Recibido: 16/06/2026 Aceptado: 20/10/2026
Conciliación penal
ecuatoriana: límites y posibilidades legales en delitos de tránsito desde la
justicia restaurativa (Revisión)
Ecuadorian criminal
conciliation: legal limits and possibilities in traffic offenses from a
restorative justice perspective (Review)
José Luis Valdiviezo Mendez. Estudiante de la
carrera Derecho de Universidad Iberoamericana del Ecuador UNIB.E.
Ecuador. [valdiviezo_jose@hotmail.com]
Ramiro Javier Suárez Venegas.
Estudiante de la carrera Derecho
de Universidad Iberoamericana del Ecuador UNIB.E.
Ecuador. [rsuarez@unibe.edu.ec]
Resumen
La conciliación penal es una
alternativa a los procedimientos habituales de resolución de conflictos
incorporada al sistema legal ecuatoriano que refleja los principios de mínima
intervención penal, celeridad procesal y reparación integral. Sin embargo, en
delitos de tránsito sus límites normativos son más estrictos, especialmente
cuando el hecho produce una o más muertes. En tales circunstancias, el Código
Orgánico Integral Penal prohíbe expresamente la conciliación, protegiendo el
bien jurídico de la vida y el interés público en el ejercicio del ius
puniendi estatal. En consecuencia, el objetivo de este artículo es examinar
las limitaciones normativas de la conciliación penal en los delitos de tránsito
bajo el sistema legal ecuatoriano, con especial énfasis en los casos que
resultan en muerte, y explorar las posibilidades que ofrece la justicia
restaurativa para reevaluar la respuesta penal frente a determinadas conductas
culposas. La investigación es cualitativa, dogmática, hermenéutica y comparada.
Se concluye que la prohibición absoluta es constitucional en su formulación
general, pero puede resultar desproporcionada cuando se aplica indistintamente
a conductas dolosas y estrictamente negligentes. Por ello, se plantea un debate
jurídico sobre una excepción limitada para delitos de tránsito culposos con
muerte, sin circunstancias agravantes, con reconocimiento de responsabilidad,
reparación integral, consentimiento libre e informado de las víctimas y control
judicial reforzado. La justicia restaurativa no supone impunidad, sino un
complemento a la respuesta penal tradicional que fortalece la reparación y los
derechos de las víctimas.
Palabras clave:
Conciliación;
delito de tránsito; justicia restaurativa; proceso penal; reparación integral
Abstract
Criminal conciliation is an
alternative to standard conflict-resolution procedures, incorporated into the
Ecuadorian legal system; it reflects the principles of minimal criminal
intervention, procedural expediency, and comprehensive reparation. However, in
the context of traffic offenses, its regulatory limits are more
stringent—particularly when an incident results in one or more deaths. In such
circumstances, the Código Orgánico Integral Penal
expressly prohibits conciliation, thereby safeguarding the legal interest of
life and the public interest in the state’s exercise of its ius
puniendi (the
right to punish). Consequently, this article examines the
regulatory limitations on criminal conciliation for traffic offenses within the
Ecuadorian legal system—with a specific focus on cases resulting in death—and
explores the possibilities offered by restorative justice for re-evaluating the
criminal response to certain forms of negligent conduct. This research employs
a qualitative, dogmatic, hermeneutic, and comparative approach. It concludes
that, while the absolute prohibition is constitutional in its general
formulation, it may prove disproportionate when applied indiscriminately to
both intentional acts and cases of pure negligence. Therefore, the article proposes
a legal debate regarding a limited exception for negligent traffic offenses
resulting in death—provided there are no aggravating circumstances, and subject
to the acknowledgment of responsibility, comprehensive reparation, the free and
informed consent of the victims, and enhanced judicial oversight. Restorative
justice does not imply impunity; rather, it serves as a complement to the
traditional criminal response, strengthening both the reparation process and
the rights of victims.
Keywords:
Conciliation; traffic offense; restorative justice; criminal proceedings;
comprehensive reparation
Introducción
El desarrollo actual del Derecho
Penal se ha orientado a buscar nuevas respuestas al delito, más allá del
castigo. Este proceso de reforma del sistema de justicia penal ha incorporado
mecanismos de reparación en los que las víctimas participan activamente y el
infractor asume conciencia de su responsabilidad (Focquaert
et al., 2024; Fuentes-Videira, 2025). En América
Latina, y de manera particular en Ecuador, el marco del Estado constitucional
de 2008 se sustentó en la idea de que la protección judicial efectiva, la
reparación integral, la proporcionalidad y la mínima intervención penal son
derechos constitucionales (Constitución de la República del Ecuador,
2008; Luna, 2025; Farez & Moreno, 2025; Villamar-Toala et al., 2026).
En ese contexto, la doctrina
desarrolló mecanismos alternativos de resolución de conflictos en materia penal
—por ejemplo, la conciliación—, orientados a abordar ciertos conflictos penales
mediante el consenso entre la víctima y el infractor, bajo supervisión
judicial. Esta evolución no es exclusiva de Ecuador, pues responde a un
movimiento global que busca equilibrar la respuesta punitiva del Estado con
formas más participativas y restaurativas de justicia (Sopamena,
2024; Martí, 2025).
La conciliación penal se ha
convertido en una expresión concreta de las corrientes contemporáneas de
justicia consensual, pues procura brindar a las partes una respuesta más
eficiente, humana y satisfactoria (Arreaga et al., 2025; Fuentes-Videira, 2025). Sin embargo, su interpretación no es
omnicomprensiva. El Código Orgánico Integral Penal (2014) establece límites
respecto de los delitos susceptibles de conciliación y excluye aquellos que
afectan bienes jurídicos de particular interés social.
En tales condiciones, los delitos de
tránsito adquieren especial relevancia; las estadísticas nacionales e
internacionales muestran que los accidentes de tránsito son una causa principal
de muerte y lesiones en la población económicamente activa, con consecuencias
humanas, económicas y sociales masivas (Tubón, 2021; Sopamena, 2024). Ello ha conducido a un tratamiento
históricamente severo de algunas de estas conductas, sobre todo cuando una o
más personas fallecen en un accidente. La seguridad vial, la vida y la
integridad personal se erigen, así como bienes jurídicos de máxima relevancia
constitucional y penal (Montesinos et al., 2025).
La ley ecuatoriana actualmente
establece una prohibición expresa de conciliación para los delitos contra la
inviolabilidad de la vida que resultan en muerte. Esta limitación se aplica a
los delitos de tránsito con resultado letal, incluso cuando su carácter legal
es abrumadoramente culposo y no existe intención del conductor de producir el
resultado lesivo. Esta falta de distinción entre conductas dolosas y culposas
refleja un problema más amplio de previsibilidad penal en el sistema
ecuatoriano, donde la ausencia de criterios claros para graduar la respuesta
punitiva afecta tanto al delito continuado (Gavilán-Cunalata et al., 2026) como
a los delitos de tránsito, generando tensiones con los principios de
proporcionalidad y mínima intervención penal.
Mientras el enfoque clásico de la
justicia penal mantiene la importancia del papel preventivo y punitivo del
Estado frente a la pérdida de vidas humanas, la justicia restaurativa ofrece un
enfoque más amplio, arraigado en una perspectiva holística de reparación del
daño, participación de la víctima y autorresponsabilidad del infractor (Martí,
2025; Focquaert et al., 2024). La tensión entre ambos
modelos no es menor, el primero prioriza la sanción proporcional al daño
causado, mientras que el segundo se pregunta por las necesidades de quienes han
sido afectados y por las condiciones que permitan reconstruir el tejido social
dañado (Fuentes-Videira, 2025; Arreaga et al., 2025).
En el caso de los delitos de
tránsito, esta tensión se acentúa porque, a diferencia de los delitos dolosos
contra la vida, la conducta del autor no persigue intencionalmente el resultado
fatal. Se trata, por lo general, de infracciones culposas, negligentes o
imprudentes, en las que el conductor incumple un deber objetivo de cuidado (Steven
et al., 2025; Farez & Moreno, 2025). Esta naturaleza peculiar ha llevado a
que la doctrina y la política criminal contemporánea se pregunten si la
prohibición absoluta de conciliación en todos los casos de muerte por accidente
de tránsito resulta proporcionada o si, por el contrario, existen supuestos en
los que un mecanismo restaurativo, con las debidas garantías, podría satisfacer
mejor los derechos de las víctimas y los fines del proceso penal (Luna, 2025;
Montesinos et al., 2025). La cuestión no supone desconocer la gravedad de la
pérdida de una vida humana, sino evaluar si la respuesta estatal puede
complementarse con espacios de reparación integral, reconocimiento de
responsabilidad y participación efectiva de las víctimas.
La justicia restaurativa, en este
sentido, no pretende sustituir al sistema penal ni generar impunidad, sino
ofrecer un paradigma complementario que permita revaluar la respuesta punitiva
en determinados supuestos de criminalidad culposa (Focquaert
et al., 2024; Martí, 2025). En Ecuador, la discusión sobre su viabilidad en
delitos de tránsito con resultado de muerte apenas comienza, y requiere un
análisis riguroso de los límites normativos vigentes y de las posibilidades que
ofrece el paradigma restaurativo (Arreaga et al., 2025; Tubón,
2021).
En consecuencia, el objetivo de este artículo
es examinar las limitaciones normativas de la conciliación penal en los delitos
de tránsito bajo el sistema legal ecuatoriano, con especial énfasis en los
casos que resultan en muerte, y explorar las posibilidades que ofrece la
justicia restaurativa para reevaluar la respuesta penal frente a determinadas
conductas culposas.
El estudio no propone la impunidad ni
la eliminación de la protección penal de la vida, sino la apertura de un debate
jurídico sobre la eventual incorporación de mecanismos restaurativos
excepcionales, sujetos a controles judiciales estrictos y a garantías plenas
para las víctimas. Para ello, el artículo se estructura en cuatro apartados: el
primero presenta los materiales y métodos empleados; el segundo expone los
resultados del análisis normativo, doctrinal y comparado; el tercero discute
los hallazgos a la luz de los principios constitucionales y de la justicia
restaurativa; y el cuarto recoge las conclusiones y propuestas de reforma
legal.
La investigación se llevó a cabo con
un enfoque cualitativo, orientado a comprender e interpretar los límites normativos
de la conciliación penal en delitos de tránsito dentro del sistema legal
ecuatoriano, así como a considerar las implicaciones jurídicas de la justicia
restaurativa para el desarrollo de formas alternativas de resolución de
conflictos penales. El estudio se enmarca en la categoría de investigación
jurídica, cuyo propósito es analizar sistemáticamente el derecho vigente, la
exégesis de las normas legales y la determinación de su alcance en el sistema
normativo.
La investigación fue descriptiva y
analítica; el nivel descriptivo permitió identificar y sistematizar la
normativa sobre conciliación penal, los principios constitucionales que la
respaldan y las limitaciones impuestas por el legislador ecuatoriano. El nivel
analítico examinó a fondo la afinidad de estas disposiciones normativas con la
justicia restaurativa, exclusivamente en términos de reparación, participación
efectiva de la víctima, responsabilidad del infractor y mínima intervención
penal.
Desarrollo
La conciliación penal como mecanismo alternativo de
resolución de conflictos
La conciliación penal se configura
como una institución jurídica y un mecanismo alternativo de resolución de
conflictos dentro del sistema penal ecuatoriano. Permite que las partes
involucradas en un delito alcancen un acuerdo para reparar los daños
subyacentes, evitando así la continuación del proceso penal ordinario (Fuentes-Videira, 2025). Desde el enfoque doctrinal, se le puede
considerar como un medio autocompositivo mediante el cual la víctima y el
infractor, con la cooperación de un tercero neutral o bajo la supervisión de
los tribunales, llegan a un acuerdo mutuo dentro de los límites de la ley
(Arreaga et al., 2025). Este mecanismo no constituye un reflejo de ausencia de
justicia, sino una forma distinta de impartirla, orientada a satisfacer los
intereses de las partes y a racionalizar el ejercicio del poder punitivo
estatal (Luna, 2025; Farez & Moreno, 2025).
En esta misma línea, la conciliación
penal se fundamenta en el principio de mínima intervención penal, según el cual
el Derecho Penal debe operar como última ratio, reservándose para aquellos
conflictos que no puedan resolverse por otras vías (Ferrajoli, 2011; Luna,
2025). Se trata, además, de una manifestación de justicia consensuada que
desplaza la primacía exclusiva del Estado y reconoce la capacidad de las partes
para intervenir en la solución de determinadas disputas (Luna, 2025). Desde la
perspectiva de la justicia restaurativa, este tipo de mecanismos enfatizan la
reparación del daño y la participación activa de la víctima y el infractor,
contribuyendo a la economía procesal, la celeridad y la reparación integral, y
promoviendo la reintegración social (Sopamena, 2024; Fuentes-Videira, 2025; Tubón, 2021;
Montesinos et al., 2025).
En Ecuador, la conciliación penal
está regida por el Código Orgánico Integral Penal como un mecanismo
subsidiario, aplicable solo en situaciones que la ley permite expresamente
(Luna, 2025). Satisface la economía procesal, es rápida, proporciona una
reparación exhaustiva y minimiza el delito y la intervención penal, lo cual
está diseñado para crear respuestas más expeditas para disturbios penales menos
graves (Farez & Moreno, 2025).
Las características específicas
distinguen la conciliación penal de otros métodos de terminación temprana del
proceso. Esto incluye: voluntariedad de las partes, participación de la víctima
y el infractor, existencia de un acuerdo consensuado, supervisión judicial del
acuerdo alcanzado, obligación de reparación completa y extinción de la acción
penal una vez logrado el acuerdo (Steven et al., 2025; Montesinos et al.,
2025).
Son estos hechos los que permiten
reconocer que la conciliación no es simplemente una negociación privada, sino
una institución judicial con restricciones legales y constitucionales para
proteger los derechos de las víctimas y los intereses públicos relacionados con
el ejercicio del poder punitivo del Estado (Arreaga et al., 2025). En
consecuencia, la conciliación penal también se configura como una herramienta
que busca convertir la lógica convencional de confrontación procesal en un
paradigma que valore la resolución consensuada de conflictos, persiguiendo
soluciones restaurativas en lugar de meramente punitivas (Fuentes-Videira, 2025).
Principios que rigen la conciliación penal
La conciliación penal se basa en
condiciones constitucionales y procesales para su incorporación al sistema
penal ecuatoriano (Luna, 2025). El principio de mínima intervención penal
sostiene que el Derecho Penal es la última herramienta que el Estado puede usar
para resolver conflictos sociales. Según esta visión, la acción punitiva debe
limitarse a situaciones donde otros medios son insuficientes para proteger los
bienes jurídicos del grupo (Ferrajoli, 2011). El poder punitivo solo debe
usarse si es necesario para defender los derechos fundamentales, y no para
liderar la solución de conflictos que pueden resolverse por otros medios. La
conciliación está inextricablemente ligada a este principio, porque permite
resolver conflictos sin el uso de todo el aparato represivo del Estado (Farez &
Moreno, 2025; Ferrajoli, 2011).
La reparación integral es uno de los
pilares clave de la conciliación penal; está destinada a restaurar la situación
previa a la comisión del acto delictivo (Montesinos et al., 2025). La Constitución
(2008), según consta en el artículo 78, permite a las víctimas recibir la plena
reparación en cuanto a daños materiales e inmateriales se refiere.
Las Reglas mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio,1990)
refuerzan este principio al recomendar que la privación de libertad se reserve
como último recurso y que los Estados impulsen medidas alternativas. En el
ámbito de los delitos de tránsito culposos con resultado de muerte, estas
reglas ofrecen un marco internacional para repensar la prohibición absoluta de
conciliación y explorar respuestas restaurativas con control judicial,
reparación integral y participación de las víctimas.
La conciliación se orienta así a
satisfacer las necesidades de la víctima mediante procesos de reparación
adecuados, y no de una manera puramente punitiva (Fuentes-Videira,
2025). En este sentido, y a partir del análisis de la literatura especializada,
se exponen los principios que rigen la conciliación penal, siendo los siguientes:
Principio de voluntariedad: la
conciliación solo puede tener lugar si las partes son libres de consentir y
están informadas al respecto. La víctima no puede ser obligada a aceptar un
acuerdo que vaya en contra de sus intereses, y el infractor no puede ser
obligado a admitir responsabilidad en contra de su voluntad; estos principios
previenen el abuso y aseguran la legitimidad de los acuerdos alcanzados
(Arreaga et al., 2025).
Principio de igualdad procesal: durante
la conciliación, ambas partes deben poder expresar sus posiciones y llegar a un
acuerdo en condiciones de equidad. Se requiere intervención judicial para
corregir desequilibrios en el libre ejercicio de la voluntad de las partes (Steven
et al., 2025).
Principio de legalidad: a diferencia
de otras formas legítimas de resolver disputas privadas, la conciliación penal
se rige por el principio de legalidad, lo que significa que solo puede
aplicarse en delitos explícitamente autorizados por la ley y bajo las
condiciones previstas por el sistema legal (Luna, 2025). Por lo tanto, la
voluntad de las partes no es suficiente para lograr la conciliación cuando la
norma penal ha establecido ciertas limitaciones.
Principio de protección judicial
efectiva: la conciliación no exime al Estado de su responsabilidad de
garantizar el acceso a la justicia. Es solo una alternativa a la protección
judicial efectiva para proporcionar respuestas oportunas, eficientes y
satisfactorias. La intervención del juez confirma la validez del acuerdo y
sostiene los derechos fundamentales de las personas en el conflicto penal
(Farez & Moreno, 2025).
Conciliación en el sistema penal ecuatoriano
La conciliación penal fue adoptada en
el sistema legal ecuatoriano como parte de las reformas destinadas a modernizar
la administración de justicia y desarrollar otras formas de resolución de
conflictos (Tubón, 2021). La base de esta figura se
desarrolló en el marco de varias disposiciones de la Constitución de la
República (2008) como la cultura de paz, la resolución pacífica de disputas, la
reparación integral y la eficiencia del sistema judicial. El Código Orgánico
Integral Penal (2014) regula la conciliación en su Segundo Libro, dentro de los
procesos especiales; el artículo 663 la define y establece sus condiciones.
La norma antes mencionada, permite la
conciliación hasta el final de la instrucción fiscal y la limita expresamente a
ciertos casos. Algunas de las exclusiones más relevantes previstas en el artículo
663, son: delitos contra la administración pública eficiente, delitos contra la
inviolabilidad de la vida, delitos contra la integridad personal que resulten
en muerte, delitos contra mujeres o miembros del núcleo familiar, delitos
contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de odio y delitos
relacionados con el crimen organizado (Código Orgánico Integral Penal, 2014, Steven
et al., 2025).
La conciliación penal tiene
consecuencias legales para las partes y para el sistema de administración de
justicia en general. El principal impacto es suspender el proceso penal para
que se cumplan las responsabilidades del acuerdo conciliatorio (Farez & Moreno,
2025). Una vez verificado el cumplimiento total del acuerdo, la acción penal se
extingue y el proceso se da por terminado.
Sin embargo, estas ventajas no son
sostenibles si el legislador considera que algunos intereses legales exigen un
castigo irreversible. Específicamente, para los delitos de tránsito que
conducen a la muerte, la principal cuestión legal que motiva este estudio es si
la prohibición absoluta de la conciliación prevista en el artículo 663 del Código
Orgánico Integral Penal (2014) es compatible con la Constitución de la
República (2008) y si debería ser revisada en términos de reparación integral,
mínima intervención penal y práctica de justicia restaurativa (Arreaga et al.,
2025; Fuentes-Videira, 2025).
Delitos de tránsito en el ordenamiento penal
ecuatoriano
En el sistema legal ecuatoriano, las
infracciones de tránsito tienen una naturaleza jurídica propia. Son un tipo
especial de delito debido a los comportamientos que regulan y los bienes
jurídicos que protegen (Montesinos et al., 2025). Su configuración se basa en
el hecho de que la seguridad vial es una parte básica de la convivencia social,
y se protegen los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la
propiedad de las personas (Steven et al., 2025).
Los bienes jurídicos protegidos en la
conciliación penal son esenciales para entender las prohibiciones que ha
establecido el legislador. Tradicionalmente, se ha considerado que las
infracciones de tránsito protegen una variedad de bienes jurídicos concurrentes,
entre los que se pueden mencionar:
La vida humana: la vida es el bien
jurídico más protegido en el orden constitucional ecuatoriano. La Constitución
de la República (2008) reconoce en el artículo 66 numeral 1, que la vida es un
pilar de los derechos básicos, y cuando un accidente de tránsito causa la
muerte de una persona, el impacto trasciende al individuo y se convierte en
social, justificando una intervención más intensa del Derecho Penal.
Integridad personal: la integridad
física y psicológica también es un derecho constitucional, previsto así en el
artículo 66 literal a), que se ve afectado por las infracciones de tránsito.
Las lesiones de los accidentes automovilísticos pueden volverse permanentes
para las víctimas y, por lo tanto, el sistema de justicia penal necesita
intervenir (Constitución de la República, 2008; Fiscalía
General del Estado, 2024).
Seguridad vial: la seguridad vial es
un derecho legal colectivo y de la sociedad en su conjunto. El propósito de las
regulaciones de tránsito es reducir el riesgo y garantizar el movimiento seguro
de conductores, pasajeros y peatones (Arreaga et al., 2025).
La propiedad: algunas infracciones de
tránsito también pueden causar daños materiales significativos a la propiedad
pública y privada (Tubón, 2021). Cuando solo hay daño
a la propiedad, los obstáculos para la conciliación son menores que cuando hay
lesiones a personas. La coexistencia de estos bienes jurídicos explica por qué
el legislador distingue entre infracciones de tránsito y establece diferentes
niveles de respuesta penal (Montesinos et al., 2025).
Una de las infracciones más
relevantes para esta investigación es la muerte culposa por accidente de
tránsito, pues según el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal (2014):
La persona que ocasione
un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más
personas por
infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis
meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. (p. 70)
La característica esencial de esta
figura es que no tiene intención; es decir, el conductor no tiene la intención
de causar la muerte de la víctima y no planea hacerlo. Esta responsabilidad
penal surge de un incumplimiento del deber de cuidado que se requería
objetivamente (Farez & Moreno, 2025). La doctrina identifica múltiples
supuestos comunes sobre la violación del deber objetivo de cuidado: velocidad
excesiva, distracción al conducir, ignorar señales de tránsito, maniobras
peligrosas, incumplimiento de leyes técnicas de tránsito (Steven et al., 2025).
En todos los casos, el resultado fatal se debe a una conducta negligente,
imprudente o descuidada, pero no a una intención deliberada de causar daño.
Esta es una situación muy diferente
de los delitos intencionales contra la vida y constituye uno de los principales
argumentos para ampliar los mecanismos restaurativos (Fuentes-Videira, 2025). Desde la perspectiva de la justicia
restaurativa, la naturaleza negligente de la conducta puede ser una buena razón
para buscar otros mecanismos legales que compensen el castigo tradicional,
siempre que haya un reconocimiento de responsabilidad y una disposición a
reparar (Focquaert et al., 2024).
La situación legal cambia
drásticamente cuando el accidente de tránsito ocurre bajo circunstancias
agravantes, entre las que se pueden mencionar las previstas en el artículo 376
del Código Orgánico Integral Penal (2014):
La persona que conduzca un vehículo a
motor en estado de embriaguez
o bajo los
efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las
contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o
más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a doce
años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. (p. 70)
A diferencia de lo anterior, el
legislador considera que la elección voluntaria de consumir alcohol o drogas
genera un nivel de reproche aún mayor. La razón legal es que el conductor se
pone deliberadamente en una situación peligrosa que es incompatible con el
nivel mínimo de cuidado requerido para conducir un vehículo. Aunque, todavía no
está la intención de matar, pero el riesgo creado es mucho mayor; por lo tanto,
la respuesta penal es mucho más severa (Luna, 2025). Esta diferencia es de
particular importancia, pues muestra que el propio legislador distingue entre
diferentes grados de culpabilidad en las infracciones de tránsito. En
consecuencia, surge la pregunta de si todas las hipótesis de muerte derivadas
de accidentes de tránsito deberían recibir exactamente el mismo tratamiento
respecto de la prohibición de la conciliación (Arreaga et al., 2025).
La Constitución ecuatoriana del 2008,
en el artículo 78 reconoce el derecho de las víctimas a la reparación integral,
que comprende la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y la no
repetición. En el caso de los delitos de tránsito con resultado de muerte, la
reparación integral adquiere una importancia excepcional debido a las grandes
consecuencias personales, familiares y sociales del evento (Fuentes-Videira, 2025). Sin embargo, la práctica judicial
ecuatoriana tiende a centrarse principalmente en la compensación económica,
dejando de lado otras dimensiones de la reparación, como la rehabilitación
psicológica de las víctimas indirectas (Carrillo, 2025). La Fiscalía
General del Estado ha reportado casos en los que, junto con la pena
privativa de libertad, se ordena el pago de sumas significativas como parte de
la reparación integral (Fiscalía General del Estado, 2024).
Tensión entre la prohibición absoluta y los principios
constitucionales
El artículo 663 del Código Orgánico Integral
Penal (2014), establece una prohibición absoluta de conciliación cuando el
resultado del acto es la muerte de una persona. Esta restricción se fundamenta
en que la vida es el bien jurídico de máxima protección dentro del orden
constitucional, y el legislador considera que la afectación de la vida humana
genera una lesión tan grave al interés público que impide dejar la resolución
del conflicto exclusivamente en manos de la víctima y el ofensor (Steven et
al., 2025; Montesinos et al., 2025).
Sin embargo, esta regulación plantea
un dilema jurídico, pues mientras que el artículo 376 penaliza el
comportamiento realizado bajo circunstancias especialmente graves (conducir
bajo la influencia del alcohol o drogas), el artículo 377 sanciona a las
personas que actúan de manera completamente negligente en un accidente fatal.
Ambos delitos reciben el mismo tratamiento respecto de la prohibición de
conciliación (Farez & Moreno, 2025). Esta ecuación normativa constituye uno
de los principales puntos de tensión entre el modelo retributivo tradicional y
los postulados de la justicia restaurativa (Fuentes-Videira,
2025). Desde una perspectiva restaurativa, podría argumentarse que la ausencia
de intención, la existencia de reconocimiento de responsabilidad y la voluntad
efectiva de reparar justifican al menos la apertura de espacios para la
discusión sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos (Focquaert et al., 2024).
La cuestión no es tomar la muerte
como algo menos serio, sino determinar si la protección de la vida exige
necesariamente una prohibición completa de la conciliación o si existen
situaciones en las que un mecanismo restaurativo, con las debidas garantías,
podría ser compatible con el principio constitucional de reparación integral y
proporcionalidad (Luna, 2025). La protección de la vida en casos de muerte se
basa en varios principios constitucionales y penales. La vida es la clave para
el ejercicio de todos los demás derechos fundamentales, y el Estado debe protegerla
a través de la prevención, investigación y sanción, previsto así en el artículo
66 numeral 1 de la Constitución de la República (2008).
La ausencia de conciliación busca
evitar que la respuesta del Estado a la pérdida de vidas humanas se convierta
en un asunto de acuerdo privado. La teoría de la prevención general sostiene
que las sanciones son una forma de prevenir violaciones de la ley y de disuadir
comportamientos infractores futuros (Ferrajoli, 2011). En este caso, la
conciliación en delitos que conducen a la muerte podría debilitar la función
preventiva del Derecho Penal (Montesinos et al., 2025).
Sin embargo, la muerte de una persona
no solo afecta directamente a la víctima inmediata y a sus familiares, sino que
impacta a la sociedad en general. Un conflicto penal, por lo tanto, desarrolla
una dimensión pública que limita la disponibilidad del objeto procesal (Arreaga
et al., 2025). El legislador considera que algunas consecuencias dañinas deben
ser castigadas de acuerdo con el daño causado, y por eso excluye la
conciliación para garantizar que la ley responda al efecto del daño sobre la
vida y su bienestar legal (Steven et al., 2025).
El principio de mínima intervención penal y su
relevancia en delitos de tránsito
El principio de mínima intervención
penal es el fundamento del Estado constitucional de derechos. Como tal, el
derecho penal debe aplicarse solo cuando otros medios carecen de capacidad para
proteger los bienes jurídicos (Ferrajoli, 2011). En este sentido, la
legitimidad del uso del poder punitivo depende de que este se ejerza de manera
correcta y racional, y no de que sea excesivo o demasiado agresivo (Ferrajoli,
2023). En el caso de las infracciones de tránsito, esto es de particular
relevancia, porque se trata en su mayoría de conductas culposas o negligentes
(Farez & Moreno, 2025).
La muerte causada por un accidente de
tránsito regulado por el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal (2014)
no se debe a un intento consciente de dañar, sino a que la persona no está cumpliendo
con su deber de cuidado (Montesinos et al., 2025). Esta es una diferencia
significativa respecto de un homicidio intencional; por lo tanto, podría
argumentarse que se requeriría de una intervención penal más intensiva en casos
donde exista un mayor reproche social y necesidades de prevención (Luna, 2025).
Cuando concurren elementos como
reconocimiento de responsabilidad, reparación voluntaria completa, ausencia de
antecedentes penales, conducta culposa y colaboración procesal, la sola
aplicación de respuestas punitivas podría ser cuestionada desde el punto de
vista de la mínima intervención penal (Fuentes-Videira,
2025). No se trata de eliminar la responsabilidad penal, sino de evaluar si
existen otras maneras de lograr justicia sin recurrir a la pena privativa de
libertad (Focquaert et al., 2024).
Desde una perspectiva constitucional,
cualquier limitación de derechos debe superar una prueba de proporcionalidad.
La jurisprudencia constitucional comparada ha desarrollado tres niveles básicos
de análisis: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto
(Martí, 2025). En este caso, la prohibición de la conciliación tiene como
objetivo proteger la vida y disuadir comportamientos que puedan conllevar a la
muerte. En principio, la medida supera el juicio de idoneidad. Sin embargo, en
el juicio de necesidad, cabe preguntarse si la ausencia completa de
conciliación es la única manera de proteger la vida o si mecanismos
restaurativos estrictos podrían ser adecuados para algunos casos especiales, por
ejemplo: delitos estrictamente culposos, reparación integral bien ejecutada,
consentimiento libre de las víctimas, ausencia de factores agravantes y
supervisión judicial reforzada (Arreaga et al., 2025).
La existencia de tales alternativas
podría reducir el argumento de la prohibición absoluta.
Por lo que en el juicio de
proporcionalidad en sentido estricto, es necesario determinar si los beneficios
de la restricción superan sus costos. Aquí la tensión entre la protección
reforzada de la vida, el derecho de las víctimas a participar activamente, el
derecho a la reparación completa y el principio de justicia restaurativa se
vuelven evidentes (Fuentes-Videira, 2025).
La justicia restaurativa ofrece una
perspectiva que pone a la víctima en el centro del proceso. En los delitos de
tránsito culposos que resultan en muerte, los familiares de la víctima
frecuentemente expresan necesidades que no siempre son satisfechas por la
imposición de una pena privativa de libertad (Focquaert et al., 2024). Muchas
víctimas indirectas piden: reconocimiento de responsabilidad, una explicación
clara de lo que sucedió, intención de reparar, garantías de no repetición y
reconciliación emocional (Martí, 2025). Estas necesidades difícilmente pueden
ser atendidas por un sistema orientado exclusivamente al castigo. Por lo tanto,
surge la pregunta: ¿la prohibición completa de la conciliación realmente sirve
a los intereses de las víctimas o limita injustificadamente su participación en
la construcción de soluciones restaurativas?
Experiencias comparadas en Nueva
Zelanda, Canadá, Noruega y algunos países de Australia han demostrado que la
justicia restaurativa puede ser parte del sistema de justicia penal normal sin
crear impunidad. En países como Noruega se han desarrollado mecanismos de
mediación penal donde las partes están completamente involucradas en casos de
delitos graves y bajo estricta supervisión judicial. Estas experiencias no
significan que el Estado estará ausente, sino que el sistema se refuerza para
que la reparación y la reintegración social sean mejores (Martí, 2025).
La implementación de mecanismos
restaurativos en delitos de tránsito con resultado de la muerte conlleva a riesgos
que deben ser gestionados con controles rigurosos. Entre ellos se encuentran:
Riesgo de impunidad: existe la
posibilidad de que algunos sectores perciban la conciliación como una forma de
evitar la responsabilidad penal. Para evitar esta situación, los mecanismos
restaurativos deben tener un enfoque estricto y excepcional (Fuentes-Videira, 2025).
Riesgo de desigualdad económica: puede
surgir la percepción de que solo aquellos con ciertos medios económicos pueden
acceder a acuerdos restaurativos. Por eso, la reparación no debe limitarse a la
compensación monetaria (Arreaga et al., 2025).
Posible presión sobre las víctimas: las
víctimas deben participar en el proceso libremente y sin ninguna forma de
coerción. La intervención judicial es esencial para garantizar esta libertad
(Focquaert et al., 2024).
Riesgo de trivializar el bien
jurídico de la vida: la regulación debe asegurar que la vida se considere un
bien jurídico supremo y que cualquier mecanismo restaurativo se trate con
atención cuidadosa (Montesinos et al., 2025).
Estos riesgos justifican la necesidad
de controles judiciales rigurosos y procedimientos especiales. La justicia
restaurativa no debe ser una puerta hacia la impunidad, sino un complemento a
la respuesta penal tradicional que fortalezca la reparación y la participación
de las víctimas.
Propuesta de reinterpretación del artículo 663 del Código
Orgánico Integral Penal
Del análisis anterior se concluye que
la prohibición de la conciliación en el artículo 663 del Código Orgánico Integral
Penal (2014) es constitucional y responde a la protección del bien jurídico de
la vida. Sin embargo, ello no significa que dicha regulación no deba estar
sujeta a un examen crítico desde el punto de vista de la proporcionalidad, la
mínima intervención penal y la justicia restaurativa (Luna, 2025). La
investigación no sugiere que todas las infracciones de tránsito que resulten en
muerte deban ser conciliables, ni propone destruir la protección del bien
jurídico de la vida. Lo que se propone es abrir un debate jurídico sobre la
posibilidad de diferenciar entre varios supuestos que actualmente están sujetos
a la misma prohibición absoluta.
Ninguna ley puede curar la pérdida de
vidas ni erradicar el sufrimiento de una persona que murió en un accidente de
tráfico, pero se puede reducir el impacto del accidente y respetar la dignidad
de las personas afectadas. El debate legal actual ya no se centra únicamente en
la severidad de las sanciones, sino en la capacidad del sistema para
proporcionar soluciones apropiadas, humanas y constitucionalmente legítimas. La
justicia restaurativa es una herramienta que debería considerarse en el
desarrollo legislativo futuro en Ecuador (Arreaga et al., 2025).
Una posible solución legislativa
consistiría en incorporar una excepción especial para ciertas infracciones de
conducción negligente que conduzcan a la muerte. A partir de los estudios de Luna
(2025) y Fuentes-Videira (2025), se podría añadir una
cláusula que establezca que: excepcionalmente, en delitos de tránsito negligentes
que resulten en muerte, se podrá llevar a cabo un procedimiento especial
restaurativo en caso de ausencia de circunstancias agravantes, reconocimiento
de responsabilidad por parte del acusado, reparación integral de la víctima,
consentimiento libre e informado de la familia de la víctima y control judicial
que sea coherente con los principios de protección de derechos y reparación
integral.
Esta propuesta no constituye una
prescripción ni una solución legal definitiva, sino una invitación a que se
lleve a cabo la discusión legal necesaria para adaptar el sistema penal
ecuatoriano al contexto actual de justicia restaurativa. Entre los posibles
requisitos para acceder a este mecanismo excepcional estarían: que la conducta
sea estrictamente negligente y no dolosa; que no existan circunstancias
agravantes como embriaguez, consumo de sustancias estupefacientes, exceso de
velocidad extremo, fuga del lugar del accidente o reincidencia; que haya pleno
reconocimiento de responsabilidad por parte del infractor; que se haya
realizado una reparación integral; que los familiares de la víctima otorguen su
consentimiento libre e informado; que exista un control judicial reforzado; y
que intervengan equipos interdisciplinarios especializados (Farez & Moreno,
2025; Montesinos et al., 2025). En estas circunstancias, la justicia
restaurativa podría funcionar como un complemento a la respuesta penal
tradicional y no como una forma de impunidad (Focquaert
et al., 2024).
En este sentido, se recomienda al
legislador ecuatoriano abrir un debate informado sobre la posibilidad de
introducir una excepción limitada a la prohibición de conciliación para delitos
de tránsito estrictamente negligentes con resultado de muerte. Esta excepción
debería estar rodeada de garantías procesales estrictas, incluyendo el
consentimiento libre e informado de los familiares de la víctima, la reparación
integral, el reconocimiento de responsabilidad y el control judicial reforzado
(Luna, 2025; Farez & Moreno, 2025).
Conclusiones
El análisis de las limitaciones
normativas de la conciliación penal en los delitos de tránsito bajo el sistema
legal ecuatoriano evidencia que la prohibición absoluta prevista en el artículo
663 del Código Orgánico Integral Penal, si bien encuentra sustento
constitucional en la protección del bien jurídico de la vida, resulta
problemática cuando se aplica de manera indiscriminada a conductas
estrictamente culposas. La investigación se sustenta en que la justicia
restaurativa ofrece un marco teórico y práctico adecuado para reevaluar la
respuesta penal frente a este tipo de infracciones, pues centra su atención en
la reparación integral del daño y en la participación activa de las víctimas,
sin renunciar a la función preventiva del Derecho Penal ni generar impunidad.
Los delitos de tránsito con resultado
de la muerte presentan características particulares que los convierten en un
ámbito propicio para mecanismos restaurativos complementarios. La tensión entre
la prohibición absoluta y los principios de proporcionalidad y mínima
intervención penal sugieren que el legislador ecuatoriano debería abrir un
debate informado sobre una excepción limitada, rodeada de garantías estrictas
como el reconocimiento de responsabilidad, la reparación integral, el
consentimiento libre e informado de los familiares de la víctima y un control
judicial reforzado. Con ello, el sistema penal ecuatoriano podría avanzar hacia
un modelo que armonice la protección de los bienes jurídicos fundamentales con
las necesidades reales de las víctimas y los fines constitucionales de
reparación y justicia.
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