Recibido: 18/07/2026 Aceptado: 2/10/2026
La seguridad jurídica en la
cuantificación del daño moral y la fijación de indemnizaciones en Ecuador (Revisión)
Legal certainty in the quantification of moral damages
and the determination of compensation in Ecuador (Review)
Sara Abigail Tzucag
López. Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias Políticas.
Carrera de Derecho.
Universidad Tecnológica Indoamérica.
Ambato. Ecuador. [stzucag@indoamerica.edu.ec] _archivos/image002.jpg){kind=small}
Karina Dayana Cárdenas
Paredes.
Abogada.
Máster en Ciencias
Criminológicas y Seguridad. Docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas.
Carrera de Derecho.
Universidad Tecnológica Indoamérica.
Ambato. Ecuador. [karinacardenas@uti.edu.ec]
Resumen
El presente artículo analiza la incidencia de
la seguridad jurídica en la cuantificación del daño moral y la fijación de
indemnizaciones en Ecuador; la problemática se deriva de la ausencia de
criterios uniformes que orienten la valoración de los daños extrapatrimoniales.
El objetivo consiste en determinar si la práctica
judicial ecuatoriana garantiza decisiones proporcionales y razonables respecto
al daño moral, o si, por el contrario, evidencia niveles de discrecionalidad
judicial que afectan la coherencia del sistema jurídico. La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, mediante la
aplicación de los métodos analítico- inductivo, así como a través de la técnica
de revisión documental de fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales.
La ausencia de reglas claras para
cuantificar el daño moral genera diferencias significativas en la fijación de
indemnizaciones, debilitando la seguridad jurídica y dificultando la certeza de
las decisiones judiciales. Asimismo, se identifica que la insuficiente
motivación de determinadas sentencias incrementa los márgenes de arbitrariedad
en la actuación jurisdiccional. Se concluye que resulta necesario establecer
lineamientos orientadores sustentados en criterios de proporcionalidad,
razonabilidad y utilización del precedente judicial, con la finalidad de
fortalecer la uniformidad, coherencia y legitimidad del sistema de
responsabilidad civil ecuatoriano.
Palabras clave:
daño moral; discrecionalidad judicial; indemnización; reparación integral;
seguridad jurídica
Abstract
This article analyzes the impact of legal certainty on
the quantification of moral damages and the determination of compensations in
Ecuador. The problem arises from the absence of uniform criteria to guide the
assessment of non-pecuniary damages. The objective is to determine whether
Ecuadorian judicial practice guarantees proportional and reasonable decisions
regarding moral damages, or whether, on the contrary, it demonstrates levels of
judicial discretion that affect the coherence of the legal system. The research
was conducted under a qualitative approach through the application of
analytical, inductive, and comparative methods, together with a documentary
review of doctrinal, legal, and jurisprudential sources. The findings show that
the lack of objective parameters for quantifying moral damages leads to
significant disparities in compensation awards, weakening legal certainty and undermining
the predictability of judicial rulings. Likewise, insufficient
reasoning in certain judicial rulings increases the risk of arbitrariness in
judicial activity. It is concluded that guiding criteria based on
proportionality, reasonableness, and the use of judicial precedent are
necessary to strengthen the uniformity, coherence, and legitimacy of Ecuador's
civil liability system.
Keywords:
moral damages; judicial discretion; compensation; full reparation; legal
certainty
Introducción
La
seguridad jurídica representa uno de los principios fundamentales del Estado
constitucional de derechos y justicia, debido a que esta garantiza la
estabilidad, previsibilidad y confianza en la aplicación del ordenamiento
jurídico. Su importancia estriba en que las decisiones emitidas por las
autoridades judiciales deben responder a criterios coherentes, motivados y
razonables, permitiendo con ello que los ciudadanos conozcan con anticipación
las consecuencias jurídicas de sus actos. En este sentido, Ferrajoli (2005, como
se citó en Silva, 2026) sostiene que la vigencia del Estado constitucional
exige la existencia de límites jurídicos claros al ejercicio del poder, de
manera que las actuaciones estatales se desarrollen conforme a parámetros
previamente establecidos. Sin embargo, dentro del ámbito de la responsabilidad
civil ecuatoriana, uno de los problemas más relevantes se presenta en la
cuantificación del daño moral y en la fijación de indemnizaciones, debido a la
ausencia de parámetros claros que orienten de manera uniforme la actuación
judicial.
Uno
de los principales desafíos dentro del régimen de responsabilidad civil
ecuatoriano se presenta al momento de determinar las indemnizaciones derivadas
del daño moral. A diferencia de otras formas de reparación, la valoración de
este tipo de perjuicio no cuenta con parámetros legales específicos que
permitan establecer de manera uniforme la cuantía indemnizatoria. Esta
situación ha generado que los operadores de justicia recurran a criterios
diversos al momento de resolver los casos sometidos a su conocimiento,
provocando diferencias significativas entre decisiones judiciales emitidas
frente a circunstancias semejantes (Sanmartín, 2025). Como consecuencia, surgen
cuestionamientos respecto a la previsibilidad y coherencia de las resoluciones,
especialmente cuando no existe una justificación suficiente que explique las
razones que sustentan el monto fijado (Guerrero & Orellana, 2026).
En
la práctica judicial ecuatoriana se evidencia la inexistencia de criterios
uniformes para cuantificar el daño moral, lo que provoca inseguridad jurídica y
afecta directamente el principio de igualdad ante la ley (Naranjo & López,
2025). Existen procesos en los cuales las indemnizaciones resultan excesivas,
mientras que, en otros casos, son mínimas o insuficientes, aun cuando las
circunstancias fácticas presentan semejanzas relevantes. Esta problemática no
solo repercute en la seguridad de las decisiones judiciales, sino también en la
confianza ciudadana hacia la administración de justicia, debido a que las
partes procesales no pueden anticipar razonablemente cuál será el resultado de
sus pretensiones (Jacho, 2023).
La
problemática adquiere mayor relevancia cuando se analiza la obligación
constitucional, tal como lo establece el artículo 76 numeral 7, literal l
(Constitución de la
República del Ecuador, 2008), a fin de motivar adecuadamente las sentencias
judiciales. La motivación constituye una garantía esencial frente a la
arbitrariedad, ya que exige que las decisiones emitidas por los operadores de
justicia se encuentren debidamente fundamentadas tanto en hechos como en
derecho. La Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia No. 1158-17-EP/21,
precisó que la motivación exige una fundamentación normativa y fáctica
suficiente que permita comprender las razones que sustentan la decisión
adoptada. Sin embargo, en materia de daño moral, en numerosas ocasiones la
motivación respecto de la cuantificación indemnizatoria resulta insuficiente,
limitándose a criterios subjetivos o apreciaciones generales que no explican de
manera clara cómo se determinó el monto fijado (Lobato et al., 2025). Esta
situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan una
mayor uniformidad y razonabilidad en las decisiones judiciales.
Es
en este contexto donde la presente investigación se justifica por la necesidad
de analizar de qué manera la falta de criterios claros en la cuantificación del
daño moral afecta la seguridad jurídica dentro del sistema judicial
ecuatoriano. El estudio resulta relevante debido a que la determinación
arbitraria o desproporcionada de indemnizaciones puede vulnerar principios
fundamentales como la igualdad, la proporcionalidad y la tutela judicial
efectiva. Asimismo, la investigación busca aportar al debate jurídico sobre la
necesidad de establecer lineamientos orientadores que permitan reducir los
niveles de discrecionalidad judicial sin desconocer las particularidades
propias del daño moral.
Por
consiguiente, a partir de las consideraciones expuestas, el objetivo de este
estudio consiste en determinar si la práctica judicial ecuatoriana garantiza
decisiones proporcionales y razonables respecto al daño moral, o si, por el
contrario, evidencia niveles de discrecionalidad judicial que afectan la
coherencia del sistema jurídico. De igual forma, se pretende identificar los
principales problemas relacionados con la discrecionalidad judicial y la falta
de uniformidad en los criterios aplicados por los operadores de justicia al
momento de determinar indemnizaciones por daño moral.
La
investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo, debido a que permite
comprender e interpretar el fenómeno jurídico objeto de estudio a partir del
análisis de fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales. Para el
cumplimiento del objetivo planteado se emplea el método analítico, mediante la
verificación individualizada de los elementos que conforman la seguridad
jurídica, el daño moral y la motivación judicial. Se emplea el método
inductivo, que facilita la formulación de conclusiones generales a partir del
estudio de casos y criterios específicos relacionados con la fijación de
indemnizaciones. Por último, con
el fin de identificar similitudes y diferencias, se realiza una revisión documental, a través del estudio sistemático de la
normativa nacional, las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y de
los aportes doctrinarios especializados, que están vinculados a la temática investigada, para contrastar
con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales aplicados en materia de daño
moral.
Desarrollo
La naturaleza jurídica del daño
moral y su dificultad probatoria
La determinación
conceptual del daño moral ha sido objeto de amplio desarrollo doctrinario
debido a las particularidades que presenta este tipo de afectación dentro del
régimen de responsabilidad civil. A diferencia de los daños patrimoniales, cuya
repercusión económica puede ser identificada mediante parámetros objetivos, el
daño moral se vincula a la lesión de bienes jurídicos de naturaleza
extrapatrimonial. En este sentido, Sanmartín (2025) señala que el daño moral no
recae sobre bienes o derechos, sino sobre valores intangibles como la honra, el
buen nombre o la reputación. Esta característica explica la complejidad que
existe al momento de establecer criterios uniformes para su valoración
económica.
En el ordenamiento
jurídico ecuatoriano, la responsabilidad civil tiene como finalidad
restablecer, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de un daño
ocasionado a una persona. Dentro de este ámbito, la indemnización constituye
uno de los mecanismos jurídicos destinados a reparar las afectaciones sufridas
por la víctima, incluyendo aquellas de carácter extrapatrimonial. En este
contexto, en el artículo 2214 del Código Civil (2005) se reconoce la obligación
de reparar los perjuicios ocasionados por hechos ilícitos, constituyéndose en
uno de los fundamentos normativos que sustentan la reparación de los daños
dentro del sistema de responsabilidad civil.
La doctrina civilista
contemporánea ha reconocido que el daño moral constituye una afectación que
recae sobre bienes jurídicos extrapatrimoniales vinculados a la esfera personal
del individuo. Desde esta perspectiva, el daño moral trasciende el ámbito
patrimonial y se proyecta sobre aspectos esenciales de la persona relacionados
con su integridad emocional y psicológica. Esta concepción permite comprender
que el daño moral no se limita a una repercusión económica, sino que involucra
la lesión de intereses inmateriales cuya afectación genera consecuencias que no
siempre pueden ser valoradas mediante parámetros objetivos (Pesantez et al.,
2021).
Precisamente, por esta
característica, la determinación de las indemnizaciones por daño moral
representa uno de los mayores desafíos para los operadores de justicia,
especialmente cuando se busca garantizar decisiones coherentes con los
principios de proporcionalidad, razonabilidad y seguridad jurídica (Sanmartín,
2025). La subjetividad inherente a este tipo de daño ha llevado a que, en la
práctica judicial ecuatoriana, se evidencien diferencias significativas en los
montos fijados frente a circunstancias fácticas semejantes, lo que dificulta la
previsibilidad de las decisiones y debilita la confianza en la administración
de justicia (Jacho, 2023).
No obstante, más allá
de las definiciones doctrinarias, resulta necesario destacar que la principal
dificultad no radica en determinar la existencia del daño moral, sino en
establecer parámetros que permitan cuantificarlo de manera razonable y
proporcional. Desde esta perspectiva, la subjetividad inherente al daño moral
no debe interpretarse como un obstáculo insuperable para la construcción de
estándares orientadores. Si bien cada caso presenta particularidades que deben
ser valoradas individualmente, ello no excluye la posibilidad de desarrollar
criterios que permitan dotar de mayor coherencia a las decisiones judiciales.
Factores como la intensidad de la afectación sufrida, las circunstancias en las
que ocurrió el hecho dañoso, las consecuencias generadas en la esfera personal
de la víctima y la debida motivación de las resoluciones podrían constituir
elementos relevantes para orientar la determinación de las indemnizaciones
(Lobato et al., 2025).
En el ordenamiento
jurídico ecuatoriano, la reparación integral constituye uno de los principios
rectores en materia de responsabilidad, razón por la cual las medidas adoptadas
por los operadores de justicia deben procurar una respuesta adecuada frente a
las consecuencias derivadas del daño ocasionado. Sin embargo, el análisis
realizado permite advertir que la inexistencia de lineamientos específicos para
la cuantificación del daño moral puede generar tensiones entre la necesidad de
reparar a la víctima y la exigencia constitucional de garantizar seguridad
jurídica (Guerrero & Orellana, 2026). En consecuencia, la discrecionalidad
judicial debe ejercerse dentro de límites razonables y mediante decisiones
suficientemente motivadas que expliquen los criterios utilizados para fijar la
indemnización correspondiente (Naranjo & López, 2025).
En definitiva, el
reconocimiento de la naturaleza extrapatrimonial del daño moral no exime al
sistema jurídico de la responsabilidad de promover respuestas jurisdiccionales
más previsibles y uniformes. La construcción progresiva de criterios
orientadores contribuiría no solo a fortalecer la confianza en la
administración de justicia, sino también a garantizar que las indemnizaciones
cumplan efectivamente con su finalidad reparadora, evitando escenarios de
arbitrariedad o incertidumbre incompatibles con los postulados del Estado
constitucional de derechos y justicia (Toledo & Maldonado, 2025).
Criterios de proporcionalidad
para la cuantificación del daño moral en la fijación de indemnizaciones
La proporcionalidad
constituye uno de los principios rectores que deben orientar la cuantificación
del daño moral dentro del ámbito de la responsabilidad civil, debido a que
permite establecer una relación equilibrada entre la gravedad de la afectación
sufrida y el monto indemnizatorio fijado por el juzgador. Su aplicación busca
evitar decisiones arbitrarias o desmedidas que puedan generar desequilibrios
jurídicos, garantizando que la reparación económica responda de manera
razonable a las consecuencias ocasionadas por el daño (Guerrero & Orellana,
2026). En este sentido, la proporcionalidad se convierte en un elemento
indispensable para fortalecer la seguridad jurídica y asegurar la coherencia de
las decisiones judiciales, especialmente en un ámbito donde la valoración
económica de las afectaciones extrapatrimoniales carece de parámetros
normativos específicos (Lobato et al., 2025).
Desde la teoría
constitucional, Alexy (2008) sostiene que la proporcionalidad se compone de los
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y
constituye un criterio esencial para la justificación racional y la legitimidad
de las decisiones jurídicas, garantizando un equilibrio entre los derechos e
intereses en juego. Esta concepción resulta particularmente relevante en
materia de daño moral, pues exige que el juzgador no se limite a apreciaciones
subjetivas, sino que sustente su decisión en criterios jurídicos objetivos que
permitan valorar la intensidad de la afectación sufrida y la razonabilidad de la
reparación otorgada (Pesantez et al., 2021). De esta manera, la
proporcionalidad opera como un límite frente a la discrecionalidad y como un
instrumento de control de la racionalidad judicial.
La proporcionalidad
exige que el juez valore cuidadosamente las circunstancias particulares de cada
caso antes de fijar una indemnización. Entre los elementos que deben
considerarse se encuentran la intensidad del sufrimiento ocasionado, la
gravedad de la vulneración sufrida, las consecuencias emocionales y psicológicas
derivadas del hecho dañoso, así como las condiciones específicas de la víctima.
De igual manera, resulta necesario analizar el grado de afectación a derechos
personalísimos como la honra, la dignidad o la integridad emocional, debido a
que estos aspectos influyen directamente en la magnitud del daño moral
ocasionado (Sanmartín, 2025). En este contexto, la doctrina ha señalado que el
juzgador puede emplear distintos parámetros para graduar el monto de la
indemnización, tales como el tipo de lesión, las condiciones personales de la
víctima, el estado de salud anterior al daño y las secuelas derivadas del
hecho, precisando que dichos criterios no constituyen un listado taxativo y su
aplicación depende del bien extrapatrimonial afectado (Pesantez et al., 2021).
La proporcionalidad
también mantiene una estrecha relación con el principio de razonabilidad, el
cual exige que las decisiones judiciales respondan a criterios lógicos,
coherentes y justificados. En materia de daño moral, la razonabilidad implica
que el monto indemnizatorio debe guardar correspondencia con la afectación
efectivamente sufrida por la víctima, evitando tanto reparaciones excesivas
como compensaciones insuficientes. Cuando las decisiones judiciales carecen de
motivación suficiente o establecen montos desproporcionados sin explicación
clara, se vulneran principios fundamentales relacionados con la seguridad
jurídica y la igualdad ante la ley (Sanmartín, 2025). La falta de
correspondencia entre el daño acreditado y la cuantía fijada produce, además,
un efecto deslegitimador de la función jurisdiccional, pues las partes no
pueden comprender las razones por las cuales se arribó a determinado monto
(Naranjo & López, 2025).
Asimismo, la
proporcionalidad debe entenderse como un límite frente a posibles excesos en la
determinación de indemnizaciones. Una reparación desproporcionadamente alta
podría generar enriquecimiento injustificado para la víctima, mientras que una
indemnización insuficiente podría impedir una reparación integral efectiva. Por
esta razón, resulta indispensable que el juez mantenga un equilibrio adecuado
entre la gravedad del daño sufrido y la compensación económica establecida,
garantizando decisiones razonables y ajustadas a los principios
constitucionales (Guerrero & Orellana, 2026). Este equilibrio adquiere
particular relevancia en el contexto ecuatoriano, donde la ausencia de
parámetros normativos específicos ha llevado a que los montos indemnizatorios
dependan, en gran medida, de la apreciación judicial, sin que existan referentes
objetivos que permitan verificar si la cuantía fijada guarda proporción con el
daño efectivamente causado (Lobato et al., 2025).
En algunos sistemas
jurídicos comparados se han implementado mecanismos orientadores con el
propósito de reducir los márgenes de discrecionalidad judicial en la
cuantificación del daño moral. Entre estos mecanismos destacan los baremos
indemnizatorios, los cuales son instrumentos técnico-jurídicos que consisten en
tablas, escalas o rangos de valores que sirven para calcular o cuantificar
indemnizaciones, especialmente en materia de daños personales (lesiones,
secuelas, incapacidad) y daño moral o extrapatrimonial, y la utilización de
precedentes jurisprudenciales reiterados. Aunque estas herramientas no eliminan
completamente la subjetividad inherente a este tipo de daño, sí contribuyen a
generar mayor coherencia en las decisiones judiciales y fortalecen la
predictibilidad dentro del sistema jurídico. En el caso ecuatoriano, se ha
propuesto la implementación de tablas tarifarias que establezcan rangos
indemnizatorios en función del grado de afectación, con el propósito de
orientar la labor judicial y reducir la incertidumbre (Toledo & Maldonado,
2025).
La motivación
adecuada de las sentencias constituye otro elemento esencial para garantizar la
aplicación efectiva del principio de proporcionalidad. Los operadores de
justicia tienen la obligación de explicar de manera clara y detallada las
razones jurídicas y fácticas que justifican el monto indemnizatorio fijado.
Esta exigencia no solo permite controlar la racionalidad de las decisiones
judiciales, sino que también fortalece la transparencia y legitimidad de la
administración de justicia. La ausencia de motivación suficiente puede
convertir la discrecionalidad judicial en arbitrariedad, afectando directamente
la seguridad jurídica (Silva, 2026). Cuando una sentencia fija una
indemnización sin explicar los criterios empleados para determinar su cuantía,
las partes procesales quedan imposibilitadas de conocer las razones que sustentan
la decisión y, en consecuencia, de ejercer adecuadamente su derecho a la
defensa (Naranjo & López, 2025).
En consecuencia, la
aplicación de criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la
cuantificación del daño moral constituye una necesidad fundamental dentro del
sistema judicial ecuatoriano. El fortalecimiento de lineamientos
jurisprudenciales, la correcta motivación de las sentencias y la implementación
de criterios orientadores permitirían reducir los niveles de discrecionalidad
existentes, favoreciendo decisiones más uniformes, coherentes y previsibles. De
esta manera, se contribuiría al fortalecimiento de la seguridad jurídica y a
una mejor protección de los derechos de las personas dentro de los procesos de
responsabilidad civil (Toledo & Maldonado, 2025).
La motivación de las sentencias
como garantía frente a la arbitrariedad en la fijación de indemnizaciones por
daño moral
La motivación de las
decisiones judiciales constituye una garantía esencial del debido proceso y uno
de los principales mecanismos de control frente al ejercicio arbitrario del
poder jurisdiccional. Su importancia radica en que permite a las partes conocer
las razones fácticas y jurídicas que justifican la decisión adoptada,
favoreciendo la transparencia de la actividad judicial y posibilitando el
control sobre la racionalidad de las resoluciones emitidas. En el ordenamiento
jurídico ecuatoriano, esta garantía se encuentra reconocida en el artículo 76,
numeral 7, literal l, de la Constitución (2008), el cual dispone que no habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Esta disposición constituye uno de los principales
parámetros constitucionales para controlar la validez de las decisiones
judiciales y evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades
públicas.
La Corte
Constitucional del Ecuador ha señalado que una decisión judicial carente de una
fundamentación suficiente vulnera la garantía de la motivación y, en
consecuencia, afecta el derecho al debido proceso. En la Sentencia No.
1158-17-EP/21, el máximo órgano de interpretación constitucional precisó que la
motivación exige la existencia de una fundamentación normativa y una
fundamentación fáctica suficiente que permitan comprender las razones que
sustentan la decisión adoptada. Desde esta perspectiva, la motivación no
constituye una mera formalidad procesal, sino una exigencia dirigida a
garantizar que las decisiones judiciales sean producto de un razonamiento
lógico, coherente y jurídicamente válido.
La referida sentencia
representa un precedente relevante para el análisis de la cuantificación del
daño moral, debido a que este ámbito de la responsabilidad civil involucra
importantes márgenes de apreciación judicial. La ausencia de parámetros
normativos específicos para determinar el monto de las indemnizaciones puede
generar que el juzgador recurra a criterios subjetivos cuya razonabilidad debe
quedar claramente explicada dentro de la resolución emitida (Pesantez et al.,
2021). En este contexto, la motivación adquiere una función trascendental como
límite frente a la discrecionalidad judicial, exigiendo que el operador de
justicia justifique de manera suficiente los elementos considerados para
establecer la cuantía indemnizatoria (Lobato et al., 2025).
Asimismo, la Corte
Constitucional del Ecuador (2021) señaló que una vulneración al derecho a la
motivación puede producirse por la existencia de deficiencias motivacionales relacionadas
con la inexistencia, insuficiencia y apariencia de motivación, esta última
asociada a vicios como la incoherencia, inatinencia,
incongruencia e incomprensibilidad. En materia de daño moral, estas
deficiencias podrían manifestarse cuando una sentencia fija una indemnización
sin explicar las circunstancias particulares valoradas para determinar el monto
correspondiente o cuando la argumentación empleada carece de conexión con los
hechos acreditados dentro del proceso. En tales casos, la ausencia de
justificación suficiente dificulta el control de la actuación judicial y puede
generar incertidumbre respecto de la aplicación del derecho (Naranjo &
López, 2025).
Desde la doctrina
jurídica contemporánea, se ha sostenido que la motivación cumple una doble
función dentro del proceso jurisdiccional. Por una parte, garantiza a las
partes el conocimiento de las razones que fundamentan la decisión adoptada; y,
por otra, permite verificar la racionalidad y legalidad del razonamiento
judicial. Esta exigencia adquiere particular relevancia en materia de daño
moral, donde la determinación del monto indemnizatorio depende en gran medida
de la valoración judicial y, por tanto, requiere una fundamentación
especialmente rigurosa que permita controlar la razonabilidad de la decisión
(Guerrero & Orellana, 2026).
En consecuencia, las
sentencias relacionadas con la cuantificación del daño moral deben incorporar
un análisis detallado de los criterios empleados para fijar la indemnización
correspondiente. Aspectos como la intensidad de la afectación sufrida por la
víctima, la gravedad del hecho generador del daño, las consecuencias personales
derivadas de él y los principios de proporcionalidad y razonabilidad deben ser
objeto de valoración expresa dentro de la resolución judicial. La simple
determinación de un monto indemnizatorio, sin una explicación suficiente que
justifique su procedencia y cuantía, resulta incompatible con las exigencias
constitucionales derivadas de la garantía de la motivación (Corte
Constitucional del Ecuador, 2021).
En consecuencia,
puede afirmarse que la adecuada motivación de las sentencias constituye un
mecanismo indispensable para fortalecer la seguridad jurídica dentro del
sistema de responsabilidad civil ecuatoriano. La explicación de los criterios
utilizados para cuantificar el daño moral contribuye a generar decisiones más
transparentes, previsibles y coherentes, reduciendo los riesgos de
arbitrariedad judicial. En este sentido, la garantía de la motivación no solo
protege el derecho al debido proceso de las partes involucradas, sino que
también favorece la consolidación de una administración de justicia más
legítima y acorde con los principios del Estado constitucional de derechos y
justicia (Toledo & Maldonado, 2025).
Análisis de la Sentencia No.
1158-17-EP/21 y su incidencia en la motivación de las decisiones judiciales
Un aporte
trascendental en materia de motivación de las decisiones judiciales fue desarrollado
por la Corte Constitucional del Ecuador mediante la Sentencia No.
1158-17-EP/21, en que se realizó un balance sistemático de la jurisprudencia
constitucional sobre esta garantía y se redefinieron los parámetros para
evaluar su cumplimiento. En esta decisión, la Corte se apartó expresamente del
denominado test de motivación, utilizado tradicionalmente para verificar la
razonabilidad, lógica y comprensibilidad de las sentencias, al considerar que
dicho mecanismo había sido aplicado como una simple lista de control,
desnaturalizando el verdadero alcance constitucional de la motivación.
La Corte estableció
que el análisis de la garantía de la motivación debe partir de un criterio
rector: toda decisión judicial debe contener una fundamentación normativa
suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, conforme a lo previsto en
el artículo 76, numeral 7, literal l, de la Constitución (2008). Desde esta
perspectiva, la motivación no exige que las decisiones sean perfectas o exentas
de errores, sino que cuenten con una estructura argumentativa mínima que
permita comprender las razones jurídicas y los hechos que sustentan la
resolución adoptada (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
Asimismo, la Corte
identificó tres tipos de deficiencias motivacionales: la inexistencia, la
insuficiencia y la apariencia de motivación. Esta última se configura cuando,
pese a que aparentemente la sentencia se encuentra fundamentada, en realidad
presenta vicios que afectan su suficiencia argumentativa. Entre estos vicios se
encuentran la incoherencia, la inatinencia, la
incongruencia y la incomprensibilidad (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
La relevancia de esta
sentencia para la investigación radica en que la fijación de indemnizaciones
por daño moral constituye uno de los ámbitos donde la discrecionalidad judicial
puede alcanzar mayores niveles de intensidad. Debido a la ausencia de
parámetros normativos específicos para cuantificar el daño extrapatrimonial,
los jueces deben justificar adecuadamente las razones por las cuales consideran
que determinado monto indemnizatorio resulta proporcional y suficiente frente a
la afectación ocasionada (Silva, 2026). En consecuencia, la motivación adquiere
una función esencial como límite frente a posibles actuaciones arbitrarias.
Desde esta
perspectiva, una sentencia que fija una indemnización por daño moral sin
explicar los criterios empleados para determinar su cuantía podría incurrir en
una insuficiencia motivacional. Por consiguiente, una resolución que establezca
un monto indemnizatorio sin relación con las circunstancias fácticas
acreditadas dentro del proceso podría evidenciar problemas de incoherencia o inatinencia argumentativa. Por ello, los estándares
desarrollados por la Corte Constitucional del Ecuador (2021) permiten evaluar
si las decisiones judiciales relacionadas con daño moral cumplen efectivamente
con las exigencias derivadas del debido proceso (Naranjo & López, 2025).
Conforme a ello, la
Sentencia No. 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, constituye
un precedente de especial relevancia para fortalecer la seguridad jurídica en
materia de responsabilidad civil. La exigencia de una fundamentación normativa
y fáctica suficiente contribuye a que las decisiones relacionadas con daño
moral sean más transparentes, razonables y previsibles. Asimismo, favorece el
control de la actividad jurisdiccional y garantiza que las partes procesales
comprendan las razones que justifican la cuantificación de las indemnizaciones
impuestas (Lobato et al., 2025).
Por tanto, la
aplicación de los criterios establecidos por la Corte Constitucional del
Ecuador (2021) representan una herramienta útil para reducir los márgenes de
arbitrariedad en la fijación de indemnizaciones por daño moral. La adecuada
motivación de las sentencias no solo protege el derecho al debido proceso, sino
que también fortalece principios constitucionales como la seguridad jurídica,
la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva, contribuyendo a la
consolidación de un sistema judicial más coherente y legítimo (Sanmartín,
2025).
Los resultados
obtenidos a partir del análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial
permiten contrastar el problema jurídico inicialmente planteado y evidencian
que la cuantificación del daño moral en Ecuador continúa representando uno de
los principales desafíos dentro del ámbito de la responsabilidad civil, debido
a la ausencia de criterios uniformes que orienten la determinación de las
indemnizaciones. A pesar de que el ordenamiento jurídico reconoce la
procedencia de la reparación por daño moral, no establece parámetros
específicos que permitan delimitar objetivamente la valoración económica de
este tipo de afectaciones. El artículo 2232 del Código Civil (2005) se limita a
señalar que la indemnización procede cuando se encuentre suficientemente
justificada la gravedad del perjuicio y de la falta, dejando a la prudencia del
juez la determinación del valor correspondiente. Esta situación ha generado un
amplio margen de discrecionalidad judicial que repercute directamente en la
seguridad jurídica y en la previsibilidad de las decisiones adoptadas por los
operadores de justicia (Pesantez et al., 2021).
En relación con el
principio de seguridad jurídica, se determinó que su efectividad no depende
exclusivamente de la existencia de normas previas, claras y públicas, sino
también de la coherencia y uniformidad con que estas son aplicadas por las
autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, el análisis realizado evidenció que,
en materia de daño moral, es frecuente encontrar diferencias significativas en
la fijación de indemnizaciones frente a circunstancias fácticas similares, lo
que dificulta que los ciudadanos puedan prever razonablemente las consecuencias
jurídicas derivadas de la actuación judicial (Sanmartín, 2025). Esta falta de
uniformidad afecta la confianza en la administración de justicia y debilita la
certeza que debe caracterizar al Estado constitucional de derechos y justicia
(Guerrero & Orellana, 2026).
Asimismo, la
investigación permitió identificar que la naturaleza extrapatrimonial del daño
moral constituye un factor determinante en las dificultades relacionadas con su
cuantificación. Al tratarse de afectaciones vinculadas al sufrimiento, la
angustia, la dignidad o la integridad emocional de las personas, su valoración
económica presenta un elevado componente subjetivo. No obstante, esta
complejidad no debe interpretarse como una justificación para la ausencia de
criterios orientadores, puesto que ello podría derivar en decisiones
desproporcionadas o insuficientemente fundamentadas. Por el contrario, la
subjetividad inherente al daño moral exige una argumentación judicial más
rigurosa y debidamente motivada (Jacho, 2023).
Otro de los
resultados relevantes obtenidos en la investigación se relaciona con la
aplicación del principio de proporcionalidad en la fijación de indemnizaciones.
Se evidenció que, aunque este criterio constituye una herramienta esencial para
garantizar reparaciones razonables y acordes con la magnitud del daño sufrido,
su utilización dentro de la práctica judicial ecuatoriana no siempre es
explícita ni uniforme. En diversos casos
aquí analizados, los montos indemnizatorios son establecidos sin una
explicación suficiente respecto de los elementos considerados para determinar
su cuantía, lo que incrementa la percepción de arbitrariedad y dificulta el
control sobre la racionalidad de las decisiones emitidas (Lobato et al., 2025).
Del mismo modo, el
estudio permitió establecer que la motivación de las sentencias representa una
garantía indispensable frente a posibles excesos en el ejercicio de la
discrecionalidad judicial. A partir del análisis de la jurisprudencia
constitucional, especialmente de los parámetros desarrollados por la Corte
Constitucional del Ecuador (2021) en materia de motivación, se constató que las
decisiones judiciales deben contener una fundamentación normativa y fáctica
suficiente que permita comprender las razones que sustentan la resolución adoptada.
En el caso específico del daño moral, esta exigencia adquiere especial
relevancia debido a que la ausencia de motivación adecuada puede traducirse en
indemnizaciones carentes de razonabilidad o desconectadas de las
particularidades del caso concreto (Naranjo & López, 2025).
En consecuencia, los
resultados de la investigación evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos
que promuevan una mayor uniformidad en la cuantificación del daño moral dentro
del sistema judicial ecuatoriano. La consolidación de criterios
jurisprudenciales orientadores, el fortalecimiento de la motivación de las
sentencias y la incorporación de parámetros de proporcionalidad y razonabilidad
podrían contribuir significativamente a reducir los niveles de incertidumbre
existentes en esta materia (Toledo & Maldonado, 2025). Tales medidas no
implican restringir la independencia judicial, sino dotar a los operadores de
justicia de herramientas que permitan adoptar decisiones más coherentes,
transparentes y compatibles con el principio de seguridad jurídica.
Los resultados
obtenidos en la investigación permiten advertir que la ausencia de criterios
uniformes para la cuantificación del daño moral constituye un factor que incide
directamente en la seguridad jurídica y en la previsibilidad de las decisiones
judiciales. Como señala Silva (2026), la aplicación recurrente, poco
argumentada e incluso genérica del criterio de equidad, caracterizada por la
homogeneización de montos y por motivaciones que devienen en aparentes e
insuficientes, compromete la seguridad jurídica generando imprevisibilidad para
las partes y afectando la legitimidad de las decisiones judiciales. Esta
afirmación evidencia que la seguridad jurídica no constituye únicamente una
categoría teórica del derecho, sino una exigencia práctica vinculada a la
necesidad de que las decisiones jurisdiccionales sean coherentes, razonables y
suficientemente fundamentadas. Desde esta perspectiva, la determinación de
indemnizaciones por daño moral requiere criterios jurídicos verificables que
permitan fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia y
reducir los riesgos derivados de una discrecionalidad excesiva (Pesantez et
al., 2021).
Por ello, se pudo
determinar que la seguridad jurídica y la reparación integral no constituyen
principios contrapuestos, sino complementarios. Mientras la reparación integral
procura restituir, en la mayor medida posible, las consecuencias derivadas del
daño sufrido por la víctima, la seguridad jurídica exige que dicha reparación
sea establecida mediante decisiones previsibles, debidamente motivadas y
ajustadas a criterios objetivos de razonabilidad. En este contexto, Abdala y Abdala-Arata (2026) destacan la necesidad de desarrollar métodos de
cuantificación que permitan justificar racionalmente los montos
indemnizatorios, fortaleciendo así la coherencia y legitimidad de las
decisiones jurisdiccionales. Por tanto, la construcción progresiva de
estándares orientadores para la cuantificación del daño moral representa un
desafío necesario para fortalecer la legitimidad del sistema de responsabilidad
civil ecuatoriano y garantizar una tutela judicial efectiva acorde con los
postulados del Estado constitucional de derechos y justicia (Sanmartín, 2025).
En resumidas cuentas,
la cuantificación del daño moral representa uno de los mayores desafíos dentro
del derecho de daños, debido a que los perjuicios recaen sobre bienes
inmateriales como la honra, la reputación o la integridad psicológica de la
persona. Esta situación provoca dificultades para establecer criterios
homogéneos de valoración económica, lo que puede generar diferencias
significativas en las decisiones judiciales. En este sentido, Weber (2020) señala que no existe una solución uniforme para
el tratamiento de los daños morales, debido a las divergencias existentes en
torno a los métodos de valoración y reparación empleados por los tribunales.
Esta falta de uniformidad evidencia la necesidad de desarrollar parámetros
objetivos que contribuyan a fortalecer la seguridad jurídica en la fijación de
indemnizaciones.
Conclusiones
El estudio
permitió determinar que la ausencia de criterios uniformes para la
cuantificación del daño moral y la fijación de indemnizaciones en el Ecuador
constituye un factor que puede afectar la seguridad jurídica, debido a que
incrementa los márgenes de discrecionalidad judicial y dificulta la
previsibilidad de las decisiones emitidas dentro del ámbito de la responsabilidad
civil. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos que
contribuyan a una aplicación más coherente y razonable del derecho.
Asimismo, se
estableció que la naturaleza extrapatrimonial y subjetiva del daño moral
representa uno de los principales desafíos para los operadores de justicia al
momento de determinar la cuantía indemnizatoria. No obstante, la complejidad
inherente a este tipo de afectaciones no justifica la inexistencia de
parámetros orientadores, sino que exige una valoración cuidadosa de las
circunstancias particulares de cada caso, sustentada en criterios jurídicos
objetivos y suficientemente fundamentados.
Se concluyó que los
principios de proporcionalidad y razonabilidad constituyen herramientas
indispensables para garantizar que las indemnizaciones por daño moral cumplan
efectivamente con su finalidad reparadora. La aplicación adecuada de estos
principios favorece la adopción de decisiones más equilibradas y acordes con la
magnitud del daño sufrido, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad
jurídica y a la protección efectiva de los derechos de las personas
involucradas en el proceso judicial.
De igual manera, se
evidenció que la motivación de las sentencias representa una garantía
constitucional esencial frente a posibles manifestaciones de arbitrariedad en
la fijación de indemnizaciones por daño moral. Los estándares establecidos por
la Corte Constitucional del Ecuador, particularmente a través de la Sentencia
No. 1158-17-EP/21, exigen que las decisiones judiciales contengan una
fundamentación normativa y fáctica suficiente que permita comprender los
criterios empleados para determinar la procedencia y cuantía de la reparación,
fortaleciendo con ello la transparencia y legitimidad de la función
jurisdiccional.
Se concluye que la
construcción progresiva de lineamientos orientadores basados en el precedente
judicial, la proporcionalidad, la razonabilidad y la debida motivación podrían
contribuir a reducir la incertidumbre existente en la cuantificación del daño
moral y promover una mayor uniformidad en las decisiones judiciales. Sin
embargo, dichos lineamientos no deben interpretarse como mecanismos rígidos que
restrinjan la independencia judicial reconocida constitucionalmente, sino como
herramientas de apoyo que permitan a los operadores de justicia adoptar
resoluciones más coherentes, previsibles y respetuosas del principio de
seguridad jurídica, atendiendo siempre a las particularidades de cada caso
concreto.
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