para realizar
la valoración de las pruebas requiere que se evalúe cuán compatibles son estas
tecnologías con las garantías procesales y constitucionales que regulan la función
jurisdiccional, pues la implementación de estas tecnologías no está encaminada
a sustituir al juzgador, sino que están concebidas como herramientas de apoyo
para su trabajo.
En la actualidad, el incremento y la normalización del uso de
estos sistemas de inteligencia artificial desplazan el foco de la discusión
sobre utilizarla o no, a la manera y procedimientos que se siguen para su implementación. Es por ello que, dentro del sistema judicial
ecuatoriano, se hace necesario incrementar el control sobre los criterios que
se emplean con el propósito de que no se reproduzcan sesgos y se afecten los
principios de igualdad procesal o se vean comprometidas, de alguna manera, las
decisiones judiciales o su correcta y suficiente motivación (Calderón &
Guaira, 2025).
Cabe mencionar que, en el plano internacional, las normativas e
instrumentos encaminados a regular el uso de estas herramientas en la
administración de justicia, establecen límites concretos basados en la ética y
en principios fundamentales, los que se han incrementado de forma exponencial,
lo que permite afirmar que, en la actualidad, varios países cuentan con
regulaciones específicas en relación con este tema. Sin embargo, en Ecuador aún
no existe una regulación enfocada a establecer parámetros claros para la
utilización de sistemas de inteligencia artificial en la actividad probatoria,
lo que al decir de Herrera et al. (2026) pone de manifiesto la urgencia de
elaborar una legislación precisa, la cual posibilite la integración de los
avances tecnológicos con la salvaguarda de los preceptos y garantías
fundamentales durante el transcurso del proceso judicial.
En este contexto, es preciso analizar cómo la inteligencia
artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para el análisis de la
prueba en el sistema jurisdiccional ecuatoriano, sin que eso implique que se remplacen las funciones intelectivas del juez ni comprometan los
principios de inmediación, contradicción, libre evaluación de pruebas y
fundamentación de las decisiones judiciales. De igual forma, es necesario
examinar las ventajas y limitaciones de la implementación de estas tecnologías,
teniendo en cuenta que la decisión judicial debe continuar siendo un trabajo
eminentemente humano que requiere razonamiento jurídico, la ponderación y el
respeto irrestricto a los derechos y el análisis contextual de los hechos del
caso específico objeto de análisis.
Teniendo en cuenta los
criterios anteriores, el presente artículo se propone como objetivo general
analizar, con visión crítica, el uso de la inteligencia artificial en la
valoración de las pruebas dentro del sistema judicial ecuatoriano, a partir de
los criterios que se han mencionado. Para ello, se identificarán las ventajas,
riesgos y desafíos jurídicos que supone su implementación, así como los
criterios constitucionales y procesales que deberían orientar su uso con el fin
de asegurar que la toma de decisiones judiciales sea transparente, motivada y
que respete los derechos fundamentales.
Metodología
La presente investigación tiene un
enfoque cualitativo, ya que pretende analizar, con visión crítica, la forma en
que la inteligencia artificial puede incidir en la valoración de la prueba en
el proceso judicial ecuatoriano. El uso de este enfoque posibilita que se
examine a fondo el problema planteado, a través de la interpretación de
diversos puntos de vista lo que facilita el análisis en el contexto concreto en
el que se desarrolla el fenómeno estudiado.
El tipo de investigación que se sigue en el estudio se denomina
jurídica-doctrinal y documental, a partir de que se sustenta en el estudio de
la doctrina y de las normas jurídicas ecuatorianas y de otras foráneas (Tantaleán, 2015). Esta concepción permite establecer
criterios relacionados con el uso de la inteligencia artificial dentro de los
sistemas de justicia en general y en relación con la valoración de la prueba de
manera particular en concordancia con principios fundamentales del derecho,
como son la tutela judicial efectiva, la motivación de las sentencias, el
debido proceso, entre otros.
A nivel metodológico, también se debe mencionar que la
investigación posee un nivel descriptivo y analítico, pues se busca ahondar en
las características del fenómeno estudiado para evaluarlo a partir de los
conceptos y variables que lo conforman (Tantaleán,
2015). Es por ello que se emplean varios métodos de investigación entre los que
se encuentran algunos generales de la ciencia, como el de análisis y síntesis,
que posibilita la descomposición del objeto de estudio para, con posterioridad,
integrarlo mediante una explicación sistemática; además se emplearon la
inducción y deducción y el análisis documental.
Otro método que se utilizó fue la hermenéutica jurídica, la cual permite
interpretar el fenómeno jurídico como parte de un todo mayor en que se deben
tener en cuenta factores como el momento histórico y el contexto social en que
se desarrollan las normas. Esto se complementa mediante el uso de la
dogmática jurídica, que permitió la interpretación del contenido de las normas
que regulan la actividad probatoria con el propósito de determinar su alcance
frente al uso de tecnologías sustentadas en inteligencia artificial.
El método de Derecho Comparado, a su vez, posibilita examinar
experiencias normativas a nivel internacional sobre la regulación y el uso de
la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Para ello se analizaron
documentos promulgados a nivel internacional, que recogen estándares
internacionales relacionados con el tema que pueden servir de guía para la
regulación de estos sistemas en el Ecuador. Tal es el caso de las Directrices
para el uso de sistemas de IA en las cortes y tribunales (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2026) y el
Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo (2024).
También se tuvieron en cuenta leyes que regulan concretamente el
uso de la IA en países como España y Brasil, con el propósito de identificar
buenas prácticas que puedan contribuir al fortalecimiento del modelo
ecuatoriano para la implementación de normativa y estándares específicos que
regulen la utilización de inteligencia artificial en la función jurisdiccional.
Como técnica se podrá revisar críticamente la sentencia T-323/24 emitida por la
Corte Constitucional de Colombia (2024), que aborda aspectos cruciales sobre el
uso de la inteligencia artificial en la valoración de la prueba.
Desarrollo
La prueba es un elemento esencial
dentro del proceso, pues mientras que para las partes implica poder demostrar
la exactitud y veracidad de lo que se esgrime como cierto para los encargados
de administrar justicia, esta supone tomar una decisión que tenga como
fundamento la convicción motivada y, por tanto, que parta del razonamiento
lógico. Es por ello que la prueba no pretende el establecimiento de una verdad
absoluta, sino que lo que busca es que se construya una verdad a nivel procesal
que tenga como base principios elementales como la oportunidad, la objetividad,
la legalidad y que los medios probatorios en el proceso sean suficientes (Echandía,
1987, como se citó en Garza et al., 2023).
Por su parte, la valoración de la
prueba implica realizar una actividad intelectual a través de la cual los
operadores de justicia proceden a realizar un examen de los elementos
probatorios que presentan las partes con el propósito de establecer la
credibilidad, fuerza y peso dentro del proceso a fin de, basados en dichos
elementos, establecer de forma clara si lo que las partes presentan como cierto
es verdadero o no (Taruffo, 2008, como se citó en Neira et al., 2022). Al
respecto, menciona Ferrer (2023) que la valoración probatoria consiste en una
actividad que tiene como propósito determinar la forma en que los diversos
elementos que se presentan durante el proceso tributan a las hipótesis sobre
los hechos que se manejan y, sobre este punto, aclara que los encargados de
impartir justicia deben sopesar, siguiendo el pensamiento lógico y racional, el
apoyo que cada elemento de juicio aporta a las hipótesis fácticas en conflicto.
Sobre este tema Taruffo (2008, como se citó en Neira et al., 2022) defiende que
la valoración de las pruebas no debe hacerse de acuerdo con determinadas percepciones,
intuiciones o basada en impresiones de carácter subjetivo, sino que debe
construirse a partir de inferencias que tengan como sustento criterios
plenamente identificables que puedan ser controlados.
En la actualidad,
la prueba y su valoración continúan siendo piedra angular en el proceso
judicial, aunque a partir del desarrollo tecnológico se han incorporado nuevas
herramientas para el procesamiento de las mismas, de lo que es un ejemplo
fehaciente la inteligencia artificial, que ha supuesto para la justicia una
transformación y un desafío. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser
definidos como aquellos en los que se combinan varios algoritmos a fin de crear
máquinas que sean capaces de pensar y actuar de forma racional para realizar
tareas intelectuales que se asemejen a las que realizan los seres humanos
(Muñoz, 2020).
Dentro del ámbito
jurídico estos sistemas de inteligencia artificial se implementan para realizar
múltiples tareas, que abarcan desde la clasificación de expedientes, la transcripción
de audiencias, la búsqueda de elementos normativos y jurisprudenciales
relevantes al caso en cuestión, hasta el análisis de diversos documentos
jurídicos, la verificación de información, la identificación de patrones e,
incluso, se emplean para generar recomendaciones relacionadas con las
decisiones judiciales. En materia probatoria concretamente, el uso de la inteligencia artificial se centra en
procesar ingentes volúmenes de información con el propósito de establecer
patrones a partir del reconocimiento de regularidades y correlaciones y,
precisamente por la capacidad de analizar una gran cantidad de información en
un corto período de tiempo, se ha convertido en una herramienta particularmente
útil, aunque la misma no debe, bajo
ningún concepto, sustituir el papel del juez y demás operadores de justicia
(Calderón & Guaira, 2025).
En tal sentido se
hace necesario reconocer los desafíos que supone el uso de estas herramientas
digitales en los procesos judiciales, pues las mismas deben ser empleadas de
forma responsable estableciendo para ello marcos de gobernanza, así, se han implementado
estrategias que suponen transparencia en los procesos y la plena rendición de
cuentas sobre los mismos con el propósito de garantizar que estas herramientas
tecnológicas se encuentren acorde con los principios éticos, los valores de la
sociedad y los derechos humanos (García & Barona, 2024). En consonancia con
este criterio, en los últimos años se ha incrementado de manera notable la
promulgación de lineamientos, reglamentos y normativas encaminadas a regular el
uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.
Al respecto, las
Directrices para el uso de sistemas de IA en las Cortes y tribunales,
establecen que la implementación de la misma debe guiarse por 15 principios
básicos, entre los que destacan el de que se protejan los derechos humanos, que
el uso sea proporcional, que exista viabilidad en cuanto a los beneficios, así
como que se tenga en cuenta la seguridad en general y de la información que se
emplea de manera particular, lo que incluye, a su vez, la precisión y
fiabilidad de la misma. Otros principios que menciona el documento son los de
transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y que la supervisión y
toma de decisiones descansen en el elemento humano, sobre el que también
recaerá la responsabilidad sobre las decisiones tomadas (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2026).
Este último punto
es trascendental ya que la inclusión como principio del control humano sobre el
uso de estas herramientas supone que las mismas solo se utilicen como un
instrumento de apoyo y que, en ningún sentido, se empleen
como sustitutos del órgano jurisdiccional, por lo que cualquier decisión que
pueda afectar a derechos fundamentales o forme parte del proceso judicial descansa
bajo la responsabilidad, única y exclusivamente del juez, lo que incluye la
propia valoración de las pruebas. En tal sentido, la Directrices plantean,
entre otros aspectos, que los miembros del poder judicial no deben utilizar los
sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones ni sobre el fondo ni
sobre temas procesales que puedan ser lesivos a los derechos humanos; sino que
por el contrario el uso de la inteligencia artificial debe ser un complemento
al análisis que se realice mediante el empleo de otras fuentes de información
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, 2026).
Estas
Directrices, como propiamente lo indican, deben servir como lineamientos
generales con el propósito de que cada nación desarrolle sus propias líneas a
partir del contexto específico de cada una de ellas. Otro punto importante, es
la mención de que para implementar las herramientas de inteligencia artificial
se debe tener en cuenta que las mismas no pueden limitarse a la adopción de
normas, sino que también se requiere que los operadores de justicia se preparen
en su uso dentro de patrones éticos y responsables; así como que dichas
herramientas cumplan con los criterios de accesibilidad y fiabilidad, en
estricto cumplimiento de los derechos humanos (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2026).
Por su parte, el
Reglamento (UE) 2024/1689 (Parlamento Europeo, 2024) clasifica, a través
del anexo III, los sistemas de inteligencia artificial que se emplean en el
ámbito de la justicia como de alto riesgo, lo que implica la imposición de
requisitos adicionales para su uso, que a su vez comprenden un mayor control
sobre la gestión de riesgos, así como sobre los datos que se emplean. Este tipo
de sistemas requieren de una mayor transparencia, de mayor supervisión humana y
trazabilidad sobre los procesos que se ejecutan.
A nivel nacional,
España emitió el Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la
utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la
actividad jurisdiccional, que tiene como propósito el establecimiento de
parámetros y principios que guíen el uso de los sistemas de inteligencia
artificial que emplean los operadores de justicia para ejercer su actividad
profesional. En cuanto a los principios, el Acuerdo menciona en el artículo 4,
que la implementación y uso de estos sistemas deben guiarse por el control
humano de forma efectiva, lo que implica que los jueces y demás magistrados deben realizar un
control real, efectivo y de manera consciente sobre los mismos, a fin de que
dichos sistemas no puedan tomar decisiones judiciales de forma autónoma, lo que
también implica que no puedan valorar por sí mismos y de manera exclusiva los
hechos y las pruebas (Pleno del Consejo General del Poder Judicial de España,
2026).
Otros principios
importantes son el de no sustitución de los jueces, por lo que dichos sistemas
no serán sustitutivos de estos operadores de justicia en la toma de decisiones,
ni en la valoración de pruebas y hechos; así como tampoco podrán sustituir a
los magistrados en cuanto a la forma en que se interpreta y aplica el Derecho.
El inciso c, del propio artículo 4, establece como principio el de
responsabilidad judicial, referido a que los jueces y magistrados serán
responsables por sus decisiones en el ámbito jurisdiccional, más allá de que se
empleen sistemas de inteligencia artificial para apoyar su trabajo. Por su parte,
el principio d, se refiere a la independencia judicial, mientras que el e
establece el irrestricto respeto que se le debe a los derechos fundamentales
cuando se empleen sistemas de inteligencia artificial. En cuanto a la seguridad
y confidencialidad en cuanto al uso de datos, el principio f menciona que los
mismos deben ser garantizados, lo que incluye que no se empleen dichos datos de
manera indebida (Pleno del Consejo General del Poder Judicial de España, 2026).
Un principio
básico para la implementación de estos sistemas y que se constituye como una
preocupación de muchos estudiosos sobre el uso de los mismos en la
administración de la justicia es lo que se refiere a los sesgos, que pueden
manifestarse en la generación de resultados lesivos a personas a partir de
datos históricos que pueden ser considerados como discriminatorios (Herrera et
al., 2026). En tal sentido, el artículo 4g regula que tanto para la
identificación como para que no se cometan sesgos algorítmicos, los operadores
de justicia son los responsables de adoptar las medidas que consideren
necesarias. En cuanto a la proporcionalidad, el propio Acuerdo menciona que su
uso debe limitarse a ser un instrumento que apoye o asista a la actividad
jurídica. Todos estos principios se relacionan también con el de capacitación y
formación que debe primar en la actividad jurisdiccional para los operadores de
justicia, para lo cual los magistrados deben capacitarse en el uso de los
mismos teniendo en cuenta los valores éticos y morales que deben regir su uso
(Pleno del Consejo General del Poder Judicial de España 2026).
Respecto a la
valoración de la prueba el artículo 8, inciso a, prohíbe de forma expresa el
uso de sistemas de inteligencia artificial para desarrollar esta actividad, que
debe ser desarrollada de forma exclusiva por los seres humanos encargados de
hacerlo. Esto se refuerza a través de los apartados b y c del propio artículo
que establecen la prohibición de que los resultados que se obtengan a partir
del uso de la inteligencia artificial supongan algún condicionamiento a la
independencia judicial. Esto también incluye que los contenidos que se generen
a partir de estos sistemas se incorporen a resoluciones y/o decisiones
judiciales sin que previamente se realice una valoración a todos los niveles y
con sentido crítico, por parte del juez (Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de España, 2026).
Sin lugar a
dudas, la normativa europea a través de instrumentos regionales y la española
con la emisión del Acuerdo, muestran un notable avance en la regulación del uso
de la inteligencia artificial en los sistemas jurisdiccionales. En América
Latina la situación es distinta, pues del análisis de las normativas nacionales
se desprende que solo Brasil ha regulado el uso de la Inteligencia
Artificial en el ámbito judicial mediante la Resolución n.º 615/2025 (Consejo
Nacional de Justicia de Brasil, 2025), que establece que la misma debe respetar
los derechos fundamentales de las personas, que se encuentran establecidos a
nivel constitucional, así como en instrumentos de derechos humanos ratificados
por Brasil.
Dicha Resolución
impone límites concretos al uso de la inteligencia artificial en la
administración de justicia y en la valoración de la prueba de forma particular.
En tal sentido, a través del artículo 10, se prohíbe el uso de sistemas de
inteligencia artificial, por el riesgo que suponen para los derechos
fundamentales de los ciudadanos y a la independencia judicial, para evaluar la
credibilidad de las personas, clasificar a los individuos a partir de su
comportamiento o situación social o incluso a partir de atributos de su
personalidad, para evaluar la plausibilidad de sus derechos, méritos judiciales
o testimonios (Consejo Nacional de Justicia de Brasil, 2025).
En cuanto a la gobernanza,
el Capítulo IV define las medidas que se deben tener en cuenta, entre las que
destacan la transparencia de estos sistemas y la estricta supervisión de la que
deben ser objeto en su uso en el sistema judicial. También se hace referencia a
mantenerse vigilantes para que no existan sesgos de ninguna clase,
especialmente de aquellos que pudieran tener como consecuencia tratos
discriminatorios. De este modo, se exige la constante supervisión humana en la
operación de estos sistemas, lo que conlleva no solo a realizar las auditorías
periódicas de los mismos, sino también a la necesidad de que los mismos dejen
la correspondiente trazabilidad y que su uso sea transparente (Consejo Nacional
de Justicia de Brasil, 2025).
En relación con
la valoración de la prueba y el uso de sistemas de inteligencia artificial se
debe hacer mención al anexo, en el que se clasifican estas herramientas como de
alto riesgo teniendo en cuenta aspectos como el fin para el que se emplean las mismas en el ámbito jurisdiccional. Al respecto, el apartado AR2, establece
que en el caso de que se utilicen para evaluar la idoneidad de los medios de
prueba y de su valoración en procedimientos contenciosos, ya sean documentales,
testimoniales, periciales o de otra índole, sobre todo cuando dichas
valoraciones puedan influir directamente en la decisión judicial, se considerarán como de alto riesgo. Esto
implica que sobre los mismos se ejerza un mayor grado de control y una
supervisión humana constante (Consejo Nacional de Justicia de Brasil, 2025).
Otro precedente
importante en la región es el de Colombia que, si bien no tiene una normativa
concreta que desarrolle el uso de la inteligencia artificial en el ámbito
jurídico, ni como herramienta de apoyo para la valoración de la prueba en el
proceso, cuenta con jurisprudencia relevante emitida por la Corte
Constitucional en relación con el tema. Al respecto, la sentencia T-323/24 de la
Corte Constitucional de Colombia (2024) referida a una acción de tutela,
aborda aspectos relevantes relacionados con el uso de sistemas de inteligencia
artificial en la toma de decisiones judiciales. En este punto la Corte analizó
si una decisión que había sido tomada empleando una herramienta de inteligencia
artificial se podía considerar como vulneratoria de
derechos fundamentales vinculados, sobre todo, con el debido proceso. De tal
manera, la Corte desarrolló varios puntos, entre los que se incluyeron
conceptos y definiciones básicas en relación con el uso de Inteligencia
Artificial, así como la valoración de la prueba mediante el uso de estos
sistemas y la repercusión de esto para el debido proceso.
Sobre estos
puntos la Sentencia de la Corte Constitucional es clara pues establece
primeramente que, amparado en el derecho de las personas a un juez natural, las
funciones de este no pueden ser sustituidas por máquina alguna, lo que incluye
a los sistemas de inteligencia artificial. Otros apartados importantes de la
jurisprudencia de la Corte colombiana son los que se refieren a la motivación,
que no puede ser sustituida y aunque no se descarta el uso de IA como
herramienta de apoyo se ratifica que su uso debe guiarse por principios
básicos, entre los que se encuentran la transparencia y la necesidad de que
para el uso de este tipo de tecnología se protejan los datos personales y se
realice un adecuado monitoreo y supervisión humana a los mismos (Corte
Constitucional de Colombia, 2024)
En el caso del
Ecuador, la valoración de la prueba es fundamental dentro del proceso, ya que
en este aspecto descansa la confiabilidad sobre la decisión final a la que
llega el juez. Tal y como establece el artículo 158 del Código Orgánico General de Procesos (2015) la
finalidad de la prueba es la de convencer al juzgador sobre los hechos y
circunstancias controvertidos, lo que también encuentra respaldo en el Código
Orgánico Integral Penal (2014), que en su artículo 453 refiere que la prueba tiene que llevar a la o al juzgador al
convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la
responsabilidad de la persona procesada.
Referente a la
valoración de la prueba, el artículo 164 (Código Orgánico General de Procesos, 2015) indica
que, con el propósito de que las pruebas sean analizadas por el encargado de
administrar justicia, las mismas deben ser solicitadas, practicadas e
incorporadas al proceso dentro de los términos que señala la norma. Agrega el
propio artículo que será necesario que la prueba se aprecie en su conjunto, de
acuerdo con lo que señalan las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta
todos los elementos necesarios que respalden la existencia y validez de las
mismas. Por su parte, el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal (2014)
menciona que, para la valoración de las pruebas, se debe tener en cuenta
legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de
aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los
informes periciales.
De lo anterior se
evidencia que, si bien la normativa ecuatoriana recoge los elementos esenciales
en cuanto a la prueba y su valoración y a pesar de que el Poder Judicial, sobre
todo en los últimos años ha impulsado y desarrollado procesos de digitalización
y de modernización no existe aún en el ordenamiento jurídico ecuatoriano
ninguna regulación específica que establezca parámetros básicos para el uso de
la inteligencia artificial dentro de la función jurisdiccional. Esto se puede afirmar
después de una exhaustiva revisión no solo de las normas nacionales
ecuatorianas previamente citadas, sino al cuerpo legislativo en general
(Calderón & Guaira, 2025).
Esta ausencia en
cuanto a las regulaciones relacionadas con este tema no implica que la
inteligencia artificial no se use, sino que lo que se genera es un escenario de
incertidumbre jurídica, en el que los operadores de justicia no cuentan con
parámetros o límites concretos para su uso, lo que puede traducirse en uso
indiscriminado o incorrecto por parte de estos. Lo anterior se afirma a partir
de que en el contexto actual ya no se trata de analizar si se emplea o no la
inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional sino de que la misma se
base en reglas claras que respeten los principios elementales del Derecho,
además del debido proceso y de la supervisión humana que debe existir en todos
los casos en los que estos sistemas se emplean como herramienta
para la administración de la justicia (García & Barona, 2024).
La revisión de la doctrina permite
establecer, en primer lugar, que el uso de la inteligencia artificial se ha
extendido en los últimos años y que la misma puede contribuir a la optimización
de la gestión probatoria y de la celeridad procesal en los sistemas judiciales.
Cabe destacar, por tanto, que la inteligencia artificial puede contribuir a la
administración de justicia, siempre y cuando se emplee como una herramienta de
apoyo para el trabajo de los jueces (Calderón & Guaira, 2025). El uso de
estos sistemas puede resultar útil sobre todo en procesos altamente complejos,
en los que el volumen de información a analizar es considerable y su área de
aplicación es amplia, ya que puede servir para clasificar grandes volúmenes de
documentos, realizar búsquedas jurisprudenciales y normativa, analizar
evidencia digital y detectar inconsistencias documentales, aunque en todos
estos casos es necesaria la revisión y supervisión humana para limitar, en la
medida de lo posible, los riesgos que se asocian con su uso en el ámbito jurisdiccional.
La inteligencia artificial para la
valoración de la prueba por parte del sistema de justicia puede emplearse como
una valiosa herramienta para realizar análisis forense, pues podría servir para
verificar la autenticidad y legalidad de las pruebas audiovisuales y la
documentación digital que se presente. Este análisis podría incluir aspectos
como la verificación de la autenticidad de los documentos y sus firmas, el
ordenamiento de los mismos cronológicamente, así como detectar posibles
manipulaciones digitales que se hayan realizado sobre las pruebas presentadas.
También pueden servir para organizar y localizar la información relevante,
detectar documentos incompletos y clasificar documentos por categorías. Como se
puede apreciar, el uso de inteligencia artificial de esta forma podría agilizar
el proceso y reducir tiempos de análisis (Muñoz, 2020).
También puede servir la inteligencia
artificial para detectar patrones y establecer posibles contradicciones en las
declaraciones de las partes procesales y demás participantes en el proceso a
partir de su capacidad de analizar grandes volúmenes de información en un corto
período de tiempo. Dentro del análisis pericial, los sistemas de inteligencia
artificial se pueden emplear para procesar información técnica que, por sus
propias características y especificidades puede resultar de difícil
comprensión, como lo relacionado con temas de medicina legal, balística,
genética forense (Calderón Ortega & Cueto Calderón, 2022). Otro aspecto en
el que sería útil el empleo de estos sistemas, es el de la cadena de custodia,
ya que a partir del uso de la inteligencia artificial se pueden registrar y
controlar cada uno de los pasos y accesos en relación con las pruebas, lo que
contribuye a garantizar el cumplimiento de los requerimientos relacionados con
este tema.
En sentido general, las labores no
son sustitutivas de la actividad humana, sino que sirven de apoyo a la misma,
contribuyendo a la agilización y eficiencia del proceso, aunque su uso enfrenta
riesgos y desafíos que deben ser valorados y minimizados en la medida de lo
posible. Entre los principales riesgos que existen a partir del empleo de este
tipo de herramientas destaca lo que se conoce como sesgo algorítmico, que
consiste en la reproducción, por parte del sistema, de discriminación a partir
de los datos que se emplearon, lo que puede contribuir a que el propio
algoritmo ayude a perpetuar concepciones preexistentes para las que no existe
un fundamento de tipo legal. Este tema es particularmente sensible en los
procesos judiciales, pues puede conllevar a que se viole el principio de
seguridad jurídica (Herrera et al., 2026).
Otro riesgo que se identificó es lo
que se denomina como fenómeno de la caja negra, que abarca lo relativo a la
opacidad de los algoritmos que se emplean para los diversos actores que forman
parte del proceso. Este fenómeno ocurre porque el funcionamiento de estos
sistemas no resulta comprensible para dichos actores, pues tal y como Abad
Alcalá (2026) refiere, la creación de entornos digitales tiende a priorizar a
los ciudadanos que se encuentran más digitalmente conectados, perpetuando el
ciclo de opacidad y discriminación en el que se encuentran aquellos que no
acceden con frecuencia a la tecnología. La falta de transparencia que se
verifica en tales casos pone en entredicho derechos fundamentales, como son el
debido proceso, el derecho a la contradicción y, por tanto, el derecho a la
defensa en sentido general, pues la persona a la que se le aplique una sanción
o resolución utilizando estas herramientas debe ser capaz de comprender,
debatir y refutar las premisas en las que se basó la sanción.
Para la motivación y la independencia
judicial, además del derecho a ser juzgado por un juez natural, que el
razonamiento judicial lo ejecute una máquina, también supone una violación.
Este punto tiene dos vertientes esenciales y la primera es que se le otorgue
una confianza excesiva a los resultados que se generen por parte de estos
sistemas, lo que limita el razonamiento del juez y, el segundo, es que no se
verifiquen, de manera adecuada, los resultados que se obtengan, lo cual puede
inducir a resoluciones falsas o que no respondan a los hechos y las normas
concretas que se analizan. Finalmente,
la investigación que se llevó a cabo también incluye como riesgos aquellos que
se relacionan con la autenticidad de la prueba digital, lo relativo a la
efectiva protección de datos personales, la trazabilidad de la información y la
responsabilidad que se puede derivar de eventuales errores tecnológicos.
A partir del análisis comparado se
evidencia que, a nivel internacional, existe un consenso general relacionado
con que el uso de los sistemas de inteligencia artificial no puede implicar una
sustitución de los humanos de la función jurisdiccional. En tal sentido, las
normativas analizadas, como la Instrucción 2/2026 (Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, 2026), sobre la utilización de sistemas de inteligencia
artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, prohíbe, de forma
expresa, que se deleguen en sistemas de inteligencia artificial la valoración
de los hechos y de las pruebas. En tal sentido, la propia Instrucción establece
que el control por parte de los humanos que se realice cuando se emplee alguno
de estos sistemas como herramienta, debe ser real y efectivo. A esto se le
añade que la responsabilidad sobre la decisión judicial y su respectiva
resolución recae, de forma exclusiva en el juez.
Otro aspecto que se desprende de este
análisis es la clasificación como sistemas de alto riesgo a aquellos de
inteligencia artificial que se emplean por parte de las autoridades judiciales
con el propósito de asistir en cuanto a la valoración de la prueba (Reglamento
(UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2024) y la Resolución n.º
615/2025 (Consejo Nacional de Justicia de Brasil, 2025). Esto implica que
dichos sistemas deben estar sometidos a restricciones y parámetros más
estrictos, como son auditorías, sistemas de gestión y control de riesgos,
transparencia, y control y supervisión humana permanente. El denominador común,
por tanto, es el uso de los sistemas de inteligencia artificial como
herramientas auxiliares que pueden emplear los encargados de impartir justicia,
aunque la valoración de la prueba continúa siendo una atribución exclusiva de
los seres humanos.
En el caso de Ecuador, se debe
destacar que si bien la Constitución (2008) y la normativa infraconstitucional
reconocen y desarrollan principios fundamentales como la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido
proceso, entre otros, se verifica que no existe normativa o regulación
específica que establezca parámetros y/o lineamientos para el uso de la
inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional en sentido general, ni en
cuanto a la valoración de la prueba de manera concreta. Al respecto, autores
como Herrera et al. (2026), Corrales et al. (2025) y Farfán et al. (2023) expresan
su preocupación por el hecho de que la inexistencia de una regulación concreta
en relación con el tema causa inseguridad jurídica.
Para solventar esta situación se hace
necesaria, por tanto, la implementación de una normativa que regule el uso de
los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional. A partir
de lo analizado previamente, dicha normativa debe tener como sustento
principios elementales del derecho como la legalidad, la transparencia, el
respeto al debido proceso, así como a la independencia judicial y la
motivación. Es por ello que para el establecimiento de estos sistemas como
herramienta de apoyo al trabajo judicial y a la valoración de la prueba se debe
tener presente en todo momento que, bajo ninguna circunstancia deben sustituir
la labor humana, pues la actividad de administrar justicia y de valorar las
pruebas en las que descansa la decisión es y debe seguir siendo humana.
La regulación también debería
contemplar la clasificación de los sistemas que se emplean en el ámbito de
administración de justicia como de alto riesgo, lo que conlleva a una
obligatoria y eficiente supervisión humana, a la implementación de mecanismos de
gestión de riesgos, para el uso de sistemas entrenados sin sesgos y siguiendo
los principios elementales de la ética. La normativa a implementar también
debería contemplar los criterios de admisibilidad de la evidencia que se
obtenga mediante el uso de estos sistemas y garantías reforzadas en cuanto a la
protección de los derechos fundamentales de las personas.
Concretamente, en cuanto a la
valoración de la prueba por parte de estos sistemas, la normativa que regule su
uso dentro de la actividad jurisdiccional en Ecuador debe establecer claramente
al juez humano como único responsable de la decisión, lo que debería también
incluir que descanse en este la responsabilidad absoluta de motivar la
decisión. Para limitar el conocido efecto caja negra, también se debe regular
que los algoritmos que se empleen deben no solo ser transparentes, sino también
explicables y comprensibles para las partes participantes en el proceso.
Además, se debe prestar especial atención en cuanto al uso de los datos
personales y se deben establecer mecanismos eficientes que permitan conocer la
trazabilidad de los resultados que se obtuvieron (Vargas & Jaramillo,
2022).
De manera general, los resultados de
la investigación evidencian que los sistemas de inteligencia artificial pueden
ser herramientas útiles para la valoración probatoria, siempre y cuando se
utilicen como tal y se mantenga sobre ellos una constante supervisión y control
humano. Es por ello que su implementación en el sistema jurídico ecuatoriano,
si bien puede contribuir a la agilización de los procesos, enfrenta también algunos
desafíos concretos, por lo que la normativa, acorde con los postulados y
experiencias internacionales, debe seguir principios claros para lo cual es
indispensable la aprobación de una norma que la regule y establezca los
principios y los límites concretos para su uso en el contexto ecuatoriano.
Conclusiones
Una vez realizada la investigación se
puede concluir, primeramente, que cada vez con mayor frecuencia, los sistemas
de inteligencia artificial forman parte de todos los ámbitos de la vida
cotidiana, por lo que en el ámbito jurídico no se trata de prohibir su uso,
sino de establecer principios y límites al mismo mediante la implementación de
una normativa que la regule. En Ecuador, hasta el momento, no existe una norma
específica en tal sentido, lo que supone inseguridad jurídica, pues hasta ahora
su uso se realiza a partir del criterio personal de los operadores de justicia,
sin que existan límites concretos a ello.
De lo anterior se desprende la
necesidad de implementar en el país una norma para establecer los lineamientos
básicos en relación con su uso. La normativa que deberá ser desarrollada
necesita apegarse a los principios constitucionales e infraconstitucionales
que rigen en un Estado de derecho y justicia como es Ecuador, tales como el
respeto al debido proceso, a la dignidad humana, la transparencia judicial, el
derecho a un juez natural, a la motivación suficiente y adecuada de las
sentencias, entre otros.
En el ámbito probatorio, el uso de la
inteligencia artificial no solo debe ser regulado, sino que no debe sobrepasar
el límite de mera herramienta, pues la valoración de las pruebas y su
importancia para el proceso debe seguir siendo una actividad eminentemente
humana, que descansa en el derecho de las personas a un juez natural, así como
en el entendido de que, aunque imiten el razonamiento de los seres humanos,
estos sistemas no pueden sustituir su raciocinio, ni la responsabilidad de los
jueces en la toma de decisiones.
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