Recibido: 24/julio/2025 Aceptado: 24/septiembre/2025
El impacto de la inteligencia artificial en el Derecho Penal (Revisión)
The Impact of Artificial Intelligence on Criminal Law (Review)
Ariel Alexander Barreiro Ortega. Estudiante de la carrera de
Derecho. Universidad Técnica de Machala. Ecuador. [ abarreiro1@utmachala.edu.ec ]
[ https://orcid.org/0009-0009-0824-6308 ]
Bryan Oswaldo Espinoza
Fernández. Estudiante de la carrera de
Derecho. Universidad Técnica de Machala. Ecuador. [bespinoza8@utmachala.edu.ec ]
[ https://orcid.org/0000-0001-5883-329X ]
Armando
Rogelio Durán Ocampo. Magister en
Ciencias Jurídicas. Coordinador de Titulación de la carrera de Derecho, Mención
Derecho Penal y Criminología. Profesor Titular de Universidad Técnica de
Machala. Ecuador. [ aduran@utmachala.edu.ec]
[https://orcid.org/0000-0002-9524-0538 ]
El impacto de la inteligencia
artificial en el Derecho Penal en una realidad poco estudiada. En consonancia con esta necesidad, el estudio propone una
evaluación de los aspectos negativos y positivos que representa la posibilidad
de implementación de la inteligencia artificial en el procesamiento de personas
que han cometido delitos en Ecuador. Para ello, se analizó cómo se ha utilizado
la inteligencia artificial en el Derecho Penal de forma directa o indirecta
desde diferentes ángulos. La indagación se basó en demostrar los criterios
ventajosos y exponer los fundados temores de sus detractores al usar la
inteligencia artificial para el Derecho. Este estudio se basó en la información aportada por un análisis documental,
análisis-síntesis e inducción-deducción y la triangulación como procedimiento
metodológico. Como resultado se pudo
concluir que, a pesar de la implementación de la inteligencia artificial
dentro del ámbito jurídico y el logro que algunos países han demostrado al
utilizarlos, no existe un criterio generalizado para su aceptación dentro del
ámbito jurisprudencial, debido a que, si bien existen muchas ventajas en su
uso, también existen muchas cuestiones que han de resolverse y que pueden
perjudicar la seguridad jurídica de los sujetos procesales.
Palabras claves: Derecho Penal; inteligencia artificial; beneficios y
riesgos; jurisprudencia; razonamiento artificial
El
día que la inteligencia artificial se desarrolle por completo podría significar
el fin de la raza humana. Funcionará por sí sola y se rediseñará cada vez más
rápido. Los seres humanos, limitados por la lenta evolución biológica, no
podrán competir con ella y serán superados. (p. 290)
La inteligencia artificial ha
transformado positivamente múltiples actividades en la sociedad, mejorando la
eficiencia y el acceso a la información para millones. En la justicia, ha
permitido sistematizar y automatizar procesos, con la visión de futuros jueces
virtuales para agilizar la resolución de conflictos, especialmente en el ámbito
penal y no penal, mejorando el acceso efectivo y la eficacia judicial. Sin
embargo, esta transformación plantea preocupaciones éticas, sociales y legales
que requieren un análisis cuidadoso. Entre las ventajas reconocidas está la
automatización de tareas repetitivas, comunicaciones electrónicas, generación
automática de textos jurídicos y análisis de datos para investigaciones
criminales, lo que permite a los profesionales del Derecho enfocarse en casos
complejos gracias a la gran capacidad de procesamiento de la inteligencia
artificial (Cuatrecasas, 2022).
Las instituciones de justicia demandan
grandes presupuestos y personal, muchos de ellos desempeñando tareas con poca
especialización jurídica y, a menudo, de manera ineficiente. Por ello, la
automatización mediante inteligencia artificial se presenta como una inversión
para mejorar la eficiencia y reducir costos, reemplazando labores
administrativas que no requieren intervención humana especializada. No
obstante, el estudio enfatiza que, más allá de la eficiencia administrativa, el
impacto de la inteligencia artificial en las funciones de juzgadores en la
justicia penal debe abordarse con cautela, dado que esta esfera implica
evaluación detallada de culpabilidad, implicaciones punitivas y
restablecimiento del bien jurídico afectado. Por ello, el uso de la
inteligencia artificial en procesos de investigación penal debe implementarse
con especial cuidado para preservar la justicia y los derechos de las partes
involucradas.
La inteligencia artificial es
comúnmente utilizada en la justicia penal para buscar, revisar y procesar
grandes volúmenes de documentos y evidencias con rapidez y precisión,
facilitando a fiscales, abogados y jueces el acceso a información relevante
para evaluar la culpabilidad de una persona. Según Prigioni
(2023), la IA se basa en datos objetivos y patrones programados que eliminan la
subjetividad, promoviendo la uniformidad en la administración de justicia,
aunque esto puede llevar a la generalización de las penas.
Sin embargo, existen críticas
importantes a su implementación en la justicia penal. Del Moral (2024) sostiene
que, aunque la inteligencia artificial es una herramienta útil, nunca podrá
reemplazar la decisión del juez humano, que considera mucho más que simples
datos. Otra crítica es la falta de transparencia en los procesos y criterios de
la inteligencia artificial, lo que dificulta comprender cómo se llegan a
ciertas conclusiones jurídicas, generando desconfianza sobre su uso en
decisiones judiciales clave.
El problema de la opacidad de los algoritmos y la falta de
transparencia en el proceso de toma de decisiones de la inteligencia
artificial, es un desafío para la implementación de esta herramienta en el
sistema judicial penal contemporáneo. Sobre el uso de la Inteligencia
Artificial el Papa Francisco ha expresado:
No se trata, pues, de exigir que las máquinas
parezcan humanas; sino más bien de despertar al hombre de la hipnosis en la que
ha caído debido a su delirio de omnipotencia, creyéndose un sujeto totalmente
autónomo y autorreferencial, separado de todo vínculo social y ajeno a su creaturalidad. (La Santa
sede, 2024, p. 2)
Investigaciones han demostrado que el uso de la inteligencia artificial en
procesos de indagación penal ha generado errores judiciales con consecuencias
punitivas para los procesados, debido a que los criterios de evaluación usados
por la IA contienen prejuicios y elementos discriminatorios históricos
incorporados en su programación. Esto ha resultado en afectaciones a personas
de determinados grupos sociales, étnicos y raciales, lo que ha puesto en duda
la confiabilidad y el uso de la inteligencia artificial en el ámbito
jurisprudencial penal (Cuatrecasas, 2022).
La inteligencia artificial ha transformado profundamente la sociedad,
influyendo en casi todas las actividades intelectuales. En el Derecho, su uso
genera controversia, con jóvenes juristas como principales defensores y
abogados veteranos como críticos, quienes, basados en su experiencia, dudan de
que la IA pueda ayudar a resolver conflictos sin poner en riesgo los derechos
de las partes procesales. Autores como Del Moral (2024) han expresado
firmemente su oposición al uso de la inteligencia artificial en decisiones
judiciales.
El problema del uso de la IA en el Derecho no radica en su aplicación per
se, sino en cómo emplearla sin afectar los derechos fundamentales de las
personas, especialmente en la resolución de conflictos sociales y penales. La
idea de que la justicia penal sea impartida por robots genera preocupación,
principalmente por el riesgo para los derechos a la libertad y al debido
proceso de los procesados. Sin embargo, también es imposible rechazar una
tecnología que avanza y muestra resultados positivos en diversas áreas de la
sociedad.
La inteligencia
artificial, según el Diccionario de la Real Academia Española (2024) es la
“Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que
ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el
aprendizaje y el razonamiento lógico” (p. 1). No es un fenómeno reciente, sino
que sus bases se remontan a 1943, cuando McCulloch y Pitts publicaron un
artículo sobre un modelo matemático que imitaba una red neuronal. El término
"inteligencia artificial" fue acuñado en 1956, tras los estudios de
Alan Turing, quien en 1950 planteó que las máquinas podían pensar,
introduciendo la IA como un concepto teórico y filosófico. Los primeros
desarrollos incluyen la máquina de redes neuronales SNARC creada por Marvin Minsky y Dean Edmonds,
el modelo Perceptrón de Frank Rosenblatt, y ELIZA, un
chatbot simulador de psicoterapeuta diseñado por
Joseph Weizenbaum (Amazon Web Services,
2024).
Actualmente, la
IA utiliza programas informáticos y algoritmos para recopilar, analizar y
procesar millones de datos basados en el pensamiento humano, ejecutando tareas
complejas y que requieren mucho tiempo, como atención al cliente, generación de
imágenes, publicidad y redacción de informes. Aunque estos programas no son más
inteligentes que los seres humanos, destacan por su gran eficiencia y velocidad
en el procesamiento de información (Amazon Web Services,
2024).
El software relacionado con la IA adquiere y desarrolla capacidades de
aprendizaje y producción de datos a partir de los que le son suministrados por
el usuario, con independencia de aquellos que le fueron introducidos al momento
de su programación. De tal modo que, la Inteligencia Artificial ha sido definido
por Paredes et al. (2025) como el “conjunto de tecnologías que permiten que las
computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la
capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar
datos, hacer recomendaciones y mucho más” (p. 4). Está considerada como la
columna vertebral de los procesos de innovación al generar no solo contenido
útil para las personas y para la sociedad en general sino para los mismos
procesos informáticos. Uno de sus fines principales es lograr la capacidad de
razonamiento del ser humano, o sea, tal cual lo hace una persona, pero con
mucha mayor eficiencia, debido a la posibilidad de procesamiento ágil de datos.
Teniendo en
cuenta la importancia de los tipos de inteligencia artificial que existen se
realiza una breve distinción entre los mismos, de modo que se pueda entender
cuál sería la más adecuada para ser empleada en el ámbito jurídico. Según Hernández (2019), existen cuatro
tipos de inteligencia artificial (IA): sistemas que imitan el razonamiento
humano para resolver problemas y aprender autónomamente; sistemas que
reproducen el comportamiento humano; sistemas que utilizan pensamiento lógico y
racional para deducir soluciones basadas en información previa; y sistemas
expertos que emulan la racionalidad del comportamiento humano. En el ámbito
jurídico, se debate cuál tipo de IA es más adecuada, pero se considera que los
sistemas expertos son los más coherentes para las demandas de las ciencias
sociales.
La IA ha sido utilizada en el Derecho durante varios años, no para sustituir
a los jueces, sino para apoyar en trámites de investigación, redacción y
procesamiento documental. Su desarrollo exitoso depende de la integración de
diversas disciplinas como informática, estadística, neurociencia, lingüística,
psicología, sociología y filosofía, entre otras, que contribuyen a mejorar su
aplicación y efectividad en el ámbito jurídico.
La inteligencia artificial en el Derecho Penal se ha aplicado
principalmente en la prevención del delito, investigaciones criminales y
análisis en Criminalística, ayudando a identificar patrones de conducta, voz y
movimientos. Según García y Barona (2024), la IA contribuye significativamente
en procesos penales al permitir identificar focos delictivos, optimizar la
distribución de recursos policiales y analizar factores que influyen en la
delincuencia. Estas tecnologías facilitan la eficiencia y efectividad en la
administración de justicia.
Aunque hace décadas el uso de tecnología en el ámbito jurídico parecía
impensable debido a la tradición y temor a riesgos informáticos, hoy es casi
inevitable. La digitalización ha reducido recursos necesarios para los procesos
judiciales y contribuye al cuidado ambiental. Existe una interconexión entre
sistemas informáticos que permite acceder y verificar información de forma
rápida y sin burocracia, como cuando un notario verifica la identidad de un
usuario mediante sistemas del Registro Civil, agilizando diversos trámites
públicos sin necesidad de solicitudes escritas. La inteligencia artificial (IA)
ha transformado diversos aspectos de la administración de justicia,
especialmente en el Derecho Penal, donde facilita la prevención del delito, la
investigación criminal y el análisis criminalístico, detectando patrones de
conducta y optimizando recursos policiales, lo que mejora la eficiencia en los
procesos penales (García & Barona, 2024). Aunque inicialmente el uso de
tecnología en el ámbito jurídico fue resistido por tradiciones y riesgos
informáticos, hoy la digitalización es inevitable y aporta beneficios como la
reducción de recursos y la disminución del impacto ambiental.
Anteriormente,
se señaló que la inteligencia artificial es la ciencia que se encarga del
diseño e implementación de máquinas que pretenden alcanzar e imitar el
razonamiento humano, mientras que dentro de esta misma inteligencia artificial
existe o se desarrolla otra disciplina que ha sido denominada como: “Machine learning” (Forero & Negre,
2024), en español, aprendizaje automático, en virtud de la cual la inteligencia
artificial aprende de los datos que le ha proporcionado previamente su
programador y de los que le proporciona el propio usuario y que no han sido
previamente introducidos. Se trata de un conjunto de algoritmos que, a su vez,
identifican una serie de patrones en el análisis de datos masivos, con lo cual,
realiza luego predicciones.
En la medida
que la inteligencia artificial es utilizada con mayor frecuencia por el
usuario, aumenta el cúmulo de datos y, en consecuencia, el registro de predicciones
o posibilidades de conclusión que puede generar. Aunque el uso de la IA no se
ha generalizado, tanto por la falta de conocimiento como por el temor a que
esta implique la sustitución de los seres humanos por máquinas, los más
optimistas, consideran que la conjugación perfecta sería la combinación entre
el pensamiento humano y las posibilidades de procesamiento eficiente que tienen
las máquinas, lo cual, resulta el criterio mayoritario aceptado en el ámbito
jurídico (Jarrín, 2013).
El ser humano,
ante una dificultad o situación problémica de alta complejidad, realiza un
proceso de búsqueda de información en sus conocimientos previamente adquiridos
para encontrar una posible respuesta o solución. A este proceso según Hernández
(2019) se le conoce como reglas heurísticas, las cuales son el conjunto de
atajos que le permiten al ser humano ofrecer una respuesta rápida sin necesidad
de realizar una serie de cálculos de manera fundamentada. No obstante, estas
respuestas no resultan del todo infalibles debido a la capacidad limitada del
ser humano para alcanzar o tener todos los conocimientos necesarios al procesar
una respuesta. Estas son comúnmente utilizadas en el ámbito computacional y
constituyen un mecanismo de manipulación inteligente que está siendo
implementado en casi todos los programas de inteligencia artificial.
Las reglas heurísticas permiten trabajar con representaciones basadas en
combinaciones de datos e interpretaciones integradas en programas
computacionales, que ya han sido aplicados con éxito en áreas como medicina,
ingeniería, milicia, juegos y reconocimiento de patrones. La tecnología se ha
vuelto indispensable para los humanos, generando una fuerte dependencia de
dispositivos como celulares y computadoras. Este fenómeno de uso creciente e
inevitable de herramientas informáticas e inteligencia artificial también se ha
introducido, con cautela, en el ámbito de la justicia. Las reglas heurísticas
permiten crear representaciones mediante la combinación e interpretación de
datos integrados en programas computacionales, aplicados exitosamente en áreas
como medicina, ingeniería, estrategias militares, juegos y reconocimiento de
patrones. La tecnología se ha convertido en una extensión indispensable para el
ser humano, generando una gran dependencia de dispositivos como celulares y
computadoras. Este uso creciente e inevitable de herramientas informáticas e
inteligencia artificial se ha ido incorporando, con prudencia, en el ámbito de
la justicia.
Un ejemplo de
utilización de las tecnologías en Ecuador en el ámbito jurídico, es el sistema
E-SATJE 2020 – (Sistema de Consulta de Procesos Judiciales Electrónicos), del
Consejo de la Judicatura, por medio del cual, se pueden presentar demandas,
insertar escritos, proponer pruebas, realizar solicitudes, consultar procesos
judiciales siendo parte procesal y otros actos. Existen oportunidades para los
que, sin ser parte, también pueden acceder, debido a la naturaleza pública de
la información. El sistema legal, en no pocos lugares del mundo, ha sido históricamente
tachado como ineficiente, lento, ineficaz y burócrata, por lo que la
incorporación de las tecnologías en algunos trámites fue un salto cualitativo
en la celeridad de la resolución de los asuntos, incluidos los penales, debido
a la agilidad, que permiten estos sistemas.
Una de las
manifestaciones más claras del uso de las tecnologías y la inteligencia
artificial en el ámbito del Derecho es la jurimetría.
Esta es una disciplina que, al utilizar métodos cuantitativos y estadísticos,
realiza una búsqueda de resultados jurídicos analizando datos en el ámbito
jurisprudencial. El propósito de su implementación ha sido determinar patrones
de resultados judiciales con el uso de la inteligencia artificial y big data, de modo que les permita a los sujetos procesales
optimizar sus estrategias legales en el desarrollo del trámite adjetivo (LegalProd, 2024).
El desarrollo
de esta disciplina representa un avance significativo para el Derecho, pues el
análisis de datos jurisprudenciales puede ser un trabajo arduo y complicado
para cualquier país, debido al cúmulo procesal y la cantidad de resoluciones
judiciales que, a diario, son emitidas por dichos órganos de administración de
justicia ordinaria o constitucional, como ocurre en el caso del Estado
ecuatoriano. La jurimetría permite tomar decisiones
procesales e incluso, arribar a nuevas conclusiones jurisprudenciales con mayor
optimización para los actuantes, al facilitar la predicción lógica como
resultado de los litigios basándose en los criterios comúnmente utilizados y
los argumentos de los juristas anteriores, no obstante, ello no implica que
dichos argumentos no den lugar a un cambio radical con los resultados
anteriores, lo cual también, es coherente con el propósito del uso de la jurimetría (LegalProd, 2024).
En el ámbito procesal penal en Ecuador, el uso de tecnologías es una
realidad consolidada que facilita la digitalización de trámites, empezando
desde la denuncia, que puede realizarse en línea a través de la Fiscalía
General del Estado sin necesidad de abogado ni presencia física, lo que mejora
significativamente el acceso a la justicia. Aunque aún se conservan expedientes
físicos como respaldo, existe un avance notable en la informatización, con
documentos electrónicos para solicitudes, notificaciones y citaciones enviados
digitalmente, respaldados por la Ley de Comercio Electrónico y su reglamento
(2002).
El uso de tecnologías como las videoconferencias en
el ámbito procesal penal ha reducido costos para los participantes y
juzgadores, especialmente tras la pandemia del COVID-19, que impulsó la
adopción generalizada de audiencias telemáticas, antes vistas con escepticismo.
Este avance tecnológico ha beneficiado tanto procesos penales como no penales,
ofreciendo garantías adicionales como la autenticidad y verificación de
documentos electrónicos, aunque también ha facilitado la expansión del delito y
planteado nuevos retos jurisdiccionales. Mientras que los delitos
transnacionales tradicionales ya planteaban complejidades jurisdiccionales
debido a la intervención de múltiples países, los ciberdelitos presentan
desafíos aún mayores para el Derecho Penal, al no respetar fronteras
territoriales claras. Esto dificulta establecer la responsabilidad penal y la
competencia nacional para la persecución de estos delitos. Aunque estos
problemas no derivan directamente de la inteligencia artificial, sí son
consecuencia inevitable de la creciente informática en el Derecho, dentro de la
cual la IA juega un rol cada vez más relevante.
Este tema es
aún más complejo, precisamente por las posibilidades y las especulaciones que
alrededor de las inteligencias artificiales se han ido generando, tanto es así,
que se ha considerado posible que, por medio del uso de la inteligencia
artificial, se puedan tomar decisiones judiciales e, incluso, se ha planteado
la idea de un juez robot. Aunque parezca algo realmente hipotético y fugaz,
realmente existen diferentes proyectos que ya utilizan la inteligencia
artificial para la resolución de casos judiciales, donde, con el uso de la
tecnología se disponen fallos judiciales reconocidos legítimamente por los
Estados donde se han implementado.
Según
el criterio de Zurita (2023) “Hace 50 años, los robots aparecían en las
pantallas cinematográficas. Nada hacía pensar que años después, esas mismas
máquinas estarían dirigiendo audiencias o dictando sentencias. Hoy la
inteligencia artificial ha hecho posible lo inimaginable” (p. 2). Al respecto, plantea
que en China se ha creado un juez robot dotado de inteligencia artificial que
dicta con acierto el 97 por ciento de sus decisiones judiciales luego de
escuchar oralmente los argumentos de las partes procesales, con ello se
contribuye al descongestionamiento de las cargas de asuntos que pesan sobre los
jueces y, a su vez, a la celeridad de los procesos jurisdiccionales.
El poder
judicial chino utiliza este sistema de inteligencia artificial para la
resolución de casos penales, comerciales y civiles y lo hace a partir del
análisis de datos y el conjunto de patrones que permiten al juez robot,
disponer resoluciones motivadas, lo que, a su vez, les permite alejarse del
retardo judicial, resultando el sistema de administración de justicia más
eficiente por la rapidez de sus conclusiones. Según el grupo de tecnología de
proceso “gtt” de Estonia se prepara para la
implementación de jueces robot que también se basan en el uso de algoritmos de
la inteligencia artificial, los cuales resolverán reclamaciones inferiores a
los 7000 euros, impulsando, por un lado, el uso de la inteligencia artificial y
por otro, descongestionando el sistema de justicia cuando los procesos resulten
ser considerados como de menor cuantía.
En Argentina a
partir del proceso de colaboración entre la Universidad de Buenos Aires y el
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comenzó a
desarrollar un programa de automatización de la justicia, con la implementación
del laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de
Derecho de Buenos Aires, lo cual resulta ser un referente sin precedentes en la
región latinoamericana. En este proyecto se ha implementado un sistema
denominado “Prometea” que tiene como propósito
agilitar una serie de trámites y la optimización de los recursos con especial
respeto por los derechos de los ciudadanos y un alto contenido social (Corvalán, 2018).
El sistema “Prometea” es utilizado con un 96 por ciento de aciertos en
un período de tiempo de 20 segundos, para la resolución de casos como:
infracciones calificadas como menores, procedimientos de tráfico o en la
ejecución de políticas sociales, por ejemplo, la gestión de subsidios. El
sistema, también ha sido utilizado por la Corte Constitucional de Colombia,
específicamente en el proceso de selección de casos urgentes por medio de un
sistema que analiza la prioridad de cada expediente, ello ha logrado reducir a
minutos el trabajo que implicaría el esfuerzo de múltiples funcionarios
experimentados por un tiempo mínimo de 240 horas (Corvalán, 2018).
El sistema
latinoamericano y argentino de inteligencia artificial ha llamado la atención
de muchas personas en el mundo, e incluso, de sus propios conquistadores. El
Ministerio de Justicia de España en el año 2021 puso en marcha un sistema
automatizado que le permite a los ciudadanos cancelar sus antecedentes penales
con técnicas de robotización, lo que le ha permitido a cientos de personas
acceder a un servicio y un resultado positivo prescindiendo del engorroso
trabajo de muchos funcionarios que podrán brindar su atención a otros trámites
más relevantes
En el ámbito de
la Criminalística, ciencia que aunque independiente al
Derecho Penal tributa de manera sustancial al esclarecimiento de los hechos y
de las circunstancias en que se produce el delito, también utiliza con mucha
frecuencia la inteligencia artificial. Es importante recordar que la inteligencia
artificial se informa de un conjunto de datos que le son introducidos
directamente o que esta es capaz de encontrar a partir de otras bases de datos
que están disponibles en la nube e incluso, del “machine learning”
o aprendizaje automático. Toda esta información simplificadamente es utilizada
para identificar algoritmos y sacar conclusiones respecto a un determinado
punto de análisis.
Los expertos
forenses son seres humanos y, aunque sus conclusiones parecerían
incuestionables, en no pocos casos se han demostrado crasos errores que han
dado lugar al cumplimiento de condenas injustas. Estas faltas derivan del
margen de imprecisión de las conclusiones humanas al procesar algún campo de la
criminalística basándose en el conocimiento individual del experto, pero sería
interesante imaginar cómo la inteligencia artificial podría contribuir a
reducir ese margen de error e imprecisión humana, al contrastar el criterio de
un experto o de varios en un análisis.
No obstante, es
importante entender que, si bien la inteligencia artificial ha traído
beneficios en el Derecho Penal y en el ámbito de la investigación criminal, en
muchos casos se ha demostrado que esta puede resultar inadecuada. La
inteligencia artificial pretende sustituir al ser humano en la resolución de
determinados asuntos y tiene como propósito “la automatización de
comportamientos inteligentes como razonar, recabar información, planificar,
aprender, comunicar, manipular, observar e incluso, crear, soñar y percibir” (Comité Económico y Social Europeo,
2017, p. 3), sin embargo, este propósito no
se ha logrado ni ha de alcanzarse de manera absoluta y, mucho menos, se ha
superado al ser humano en todas estas cuestiones.
Debido a los
objetivos y usos que inadecuadamente se le puede dar a la inteligencia
artificial, muchas personas se han cuestionado si realmente ha representado
algo positivo o negativo para la humanidad, pues hay quienes consideran que
esta constituye una amenaza y un peligro para las personas e incluso, para sus
empleos. Por otro lado, hay quienes consideran que el uso de inteligencia
artificial constituye también una vulneración a determinados derechos como es,
por ejemplo, el derecho a la intimidad y al uso de sus datos personales y su
privacidad. En ese sentido, Ponce et al. (2023) señalan que
El uso abusivo de la
inteligencia artificial, puede generar un entorno en el cual los Estados, las
organizaciones empresariales e incluso otras personas, rastreen, predigan o
manipulen el comportamiento de los ciudadanos de todo el mundo, conllevando a
riesgos inimaginables. (p. 85)
Otra de las
dificultades que supone el uso de la inteligencia artificial es su influencia
en la determinación de la responsabilidad penal, pues los errores pueden
incidir en las conclusiones que podrían cargar culpas a quienes no la tienen.
En este sentido, el Comité
Económico y Social Europeo (2017) recomienda que
se establezca una reglamentación de carácter global debido a que las normativas
nacionales o estatales resultan insuficientes e ineficientes en ese sentido.
Entre los criterios predominantes sobre el uso de la inteligencia artificial se
destaca aquel encaminado a exigir la supervisión humana sobre este tipo de
tecnologías. Con ello, se pretende garantizar no solo que las conclusiones de
sus predicciones sean correctas, sino también, constatar que el conocimiento
adquirido a través de la inteligencia artificial tenga una solidez técnica y
ofrezca verdadera seguridad a sus usuarios. Con la participación o supervisión
humana, se pretende también garantizar los derechos de los usuarios, la
transparencia del proceso y la efectividad del resultado (Comisión Europea, 2020).
En torno a la
contribución de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación
criminal Simón (2022) refiere que
La inteligencia artificial
también es útil en el ámbito de la investigación criminal, y dentro de los
múltiples usos benéficos y plausibles, nuestra intención es concentrarnos en
aquello que pueden aportar los sistemas que combinan el análisis visual de la
escena del crimen para lograr una interacción analítica entre datos en tiempo
real, proponiendo a los investigadores tesis razonables sobre los hechos, que
luego deberán ser contrastadas y/o refutadas por las autoridades. No se trata
de adoptar decisiones automatizadas, sino de ayudar, guiar y ofrecer
alternativas plausibles, que en ocasiones pasan desapercibidas a la luz de las
limitadas facultades humanas de comprensión del –a vueltas desordenado–
escenario del delito. (p. 1)
Como se puede
observar, el uso de la inteligencia artificial en el análisis de la escena del
hecho o crimen, es una herramienta que proporciona información relevante para
la investigación, pero no significa que sea concluyente. Se trata de un
conjunto de tesis predictivas basadas en lo que se puede observar en el lugar
de los hechos pero que deberán ser verificadas por el agente investigador,
perito o experto para poder ser consideradas dentro del proceso penal como un
elemento de convicción. No obstante, resulta en extremo importante utilizar la
inteligencia artificial en la indagación criminal y análisis de los resultados,
pues ello permite procesar y optimizar el trabajo de los especialistas para
analizar una gran cantidad de datos e información en muy poco tiempo y, a su
vez, contribuye a la determinación de patrones e indicios que, de otro modo,
resultarían muy difíciles de obtener a través de las técnicas tradicionales.
En la
investigación criminal, la inteligencia artificial es comúnmente utilizada a
partir de patrones de conducta y comportamientos psicosociales previamente
programados e introducidos como datos válidos en los programas. Esta es capaz
de realizar predicciones de tendencias relacionadas con la actividad criminal y
con ello, se pueden optimizar los recursos policiales y de prevención del
delito. El uso de la inteligencia artificial según Cuatrecasas (2022) puede:
Facilitar la
identificación de personas de interés, favorecer el hallazgo de vehículos u
otros objetos robados, posibilitar la detección de comportamientos sospechosos,
analizar datos de forma masiva y detectar fraudes económicos, corrupción o
incluso actividades de financiación de grupos terroristas; facilitar la
detección del uso y la distribución de material de pornografía infantil;
favorecer el rastreo de redes de tráfico de personas. (p. 196)
En el ámbito de
la indagación penal criminal, la inteligencia artificial es comúnmente
utilizada como herramienta dentro de los procesos de identificación de personas
por medio de la voz y del reconocimiento facial a partir de datos que son
previamente introducidos en sistemas informáticos, lo que permite capturar o al
menos identificar a personas vinculadas al proceso penal. Por tanto, esta se
utiliza efectivamente en la reconstrucción y análisis de registros, tales como
videos, grabaciones, imágenes, armas, huellas, escenas de lugares de hechos,
perfilación criminal, entre otras acciones de instrucción penal.
Desde el orden
preventivo o más bien, predictivo, la inteligencia artificial es utilizada
desde el año 1998 en el sistema judicial de Wisconsin, en Estados Unidos. En
este país un programa denominado COMPAS, por sus siglas en inglés “Correctional Offender Management Profiling for Alternative
Sanctions” lo que traducido al español significa “Gestión de Delincuentes Correccionales:
Elaboración de Perfiles para Sanciones Alternativas” busca garantizar la
reinserción de las personas condenadas en la sociedad por medio de los
beneficios penitenciarios que se ofrecen durante la ejecución de la pena (Corvalán, 2018).
Este sistema predictivo analiza, a partir de 137 factores criminógenos, los
riesgos y probabilidades de reincidencia del condenado (Molina,
2020).
Este sistema
también es utilizado para predecir otras cuestiones como, determinar si un
procesado puede recibir una fianza y ser liberado o debe permanecer bajo
custodia policial durante el proceso para decidir sobre cuán severas han de ser
las penas a imponer al declarado culpable, orientar al juzgador sobre la
posibilidad de imponer algún programa de rehabilitación o tratamiento. Entre
las críticas más comunes recibidas por este sistema de inteligencia artificial
está el hecho de que sus factores han sido acusados de poseer sesgos raciales y
étnicos; los algoritmos que son empleados no son públicos, lo que dificulta
conocer con transparencia los criterios específicos que son utilizados para sus
conclusiones y que dependen de datos históricos que deberían cambiar y ser
actualizados.
Como se puede
observar, la inteligencia artificial es utilizada en el ámbito criminal tanto
para la predicción del delito desde el ámbito preventivo como para el
esclarecimiento de la infracción ya cometida, ambas cuestiones están
relacionadas con el objeto de estudio del Derecho Penal y de la Criminalística.
Las inteligencias artificiales que se utilizan para la predicción de
actividades delictivas permiten al ser humano anticiparse a futuros
acontecimientos delictuosos y, por tanto, tomar medidas a fin de evitar el daño
o peligro que deriva de la infracción. Además, permite establecer conexiones
con otros casos a partir de similitudes en el modus operandi, en el
objeto del delito, las huellas encontradas en la escena del hecho, las
características personales y sociales de las víctimas y, a partir de todo ello,
establecer un perfil más concreto del posible sospechoso.
Un campo de
investigación donde el uso de la inteligencia artificial es bastante común es
en las infracciones que se realizan por medios informáticos o redes
electrónicas donde la informática forense entra a desempeñar un papel
fundamental para el esclarecimiento del hecho delictivo. Por medio de esta
especialidad y con el apoyo de la inteligencia artificial se pueden analizar,
de manera muy eficiente imágenes, grabaciones, videos, documentos y otros
registros que circulan por las redes sociales y, por medio de ello, se pueden
descubrir posibles ciberdelitos, delitos sexuales, tráfico de armas, de
personas, lavado de activos, extorsiones, estafas, entre otros ilícitos.
Pese a los
aspectos positivos del uso de la inteligencia artificial en la administración
de justicia, el tema de la determinación de la pena y su adecuación puntual
respecto a cada persona procesada es algo que realmente necesita de la supervisión
humana por el momento, debido a la no comprobada efectividad en este aspecto
tan sensible de la justicia penal. La automatización de la justicia es
inevitable, por lo que no es una opción, sino algo que ya está pasando y tendrá
un impacto cada vez mayor, al respecto, se debe tener en cuenta qué es positivo
en ello, qué es negativo y cómo se puede mejorar
Como cuestiones
positivas para el Derecho, la inteligencia artificial reforzaría la
imparcialidad, es decir, haría que las decisiones fueran más libres de sesgos.
Otra ventaja sería la consistencia que reduce significativamente la
variabilidad y multiplicidad de criterios en torno a la decisión judicial.
Cuando la persona cuenta con información acerca de las posibles consecuencias
de su actuar, se encuentra en mejores condiciones para adoptar una decisión
Por otro lado,
Arguelles (2023) plantea que otra de las ventajas que ofrece el uso de la
inteligencia artificial es la eficiencia en el procesamiento de información,
pues esta puede analizar enormes volúmenes de datos y con ello, determinar un
conjunto de patrones que constituyen a su vez las tendencias más relevantes
para la determinación de las sanciones penales. Según el autor, esta capacidad
de análisis tan amplia, permite una toma de decisiones muy eficiente y
fundamentada. Señala como ventaja, la reducción de errores humanos,
considerando que el cansancio, derivado de los grandes volúmenes de trabajo pueden
influir y, de hecho, inciden en los errores que cometen los seres humanos.
Asimismo,
considera Arguelles (2023) que los prejuicios y valores del juzgador, puede
llevarlo a tomar decisiones injustas e inconsistentes, lo que no acontece con
el uso de la inteligencia artificial, la cual permitiría entonces, tomar
decisiones con absoluta objetividad. Otra ventaja que para el autor tiene el
uso de la inteligencia artificial está relacionada con la independencia
jurisprudencial, pues uno de los problemas más comunes en la administración de
justicia es precisamente la influencia de los poderes políticos y las presiones
que dichos intereses ejercen sobre los juzgadores humanos.
Pero no todas
son ventajas en la administración de justicia digital, también existen
problemas considerados como desventajas que aún están por resolverse a fin de
que, en el futuro, la inteligencia artificial sea aceptada de manera absoluta
en el ámbito de la justicia penal. Entre ellas se destaca la falta de
transparencia u opacidad algorítmica, lo que quiere decir que los
procedimientos que utiliza la inteligencia artificial son oscuros y muy
complejos de entender para la ciudadanía en general, incluso para los
especialistas que han diseñado su implementación, con lo que se dificulta la
nitidez que supone la administración de justicia y, por tanto, la comprensión
de los criterios utilizados en la toma de decisiones, lo cual deriva en dudas y
desconfianza en la forma de administrar justicia (Arguelles, 2023).
Otra de las
desventajas van a ser los sesgos discriminatorios a los que se hacía referencia
cuando se mencionaba el uso de la inteligencia artificial en la Criminalística
y la prevención del delito, pues el entrenamiento que recibe hoy en día la
inteligencia artificial contiene criterios que influyen en la criminalidad que
no necesariamente siempre van estar presentes o van a constituir una verdad
absoluta, lo cual puede derivar en la determinación de una condena injusta o,
simplemente, en una condena infundada, basada en los criterios o algoritmos
introducidos por los programadores. Esto puede afectar a ciertos grupos o
subgrupos sociales que, según la criminología pueden mantener una mayor
proclividad a la delincuencia.
La inteligencia artificial en la administración de justicia enfrenta
limitaciones importantes, como la incapacidad para comprender matices
emocionales y contextuales que son esenciales al valorar atenuantes y
agravantes, lo que podría conducir a penas inadecuadas o injustas. Además, la
automatización implica un tratamiento público de la información procesada,
potencialmente vulnerando derechos a la privacidad e intimidad de víctimas,
testigos y procesados. A pesar de estos desafíos, el uso de la inteligencia
artificial es inevitable y promete beneficios significativos en la eficiencia y
rapidez de los procesos judiciales. No obstante, es crucial resolver los
problemas pendientes y garantizar que las garantías legales del procesado, la
víctima y el Estado se respeten plenamente durante el proceso penal y,
especialmente, en la determinación de la sanción.
El uso de la inteligencia artificial en la
administración de justicia es cada vez más común, dada su eficiencia en el
procesamiento de datos y la capacidad de imitar funciones cognitivas humanas
para resolver problemas complejos y tomar decisiones. La inteligencia
artificial se ha implementado en varios ámbitos del sector público, incluyendo
el Derecho, donde se utiliza en la predicción delictiva, investigaciones
criminalísticas y análisis criminológicos, psicológicos y sociológicos de
conductas delictivas y resocialización. Sin embargo, su aceptación en el ámbito
jurisprudencial no es unánime, pues el procesamiento de datos basado en
predicciones puede generar inseguridades jurídicas debido a que algunos criterios
utilizados por la inteligencia artificial no siempre corresponden a fuentes
legales fiables, lo que puede llevar a injusticias.
A pesar de estas preocupaciones, la
inteligencia artificial ofrece ventajas significativas en el Derecho, como la
elaboración eficiente de documentos, el análisis de información legal y
jurisprudencial, la automatización de procesos administrativos y judiciales
simples, y la reducción de costos y tiempo. En Ecuador, se mantiene la
supervisión humana en el uso de inteligencia artificial en investigaciones y
procesos penales para evitar errores y proteger derechos fundamentales como la
intimidad, la no discriminación y la transparencia. Además, aunque la
legislación penal ecuatoriana es restrictiva en la valoración de circunstancias
agravantes o atenuantes, la decisión final corresponde al juez, lo que plantea
retos sobre cómo integrar la inteligencia artificial en estas decisiones
jurídicas.
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