Recibido:13/mayo/2025      Aceptado:24/octubre/2025

 

La Orden de Predicadores Dominicos de Bayamo: secularización y desequilibrio institucional (Original)

The Order of Dominican Preachers of Bayamo: secularization and institutional imbalance (Original)

 

Damiana Niurka Pérez Figueredo. Licenciada en Marxismo Leninismo e Historia. Máster en Historia del Pensamiento Cubano y Latinoamericano. Profesor Asistente. Investigador Agregado. Centro de Investigación Casa de la Nacionalidad Cubana. Bayamo. Cuba.

[ dniurkapf @gmail.com ]  [ https://orcid.org/0000-0003-2926-8556 ]

 

Resumen

El presente estudio aborda la implementación del proceso de secularización de la Orden de Predicadores Dominicos en el contexto histórico de la jurisdicción de Bayamo en 1842. Destaca la desamortización de todos los bienes acumulados, teniendo en cuenta que su capital llegó a constituir el segundo de su tipo en la isla, antecedido por el convento de la Habana en igual período. El impacto de dicho programa también trascendió al ámbito social de la jurisdicción en el que los grupos, principalmente la élite y el convento, habían legitimado un importante sistema de relaciones basado en intereses comunes que luego se verán afectados. El proceso científico de la investigación se desarrolló desde la ciencia histórica con un carácter descriptivo y el empleo de métodos teóricos que permitieron demostrar las particularidades de la implementación de la secularización de los dominicos en Bayamo, y la desarticulación de las relaciones entre el convento y la sociedad bayamesa durante la primera mitad del siglo XIX.

Palabras clave: Orden de Predicadores Dominicos; patrimonio económico; secularización; sociedad bayamesa

Abstract

This study addresses the implementation of the Secularization process of the Order of Preachers Dominicans in the historical context of the jurisdiction of Bayamo in 1842, highlighting the unfavorable consequences it generated for the conventual heritage, considering that its capital became the second of its kind on the Island, preceded only by the convent had legitimized an important system of relationships based on common interests that would later by affected. The scientific process of the research is grounded in Historical Science with a descriptive charter and employs theoretical methods such as Historical-Logical, which allows for contextualization and análisis of the study of the topic, as well as Analytical-Synthetic and Inductive-Deductivemethods to demostrate is particularities and the disarticulation of relationships between the Convent and Bayamo society in the first half of the 19th century.

Keywords: Order of Preachers Dominicans; economic heritage; secularization; bayamese society

Introducción

A inicios del siglo XIX, las órdenes religiosas en Cuba continuaban una orientación en ascenso hacia todos los espacios de la sociedad criolla en su conjunto. Con el reordenamiento y organización interna de la estructura de la Iglesia Católica y los beneficios otorgados por el Patronato Regio gozaban de prestigio, poder y estabilidad, unido a un casi absoluto predominio espiritual. Sin embargo, su evolución devino en un complejo proceso que también estuvo matizado por condicionantes externas derivadas de las aspiraciones modernizadoras de la monarquía borbónica, al implementarse un conjunto de reformas en el imperio colonial del continente americano que con el triunfo del liberalismo español se impuso al modelo insular. Entre otros asuntos, arremetían contra los privilegios de la Iglesia Católica y, en especial, contra las órdenes religiosas a partir de la implementación de la desamortización de todos sus bienes, y con ello, la imposibilidad de recibir las rentas que producían.

La Orden de Predicadores había alcanzado una particular importancia en la jurisdicción de Bayamo desde la década del 30 del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Para su institucionalización contó con las contribuciones que legara el Capitán Francisco Parada mediante testamento a la Villa San Salvador de Bayamo, con el propósito de garantizar la implementación de una Obra pía que ofreciera servicios educacionales a los habitantes de la jurisdicción (Milanés, 2021).

El legado también proporcionó al convento un importante patrimonio que le posibilitó cumplir con las funciones educacionales y también generar fuentes seguras de ingreso de capitales a partir de la administración de las propiedades rurales de haciendas productivas que constituían propiedad del convento dominico; así como los ingresos derivados de los beneficios eclesiásticos de censos, imposiciones y capellanías. Este artículo tiene como objetivo analizar el proceso de secularización de la Orden de Predicadores Dominicos y, con ello, la desarticulación de sus relaciones con la sociedad bayamesa. La investigación tiene como soporte el empleo de fuentes bibliográficas y documentos primarios de archivo que permiten demostrar la importancia histórica del tema.

La jurisdicción de Bayamo en el Departamento Oriental contó con las condiciones favorables para el establecimiento y trascendencia de la orden dominica, ya que constituía una de las jurisdicciones más extensas en la región y su población era numerosa, llegando a alcanzar 30 000 habitantes aproximadamente (Lago, 1996). Su economía se basaba esencialmente en la producción ganadera que junto a la explotación de la tierra eran las fuentes fundamentales de riquezas. Entre los principales renglones se encontraban, además, las producciones derivadas del ganado, el cultivo del tabaco y, en menor medida, la producción de azúcar, madera y frutas.

Los dominicos de Bayamo alcanzaron un abundante patrimonio que fue reconocido como uno de los más extensos de la Orden en la isla. Las donaciones y herencias que recibieron convirtieron a la orden en grandes terratenientes (Gómez, 2024), este era un proceso común en los territorios donde hubo presencia dominica, alternativa que emplearon para la subsistencia a partir de las primeras décadas de fundados los conventos. De ese modo, también los altares y retablos fueron exponentes de las contribuciones de los vecinos y la intensa actividad religiosa.

En el siglo XIX la ideología ilustrada española, desde una posición racionalista, apuntaba a la transformación de la realidad en los ámbitos económico y social tanto de la metrópolis como de sus colonias en el continente americano, al considerarlos el centro de los principales problemas y donde el factor de la productividad era esencial e inherente a las alternativas de desarrollo (Pino, 2012). La deficiente gestión económica de la monarquía, el costo de las invasiones napoleónicas, los conflictos internos entre las posiciones liberales y conservadoras, unido a la pérdida de algunas colonias y abundantes propiedades en el continente americano a partir de 1810, desencadenaron un estancamiento en la economía española respecto al resto de Europa que la sumergió en una profunda crisis, por lo que implementó alternativas para enfrentar tal situación.

La aprobación de la Constitución de Cádiz en 1812, vigente hasta 1814 y extensiva al imperio colonial, además de significar la apertura al modernismo para la metrópolis, había reflejado con anterioridad la intención de limitar las facultades de la iglesia en relación a la intervención de los bienes de las órdenes religiosas, para lo cual era necesario terminar con sus privilegios. La institución representaba un obstáculo desde el punto de vista económico, pues a pesar de constituir un pilar básico para mantener el sistema colonial en la isla, también había cobrado amplias facultades en este ámbito.

La extraordinaria acumulación de propiedades agrícolas amortizadas por el clero con técnicas atrasadas la substraía de los procesos de circulación y el comercio, y limitaba el acceso de los productores arrendatarios a la propiedad sobre la tierra, problema que se identificó como “manos muertas”, entendido como:

Propiedad amortizada o, vinculada como patrimonio a una institución, y de la que no se puede disponer libremente debido a una serie de limitaciones jurídicas. El objetivo primordial de la desamortización fue la enajenación o desvinculación de esos bienes, su “liberación”, para ponerlo en manos de particulares y propiciar el desarrollo capitalista, ya fuera como subasta al mejor postor o redención, si se trataba de un arrendatario que pagaba derechos. (Leiva, 2007, p. 197)

El sector agrario constituía el principal sujeto económico de incidencia en el problema hacendístico, y estos factores, unidos a otros sociales, contribuyeron a la formación y radicalización de un pensamiento modernizador que, durante el Trienio Liberal de 1820-1823 y a mediados de la década del 30, generaron la implementación de reformas y numerosas medidas de carácter desamortizador con un fuerte sentimiento anticlerical que no demoraron en ser reglamentadas sobre la orden dominica. Por otra parte, las relaciones familiares y sociales que se tejieron con el ámbito religioso también atañían intereses en los ámbitos económicos y sociales que los hacían sostenible, ello posibilitaba que mantuvieran estrechos vínculos con la élite productora, lo que hacía complejo dicho proceso (Capdevila, 2024).

Con la designación de Juan de Dios Álvarez y Méndez, conocido como Mendizábal, como Presidente del Consejo de Ministros de España en 1835 durante el gobierno del Conde de Toreno, quedarían sentadas las bases políticas e ideológicas de la desamortización, las cortes de Cádiz reconocían al catolicismo como única religión pero quedaba bajo el control del Estado en las nuevas condiciones. Este paso significaba uno de los principales procesos desamortizadores de la historia de España, en coherencia con la ideología ilustrada y las bases de la Constituyente de Cádiz de 1812.

El ascenso del laicismo español y la influencia política de la legislación secularizadora, modifican profundamente la estructura económica y social del criollismo isleño. De esa manera, emerge una mentalidad laica que desvanecía la condición absoluta y ferviente de la concepción cristiana sobre la realidad, produciendo cambios en las múltiples actividades sociales y religiosas que estuvieron a cargo de las órdenes monásticas, en el caso de los dominicos como se ha hecho referencia.

El proceso de secularización estuvo caracterizado por varias fases durante el período comprendido entre 1834 y 1854. En relación con el clero regular, la cuestión abarca desde 1835 a 1837, pero la etapa más radical fue la acontecida entre 1837 y 1842, en particular para la orden dominica que había logrado ser acreedora de un fuerte patrimonio económico (Capdevila, 2024).

El sector hacendístico que había formado estrechos vínculos con los predicadores dominicos transita de una mentalidad tradicional católica-feudal a productores oligarcas con un pensamiento laico y comercial, lo cual no tardó en representar un serio peligro frente a las bases y prerrogativas de la Orden con una tendencia a la fragmentación de las relaciones con la sociedad a partir de la década del 20 del siglo XIX.

Sin embargo, en la jurisdicción de Bayamo, la mayoría de los grupos sociales habían sido defensores de la permanencia del convento dominico, pues su indiscutible labor les proporcionó la solución a algunos problemas acumulados por décadas como la añorada enseñanza de primeras letras que, mediante el legado de Francisco Parada, que se desarrolló  en el colegio dominico y que, debido a la política desamortizadora durante el trienio liberal, se encontraba en una crítica situación por falta de recursos monetarios que hacía insostenible la realización de los servicios religiosos y educacionales.

En tal sentido, en el ámbito económico, la elite ganadera bayamesa no veía afectado su patrimonio y representación social, ya que por más de una centuria puso al servicio del convento propiedades agrarias que le sirvieron de fuentes de ingresos con amplios beneficios, y que habían ingresado al patrimonio conventual como resultado del legado, ello le permitió desarrollar la actividad de arrendamiento y contratación de mano de obra. Igualmente, se oponían a todo aquello que pudiera afectar los acuerdos con el poder colonial y favoreciera el propósito de la independencia de España mediante el enfrentamiento al gobierno colonial, y que ello desencadenara una sublevación de esclavos similar a los sucesos acontecidos con la Revolución de Haití, y las guerras emancipadoras en el continente americano (Ibarra, 1995).

El campesinado que estaba contratado poseía tierras en arriendo al 5% en parcelas y estancias pertenecientes al convento que le ofrecía garantía y estabilidad a su precaria economía familiar. La composición del clero regular dominico era mayoritariamente criolla, por lo que se identificaban con la situación económica y política que afectaba a la orden. La comunidad de intereses entre el convento dominico y los grupos de la sociedad bayamesa, a partir de los estrechos vínculos establecidos en varios ámbitos, constituyeron razones de peso para asumir una posición en defensa de la orden y del status colonial durante el periodo desamortizador entre 1820-1823.

Sin embargo, el segundo obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa (1802-1832), de tendencia liberal, se oponía a la concepción feudal de la iglesia y se inclinaba hacia una transformación renovadora de la ideología católica por el camino de la Ilustración; su línea de pensamiento era partidaria del antirracismo, antiesclavismo y antilatifundismo, cuestiones estas que afectaban el desarrollo del sistema imperante. El avance de la ideología reformista sobre las proyecciones económicas contó con su apoyo y defendía la idea de la pequeña propiedad agraria como base de desarrollo (Fernández, 2012).

Unido a ello, la secularización significaba un amplio proceso de laicización de la sociedad que ocupaba el ámbito ideológico cultural escolástico y la desamortización de las propiedades eclesiásticas. El segundo periodo liberal extendió la secularización a todos los conventos de la isla, subordinaba el clero regular al secular en las iglesias, e ignoraba las jerarquías superiores provinciales como la dominica Santa Cruz de La Española, debiendo reconocer solamente a obispos y arzobispos.

Sin embargo, aunque fueron restablecidos y devueltas sus propiedades tras el retorno de Fernando VII al poder español en 1823, la Real Orden del 20 de diciembre de 1836 sobre la desamortización parcial de las propiedades de la iglesia en España, sí condicionó en Cuba un proceso de medidas interventoras que fueron creando las bases para la definitiva secularización del clero regular entre 1836 y 1841. En el imperio colonial de España en América, la orden dominica fue obligada a ceder los edificios conventuales según establecían las disposiciones, así como el resto de sus posesiones (Capdevila, 2024).

En 1837 Juan Álvarez Mendizábal comunica las orientaciones para su cumplimiento a Claudio Martínez Pinillos, Conde de Villanueva y Superintendente de Hacienda en Cuba, para llevar a efecto de conjunto con las Administraciones Generales de Rentas Terrestres y Prelados Provinciales y Locales a inicios de 1838 (Archivo Nacional de Cuba, 1838a). Las disposiciones prohibitivas soberanas fueron publicadas en los periódicos de la época con el propósito de impedir la enajenación de todo o parte de sus bienes por los regulares.

Para la intervención parcial fueron designados interventores encargados de realizar inventario a todos los bienes de las órdenes en Cuba e incautar sus propiedades, y supervisar el control de los ingresos y gastos. Por otra parte, autorizaba la continuidad de todos los establecimientos tanto de los servicios piadosos como de las labores de instrucción y la administración; todo quedaba bajo el control del Estado (Archivo Nacional de Cuba, 1839).

Se trataba de un largo proceso histórico, económico y social que ponía en el mercado previa expropiación forzosa y mediante subasta pública, las tierras y bienes que hasta el momento no podían ser vendidos al pertenecer a las órdenes religiosas e iglesia católica, y que habían sido acumuladas por donaciones, testamentos, legados, y que servían de arrendamiento.

Quedaba prohibido su desmembración y ventas arbitrarias de las propiedades. En Bayamo se hizo inventario por separado de los objetos, dejando al convento lo necesario para su uso, como por ejemplo algunos muebles, no se dejaron fincas rústicas o urbanas, esclavos, ganados, censos, ni esculturas; también se disponía que los religiosos que se trasladarían a otra institución católica serían auxiliados hasta su destino (Archivo Nacional de Cuba, 1838b).

En este proceso, las cortes españolas solicitaron al gobierno colonial un subsidio extraordinario de guerra destinado a sufragar gastos de la contienda con los carlistas. Las orientaciones de la Junta de Subsidio de Guerra de la isla, presidida por el Gobernador y Capitán de Cuba Joaquín Espeleta y Enrile (1838-1840), indicaban que “se proceda al remate en subasta pública de todas las propiedades rusticas y urbanas pertenecientes en toda la isla á los conventos de regulares dominicos, agustinos, mercedarios, y belemitas, hasta la concurrente cantidad de dos millones de pesos” (Archivo Nacional de Cuba, 1839, p.12).

En relación a esta orientación, el interventor de los bienes de los regulares de Bayamo se reunió con la congregación de la orden el 3 de septiembre de 1840 para explicar que, de acuerdo con la medida tomada por el gobierno supremo, se debía proceder a la venta de los bienes para el subsidio de guerra ya que en virtud de la enajenación dejaron de pertenecer a la Obra Pía del legado de Francisco Parada. Para ello, se tomó en cuenta el voluminoso expediente formulado y entregado por el Prior General Fray Fernando Izquierdo (Archivo Histórico Arquidiócesis de Bayamo, 1840).

El Conde de Villanueva advertía sobre algunos problemas que la secularización del clero regular podía crear en la isla, pues el panorama de las guerras de independencia en las colonias hispanas y la cercanía a los estados republicanos, muchos de los cuales fueron colonias de España, significaba una seria preocupación y un riesgo, que incitaba a analizar si sería conveniente destruir en ese momento las corporaciones tan veneradas por los pobladores de la isla, ya que eran de gran ayuda al orden y la tranquilidad pública:

El número de individuos del clero secular son muchos ancianos y achacosos (…) sin que otros los reemplacen (…) No se encontrarían otras personas capaces de dirigir y adoctrinar al pueblo en los preceptos de la religión y la moral (…) motivo este por el que se caerán los pueblos en las tinieblas de la ignorancia y el olvido de sus deberes sociales. Las iglesias y las parroquias están desiertas y solo la de los conventos es donde se percibe concurrencia y solemnidad en la celebración de las festividades religiosas. (Archivo Nacional de Cuba, 1839, p. 22)

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló mediante el enfoque cualitativo desde la ciencia histórica con el empleo de los métodos teóricos Histórico-Lógico, Analítico- Sintético e Inductivo-Deductivo para contextualizar y analizar el proceso de secularización del convento dominico, y el impacto que generó en las relaciones entre la orden y la sociedad bayamesa. Para la recopilación de la información se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica, así como la consulta de fuentes primarias de archivo en el Archivo Nacional de Cuba, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Bayamo, y el Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago de Cuba, las que abordan varios aspectos vinculados a las actividades económicas en que se insertaron, así como el estado de las propiedades del convento en la jurisdicción como las haciendas, estancias y casas.

Así mismo, resultaron útiles la consulta de los informes de inventarios, y los libros de registro de ingresos monetarios por concepto de arrendamientos de las propiedades conventuales, permitiendo analizar y confirmar el amplio patrimonio de la orden dominica que posteriormente fue sometido a la secularización. Además, se consultó la información existente en fuentes secundarias de artículos científicos que desde otras perspectivas tienen similitud al proceso objeto de estudio implementado en Cuba y en particular en Bayamo, teniendo en cuenta que la secularización fue aplicada a la institucionalidad católica en el continente americano.

Análisis y discusión de los resultados

En el período de 1836 a 1842, la secularización puso en manos de la Hacienda Pública todos los bienes de los regulares de Bayamo, que habían sido inventariados por el prelado ordinario para la desamortización con expresión de las fincas, ganado, frutos, esclavos, títulos de propiedad, cobranzas atrasadas o corrientes, produciéndose un desmembramiento de todos sus bienes. El procedimiento para la desamortización consistía en dar a conocer públicamente las propiedades incautadas que pasaron a manos del estado colonial convertidas en bienes nacionales (Marrero, 1984).

Este fue considerado un largo proceso histórico, económico y social en que luego de la expropiación forzosa y mediante subasta pública llevaba al mercado las tierras y bienes que pertenecieron a las órdenes religiosas y la iglesia que hasta el momento no podían ser vendidas, y que habían sido acumuladas por donaciones, testamentos, legados, y que servían de arrendamiento.

Las propiedades rurales de los dominicos de Bayamo sujetas a la desamortización desde 1839 fueron significativas, a diferencia de otras órdenes en la isla, teniendo en cuenta la alta productividad y rendimiento que alcanzó la actividad agroganadera durante la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, integradas por 31 haciendas con ganado de varias tipologías, 13 corrales dedicados a la cría de ganado porcino, 88 estancias o vegas en las márgenes del río Yara, otras 73 estancias o vegas en las márgenes del río Jibacoa, y 205 caballerías de tierras parcialmente cultivadas en toda la jurisdicción (Archivo Nacional de Cuba, 1839).

El 18 de diciembre de 1841 se realizó el inventario de las alhajas pertenecientes a la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario por Diego José Baptista, cuantificando una valiosa fortuna que era exponente de los vínculos y relaciones del convento con las familias acaudaladas de la sociedad (Archivo Nacional de Cuba, 1841). De doce inmuebles que se encontraban en buenas condiciones constructivas, cuatro ubicados en la calle de la Asunción fueron convertidos en Cuartel de Infantería en 1842, poniéndose a disposición de la remodelación los censos recaudados por los ocho inmuebles restantes. También en el edificio templo de Santo Domingo, en parte deteriorado, se comenzó a construir un Cuartel de Caballería (Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago de Cuba, 1842a).

Otras propiedades urbanas se encontraban en estado ruinoso como las dos fábricas y otras dos viviendas en condiciones inhabitables e imposibles de alquilar, por lo que disminuye el valor del capital al momento de la enajenación y no sobrepasó los 3672 con una renta anual de 183.6 pesos. Estas propiedades representaban muestras de la variada composición del patrimonio conventual que también le proporcionaba nexos con varios sectores de la sociedad. De igual forma, fue suprimido el convento de San Francisco de Bayamo, su edificio se encontraba en estado ruinoso y poseía 9 fincas urbanas con un valor capital de 590 pesos que también fueron confiscadas (Archivo Nacional de Cuba, 1842a).

La ley de supresión tendría en cuenta la necesidad de cubrir gastos mínimos por el Estado para el culto y las actividades en las instituciones educacionales, de beneficencia y salud, que habitualmente eran desempeñadas por las órdenes religiosas, con el propósito de mantener la tranquilidad y seguridad en la isla. De esa manera, se interrumpía el desarrollo educacional, sustentado en las bases lacasianas de formación tomista y misionera (Chaparro, 2025), que desempeñaba el convento en la jurisdicción. Igualmente, la nueva situación de crisis económica institucional generada por la ley de secularización frenaba la amplia actividad religiosa que por más de una centuria había realizado el convento. Dicha situación expuso bajo la misma condición a la institucionalidad religiosa española (Hernández, 2024).

Los predicadores afectados por esta ley, igual que las demás órdenes religiosas, recibieron una asistencia económica del Estado a cambio de la expropiación. El capitán General de la isla era la figura facultada para autorizar la exclaustración de cada religioso, que previamente debía presentar la solicitud a su superior y tramitarla ante el Obispo. Los regulares exclaustrados quedaban fuera de la vida conventual y ejercían como seculares; en Bayamo fueron congregados 5 religiosos dominicos con una pensión anual de 2400 pesos. La exclaustración masiva de los regulares y la transformación de las comunidades religiosas en congregaciones seculares, constituyeron la última etapa del proceso de secularización en Cuba (Segreo, 1998).

Para adquirir los bienes que el Estado colonial disponía para la venta, los interesados debían proceder de acuerdo con las condiciones que instituía el reglamento para el remate de los bienes y solicitar la tasación. Se fijaba el pago inicial del 20% al contado y el resto a pagar en un término de 16 años en lo adelante (Marrero, 1984). En este caso estaban los arrendatarios que conservaban las propiedades de los dominicos de Bayamo bajo contrato, pero con el interés de adquirir el bien en propiedad. Algunas fueron subastadas, vendidas, arrendadas, otras quedaron en manos del estado, disponiendo de una parte al reparto vecinal aprobado por la Junta General de la Isla (Archivo Nacional de Cuba, 1842b).

En informe emitido por la Comisión visitadora de la Diócesis de Santiago de Cuba al Vice Patrono Real de la isla, partidaria de las reformas ilustradas para propiciar el desarrollo capitalista y el avance tecnológico, refería que las propiedades que fueron de los dominicos en Manzanillo la convertirían en una de las comarcas más productivas si se abrían al desarrollo del campo agrícola y la industria pecuaria, así como la acumulación de capitales con el incremento de las rentas y el valor de las importaciones y exportaciones que se podrían alcanzar por el puerto de Manzanillo. El valor del capital que allí poseían era de 273 460 pesos con una renta de 13 673, además de las 200 caballerías de tierras (Archivo Nacional de Cuba, 1842b).

La situación provocada por la secularización debilitaba a la orden como estamento privilegiado, la desamortización desmantelaba las bases económicas y privaba a la sociedad de servicios sociales vitales que, en ocasiones, no eran atendidos por la iglesia. Pero para el funcionamiento del colegio y las actividades religiosas se requerían del financiamiento que le proporcionaban las fuentes de ingresos por las contribuciones, y las rentas por arrendamiento que habían sido desarticuladas.

Luego de la supresión de los dos conventos, en Bayamo quedaron abiertos, solamente, cuatro templos: Santísimo Cristo del Buen Viaje, Nuestra Señora de Regla, San José, y Nuestra Señora de la Luz. El tercero de los templos era sumamente reducido, con poca capacidad para atender a la población y solo abría en determinados días ya que, por la falta de rentas, se encontraba en estado de deterioro y se realizaban pocas misas; los demás se encontraban en condiciones similares.

Esta situación generó gran preocupación al Vicario de la Iglesia Católica San Salvador, Diego José Baptista, teniendo en cuenta que al arribar el año 1842, la población de la jurisdicción había aumentado, en relación con el año anterior, en 7000 almas y, por otra parte, la utilidad de continuar predicando el evangelio a toda la población.

 En tal sentido, fue solicitado al Gobierno del Arzobispado de Santiago de Cuba la reapertura de las iglesias de ambos conventos, por la utilidad para realizar las misas, y porque la mayoría de la población habitaba en las inmediaciones de estos, de otro modo “ es muy gravoso concurrir a la Parroquia, así como por la distancia como por la decencia en el vestido, pues tiene que atravesar el corazón de esta ciudad para ir a la parroquial, con razón a sus escasos recursos (Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago de Cuba, 1842a, p. 54).

De tal manera se resolverían las preocupaciones antes expuestas, encargando a los capellanes las misas señaladas con la asignación de rentas suficientes para ello. El subdelegado de la Real Hacienda de Bayamo informaba al Intendente de la Provincia la importancia de conservar los templos abiertos, facilitar el pasto espiritual, y dar utilidad a los edificios.

El 16 de marzo de 1842, la respuesta de la Intendencia y del Arzobispado de Santiago de Cuba fue positiva a la solicitud de Diego José Baptist; le fueron entregados los templos, los ornamentos y enseres necesarios. Para ello fue mandado a retirar el Destacamento de tropas de la guarnición de Bayamo que había ocupado los edificios templos de los dominicos y los franciscanos que habían pasado a propiedad del Estado (Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago de Cuba, 1842b, p.22).

Bajo estas condiciones, ambos templos funcionaron provisionalmente, pero la falta de recursos financieros nuevamente limitó el mantenimiento y sostenibilidad de las actividades religiosas pues, en ese momento, no constituía una prioridad para el Ayuntamiento de la ciudad. Además, las escasas ofrendas y limosnas de los fieles no eran suficientes para sostener el culto.  A pesar de los esfuerzos realizados por la Iglesia Católica de Bayamo en retomar las actividades y funciones eclesiástica, de nuevo, el teniente gobernador con la aprobación del comandante general de Santiago de Cuba, disponía de ambos edificios al ordenar el traslado de la congragación del extinguido convento de Santo Domingo para el edificio conventual de San Francisco, pues las celdas del convento dominico fueron ocupadas por cien hombres de la milicia con sus caballos, armas y enseres.

El Presbítero José de la Concepción Ramírez, presidente de la congregación, indignado documentaba que:

Se ha empezado a derribar las paredes de las celdas por orden del Gobierno sin que para ello haya dado consentimiento, he trasladado para la sacristía del templo de santo Domingo las alhajas y ornamentos de la congregación que existían en las celdas donde vivían mis compañeros el Presbítero Don Luis de Quezada y dos sacristanes. (Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago de Cuba, 1842b, p. 72)

Conclusiones

Las condiciones impuestas por la Real Orden formaron parte de una estrategia que destruía los resortes de la influencia económica, social y política de la élite insular, al propio tiempo que debilitaba las bases económicas y sociales alcanzadas por los predicadores dominicos en comunidad de intereses y estrechos vínculos con la sociedad bayamesa, en los ámbitos socioeconómicos, en el contexto de las relaciones convento sociedad. Sin embargo, su labor por más de una centuria tuvo una profunda incidencia en la evolución de la sociedad criolla en Bayamo que trascendió a la región centro oriental de Cuba. 

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