El cumplimiento
del deber como causa de justificación en el ejercicio de la labor policial (Original).
The fulfillment of duty as a justification in
the exercise of police work (Original).
Ricardo Arnulfo Baño Gavilánez. Licenciatura en Derecho. Universidad
Tecnológica Indoamérica. Ambato. Ecuador.
[ fbaño@indoamerica.edu.ec ] [ https://orcid.org/0009-0004-2475-5077 ]
Willam Enrique Redrobán Barreto. Magíster en
Derecho Constitucional. Universidad Tecnológica Indoamérica. Ambato. Ecuador.
[ willamredroban@uti.edu.ec ] [ https://orcid.org/0000-0003-3331-7429 ]
Resumen
El cumplimiento del deber en la labor policial
ecuatoriana está influido por diversos factores jurídicos y éticos. El marco
normativo y la regulación policial establecen las obligaciones y
responsabilidades de los agentes, siendo la Ley Orgánica de Servicio Público,
la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el Código Orgánico Integral Penal
instrumentos fundamentales en este sentido. Además, la capacitación y formación
policial son clave para un desempeño adecuado, abarcando aspectos técnicos,
jurídicos, éticos y de derechos humanos, las condiciones de trabajo y recursos
también inciden en el cumplimiento del deber, requiriendo una dotación adecuada
de equipamiento, infraestructuras y personal, así como condiciones laborales
dignas. La ética policial y la rendición de cuentas son fundamentales,
promueven valores éticos, transparencia en la actuación policial y mecanismos
efectivos de control interno y externo. Estos elementos aseguran un desempeño
responsable por parte de los agentes y fortalecen la confianza de la sociedad;
se recomienda fortalecer la formación y capacitación de los agentes en valores
éticos y principios de proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza.
Asimismo, es importante implementar mecanismos de control y supervisión
efectivos, tanto internos como externos, para garantizar la rendición de cuentas.
Palabras clave: defensa;
labor; legítima; policía; seguridad
Abstract
The fulfillment of duty in Ecuadorian police
work is influenced by various legal and ethical factors. The regulatory
framework and police regulations establish the obligations and responsibilities
of the agents, with the Organic Law of Public Service, the Organic Law of the
National Police, and the Comprehensive Organic Penal Code being fundamental
instruments in this regard. Additionally, police training and education are key
to proper performance, encompassing technical, legal, ethical, and human rights
aspects. Working conditions and resources also impact duty fulfillment,
requiring adequate provision of equipment, infrastructure, personnel, and
dignified working conditions. Police ethics and accountability are essential,
promoting ethical values, transparency in police actions, and effective
mechanisms of internal and external control. These elements ensure responsible
performance by the agents and strengthen societal trust. It is recommended to
enhance the training and education of agents in ethical values and principles
of proportionality and necessity in the use of force. Furthermore, it is
important to implement effective internal and external control and supervision
mechanisms to guarantee accountability.
Keywords: defense,
labor, legitimate, police, security.
Introducción
La legítima defensa en la labor policial es un
concepto jurídico que se aplica cuando un agente de la policía utiliza la
fuerza en el ejercicio de sus funciones para proteger su vida o la de terceros
de una amenaza inminente y proporcional. La legítima defensa es reconocida en
muchos sistemas legales como un derecho fundamental que permite a los agentes
de policía protegerse a sí mismos y a otros en situaciones de peligro.
Esto implica enfrentarse a diversas situaciones en
las que los agentes pueden encontrarse en riesgo, como enfrentamientos con
personas armadas, situaciones de violencia o agresión. En estos casos, la
legítima defensa permite a los agentes utilizar la fuerza necesaria y
proporcional para protegerse y proteger a los demás, sin embargo, el uso de la
fuerza por parte de la policía debe ser ejercido de manera responsable y en
estricta conformidad con la legislación y los protocolos establecidos. Los
agentes de policía deben evaluar cuidadosamente la situación, considerar
alternativas menos letales y utilizar la fuerza de manera proporcional al nivel
de amenaza que enfrentan.
Es importante destacar que la legítima defensa en la
labor policial está sujeta a un escrutinio riguroso y debe ser justificada ante
las autoridades competentes. Los casos de uso de la fuerza letal por parte de
la policía suelen ser objeto de investigación y evaluación por parte de
organismos de control y de la justicia para determinar si se ajustaron a los
principios de legítima defensa y proporcionalidad.
La legítima defensa en la labor policial es un tema
complejo y sensible, ya que involucra la protección de vidas y la preservación
del orden público. Es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la
autodefensa de los agentes y la protección de los derechos humanos de las
personas involucradas. La legislación y las políticas deben proporcionar
orientación clara y capacitación adecuada para garantizar que los agentes de
policía actúen de manera responsable y dentro de los límites legales cuando se
enfrenten a situaciones de peligro en el ejercicio de sus funciones.
La labor de los policías ante sujetos de alta
peligrosidad es fundamental para garantizar la seguridad de la sociedad y
mantener el orden público. Estos sujetos representan un riesgo significativo
debido a su potencial violento, armamento, antecedentes delictivos u otras
circunstancias que los hacen especialmente peligrosos, se enfrentan a
situaciones en las que deben hacer frente a individuos peligrosos en el
cumplimiento de su deber. Estas situaciones pueden incluir la captura de
fugitivos, enfrentamientos con delincuentes armados, operaciones contra
organizaciones criminales o respuesta a emergencias en las que se encuentran
personas armadas y violentas.
Ante sujetos de alta peligrosidad, los policías
requieren de habilidades, entrenamiento y experiencia específicos. Es
fundamental que los agentes estén preparados para evaluar rápidamente la
situación, tomar decisiones acertadas y actuar de manera coordinada y eficiente
para reducir al mínimo los riesgos tanto para ellos mismos como para los demás;
en estas circunstancias, la seguridad de los agentes de policía y de los
ciudadanos es prioritaria, y los policías tienen la responsabilidad de proteger
vidas y preservar la paz social. Sin embargo, es importante que su actuación se ajuste a los principios legales y éticos,
respetando los derechos fundamentales de los individuos, incluso en situaciones
de alta peligrosidad.
Es esencial que los cuerpos policiales cuenten con
políticas, protocolos y capacitación adecuados para hacer frente a sujetos de
alta peligrosidad. Estas medidas deben tener en cuenta las mejores prácticas
internacionales, respetando los derechos humanos y fomentando el uso
proporcional y necesario de la fuerza en el marco de la ley, la protección de
la sociedad que requiere de preparación, capacitación y experiencia para
abordar de manera efectiva y segura estas situaciones, siempre respetando los
derechos fundamentales de todas las personas involucradas.
Para la elaboración de este artículo científico se
utilizó una metodología cualitativa, desarrollada a base de bibliografía de
artículos, revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema, consulta
de libros, artículos, informes y jurisprudencia relevante en relación con el
cumplimiento del deber como causa de justificación en el ejercicio de la labor
policial. Esto permitirá obtener un marco teórico sólido y fundamentar el
estudio en trabajos previos.
Desarrollo
Fundamentos teóricos de la justificación en el ejercicio policial
El ejercicio policial implica el uso de
la fuerza y la toma de decisiones que pueden tener implicaciones jurídicas
significativas. Los fundamentos teóricos de la justificación en el ejercicio
policial se centran en los principios legales y éticos que respaldan y limitan
el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía. Autores como Gaytán (2022)
y Torres (2023) advierten que, dentro de los mecanismos de reacción se encuentra
el uso de la fuerza letal, la cual que debe entenderse como la última ratio,
así, cuando el policía se ve obligado a hacer uso de la fuerza debe partir inicialmente
del uso de controles cooperativos -que se piensan sencillos de aplicación, pero
cierto es que no siempre resultan efectivos-, deberán agotarse previamente el
control mediante contacto, técnicas de cometimiento o defensivas, hasta llegar
en caso necesario, al cese total de funciones corporales, como la conocida fuerza
letal.
En este sentido, el marco de actuación mediante
mecanismos de uso de la fuerza es una de las herramientas más importantes que
deben ser conocidas y respetadas por el integrante de las instituciones
policiales -agentes o policías- en el ejercicio de la función y servicio de
seguridad pública; a la vez que deben ser conocedores del hecho de que en caso
de incumplimiento o exceso en su actuación, esto podría traer como consecuencia
la aplicación de sanciones -consecuencia jurídicas penales y/o administrativas.
Algunos puntos importantes de este tema relativo son:
Principio de
legalidad y proporcionalidad: el ejercicio policial debe basarse en leyes y
regulaciones vigentes y debe ser proporcional a la situación en cuestión. Como
señala Bernal (2019):
En cualquier
Estado de derecho existen mínimos que deben ser atendidos en cuanto a la
estructura y funcionamiento de los gobiernos y del poder que aquel detenta. Uno
de los principales elementos que distinguen este tipo de Estado es que todas
las actuaciones deben de estar regidas por el principio de legalidad. Pero, el
hecho de que una sociedad se rija de acuerdo con sus leyes no le garantiza
vivir en un verdadero Estado de derecho (p.262).
Además, la
proporcionalidad es un elemento clave, lo que significa que la respuesta
policial debe ser adecuada y proporcionada a la situación en cuestión. En
resumen, el principio de legalidad y proporcionalidad es esencial para
garantizar un ejercicio policial justo, transparente y en cumplimiento de los
derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Necesidad y proporcionalidad:
la actuación policial debe estar fundamentada en la necesidad y la
racionalidad.:
La fuerza
pública debe emplearse en congruencia con los principios de necesidad y de proporcionalidad.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado: Conforme
a las pautas internacionales que se han elaborado referentes al uso de la
fuerza por parte de los agentes de seguridad pública para cumplir su función,
esa actividad debe ser necesaria y proporcional a las necesidades de la
situación y al objetivo que se trata de alcanzar. Asimismo, la adecuación de
los procedimientos de los agentes estatales de seguridad a los parámetros
internacionales significa que el empleo de la fuerza debe ser tanto necesario
como proporcional a la situación, es decir, que debe ser ejercido con
moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga (p.264).
Este enfoque
garantiza que la actuación de la policía se base en fundamentos sólidos y evita
el uso excesivo o innecesario de la fuerza. Los agentes de policía deben
evaluar cuidadosamente cada situación, considerando factores como la gravedad
del delito, el nivel de amenaza y las alternativas disponibles. Al actuar de
manera racional y proporcional, se asegura que los derechos y la seguridad de
todas las partes involucradas sean protegidos de la manera más efectiva
posible.
Legítima
defensa y protección de derechos fundamentales: Los agentes de policía pueden
recurrir a la legítima defensa cuando estén amenazados o cuando deban proteger
a terceros. Como argumenta Brown y Heidensohn (2000),
"la justificación en el ejercicio policial puede basarse en la legítima
defensa cuando exista una amenaza inminente y proporcionada contra la vida o la
integridad física" (p. 242).
La justificación de las acciones policiales puede
basarse en la legítima defensa cuando existe una amenaza inminente y
proporcionada contra la vida o la integridad física. Esto implica que los
agentes de policía tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad y
proteger tanto su propia vida como la de los demás ciudadanos en situaciones de
peligro inminente. Sin embargo, es crucial que se apliquen los principios de
proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza para evitar abusos y
garantizar el respeto a los derechos humanos.
Justificación como causa
exculpante en el Derecho Penal
En el Derecho Penal ecuatoriano, la justificación se
considera una causa exculpante cuando una persona comete una conducta típica,
es decir, que se encuentra descrita en la ley como delito, pero dicha conducta
está amparada por una causa legítima que la justifica. Esta causa exculpante
tiene como efecto eliminar o disminuir la responsabilidad penal del sujeto, ya
que se entiende que su actuación fue lícita y no merece ser sancionada.
Según algunos autores, como Abad (2021), la
justificación como causa exculpante en el Derecho Penal ecuatoriano se basa en
la necesidad de proteger bienes jurídicos fundamentales y reconocer el
ejercicio legítimo de derechos. Esto implica que, en determinadas
circunstancias, la ley permite o incluso obliga a los individuos a actuar de
manera que infrinjan normas penales, siempre y cuando lo hagan para proteger un
bien jurídico superior o para ejercer un derecho de forma legítima.
Esta concepción de la justificación busca equilibrar
la protección de los bienes jurídicos y los derechos individuales, reconociendo
que, en situaciones excepcionales, la ley puede otorgar a las personas la
facultad de actuar de manera contraria a lo establecido en las normas penales
sin ser consideradas culpables. En estos casos, se entiende que su actuación
está justificada debido a la relevancia y prioridad de los bienes jurídicos en
juego o del derecho que están ejerciendo.
Este enfoque refleja la importancia de considerar el
contexto y las circunstancias particulares en el análisis del Derecho Penal,
reconociendo que no todas las conductas típicas deben ser sancionadas de la
misma manera. La justificación como causa exculpante permite una evaluación más
flexible y contextualizada de la responsabilidad penal, teniendo en cuenta el
principio de proporcionalidad y la necesidad de salvaguardar valores
fundamentales de la sociedad.
La justificación puede tener diferentes fundamentos
en el Derecho Penal ecuatoriano. Por ejemplo, algunos autores, como Cobler et al. (2015), sostienen que la legítima defensa es
una forma de justificación reconocida en el Código Penal ecuatoriano. La
legítima defensa se configura cuando una persona actúa para repeler de manera
proporcionada una agresión ilegítima e inminente, salvaguardando así su
integridad física o la de terceros. En estos casos, la persona que actuó en
legítima defensa no es considerada culpable y, por lo tanto, no se le impone
una pena.
El reconocimiento de la legítima defensa como causa
exculpante en el Derecho Penal ecuatoriano refleja la importancia de garantizar
el derecho a la autodefensa y la protección de la vida e integridad física de
las personas. Sin embargo, es necesario evaluar cuidadosamente cada caso para
determinar si se cumplen todos los requisitos legales y si la respuesta fue
proporcional al peligro enfrentado.
En resumen, la legítima defensa es un fundamento de
justificación relevante en el Derecho Penal ecuatoriano. Su reconocimiento
permite a las personas actuar en defensa propia o en defensa de terceros ante
una agresión ilegítima e inminente, siempre y cuando la respuesta sea
proporcional al peligro enfrentado. El análisis detallado de cada caso es
fundamental para determinar si se cumplen los requisitos legales y si la
conducta encaja en la figura de la legítima defensa.
Otra forma de justificación reconocida en el Derecho
Penal ecuatoriano es el estado de necesidad (Abad, 2021). En estas situaciones,
la ley reconoce que la persona actuó de forma justificada y, por lo tanto, no
debe ser penalmente responsable. El estado de necesidad se fundamenta en la
idea de que, en circunstancias excepcionales, es legítimo y necesario que una
persona infrinja la ley para proteger un bien jurídico superior o evitar un
daño más grave. Sin embargo, es importante destacar que el estado de necesidad
debe cumplir con ciertos requisitos, como la proporcionalidad en la respuesta
al peligro y la falta de provocación injusta por parte del sujeto. De esta
manera, el estado de necesidad se establece como una causa exculpante que exime
de responsabilidad penal al individuo que lo invoca.
Es importante destacar que, según la doctrina
ecuatoriana, las causas exculpantes deben cumplir con ciertos requisitos para
ser válidas. Estos requisitos incluyen la necesidad de la acción justificada,
la proporcionalidad en la respuesta al peligro o amenaza, y la falta de
provocación injusta por parte del sujeto que se ampara en la causa exculpante. La
justificación como causa exculpante en el Derecho Penal ecuatoriano se basa en
la idea de que existen circunstancias en las cuales una conducta típica puede
ser considerada lícita debido a la protección de bienes jurídicos fundamentales
o al ejercicio legítimo de derechos. La legítima defensa y el estado de
necesidad son ejemplos de causas exculpantes reconocidas en el sistema jurídico
ecuatoriano.
Marco legal y normativo aplicable a la labor
policial
La labor policial en Ecuador está enmarcada por un
conjunto de leyes y normas que regulan su actuación y establecen los límites y
responsabilidades de los agentes policiales. El análisis jurídico de este marco
legal y normativo es de vital importancia para comprender los derechos y
obligaciones de la policía, así como para garantizar el respeto a los derechos
humanos y el correcto ejercicio de la función policial. Es importante destacar
que el marco legal y normativo aplicable a la labor policial ecuatoriana está
sujeto a cambios y actualizaciones, por lo que es fundamental consultar las
fuentes legales y bibliográficas más actualizadas para obtener información
precisa y completa sobre este tema.
Este análisis destaca la importancia de contar con
un marco legal bien definido para la labor policial, ya que proporciona
directrices claras y específicas que guían la actuación de los agentes
policiales. Al establecer funciones y competencias claras, se evitan abusos y
se garantiza un desempeño acorde con los principios legales y éticos. Además,
un marco legal sólido también permite establecer limitaciones y salvaguardias
para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Al definir los
límites de actuación de la policía, se asegura que sus acciones estén ajustadas
a derecho y no vulneren los derechos humanos.
Los códigos ecuatorianos se presentan como elementos
fundamentales para definir los límites y los procedimientos que los agentes
policiales deben seguir en su actuar. El Código Orgánico Integral Penal
establece los delitos y las sanciones correspondientes, mientras que el Código
Orgánico de la Función Judicial regula el procedimiento penal y establece las
garantías procesales que deben respetarse durante la investigación y el
juzgamiento de los casos.
Para asegurar un desempeño ético y respetuoso de los
derechos humanos por parte de la policía, se requiere de un enfoque integral
que incluya capacitación, supervisión efectiva y mecanismos de control y
rendición de cuentas más sólidos. Este tipo de análisis contribuye a generar
conciencia sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer el marco legal y
normativo que rige la labor policial en Ecuador.
Cumplimiento del deber en el ejercicio
policial: concepto y características
La cuestión del cumplimiento del deber en el
ejercicio policial es un tema de gran importancia en el ámbito jurídico. Los
policías, como agentes encargados de mantener el orden público y garantizar la
seguridad de la comunidad, deben desempeñar su labor acorde con la legalidad y los principios fundamentales del Estado de
Derecho. El objetivo es proporcionar una visión integral y fundamentada sobre
este importante aspecto del ejercicio policial.
Según Cobler et al.
(2015), el cumplimiento del deber en el ejercicio policial se refiere a la
obligación que tienen los agentes de seguridad de actuar de acuerdo con la
legalidad y los principios fundamentales del Estado de Derecho. Esto conlleva a
respetar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos mientras se
garantiza el orden público y la seguridad.
Lo anterior implica que, al llevar a cabo sus
funciones, deben asegurarse de no vulnerar los derechos humanos de las
personas, tratándolas con dignidad y evitando cualquier forma de abuso o
arbitrariedad. El cumplimiento del deber, entonces, significa un equilibrio
entre el ejercicio del poder y el respeto a los derechos individuales.
Además, el autor subraya que el cumplimiento del
deber policial también implica garantizar el orden público y la seguridad de la
comunidad. Los policías tienen la responsabilidad de prevenir y controlar
situaciones que puedan perturbar la convivencia pacífica y poner en peligro la
seguridad de las personas. Para ello, deben actuar de manera diligente y
eficaz, empleando los medios necesarios y proporcionados para lograr estos
objetivos.
En consonancia con lo anterior, Gaytán (2022) expone
que el cumplimiento del deber significa que los policías deben actuar dentro de
los límites establecidos por la ley, respetando los derechos humanos y
aplicando los procedimientos establecidos de manera proporcional y necesaria
para cumplir con su función de protección y servicio a la comunidad.
Por lo anterior, los policías deben evaluar la
situación y tomar las medidas adecuadas en función de la gravedad y urgencia
del caso. La proporcionalidad exige que las acciones policiales sean
proporcionadas a la amenaza o delito en cuestión, evitando el uso excesivo de
la fuerza o la adopción de medidas desproporcionadas, el cumplimiento del deber
en el ejercicio policial resalta la importancia de que los policías actúen
dentro de los límites legales, respeten los derechos humanos y apliquen los
procedimientos de manera proporcional y necesaria. Estos aspectos son
fundamentales para que los agentes cumplan con su función de protección y
servicio a la comunidad de manera efectiva y respetuosa. El cumplimiento del
deber policial contribuye a la construcción de un-Estado de Derecho sólido y
garantiza el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El cumplimiento del deber posee una serie de
características. Entre ellas, se encuentra la legalidad, que implica que la
actuación policial debe estar fundamentada en normas jurídicas válidas y
aplicables. Asimismo, se destaca la proporcionalidad, que exige que las medidas
adoptadas por los agentes sean proporcionadas a la situación concreta y
necesaria para el logro de los fines legítimos perseguidos.
Por ello, las medidas adoptadas por los agentes
deben ser proporcionales a la situación concreta en la que se encuentran y
necesarias para alcanzar los fines legítimos perseguidos, como mantener el
orden público y proteger la seguridad de la comunidad. La proporcionalidad
busca evitar un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de la
policía, promoviendo así un equilibrio entre los intereses de seguridad y los
derechos individuales. Estas características son fundamentales para asegurar
que el ejercicio policial se realice
acorde con los principios del Estado de Derecho, respetando los derechos
y libertades de los ciudadanos. El cumplimiento del deber policial, enmarcado
en estas características, contribuye a promover una convivencia pacífica y
justa en la sociedad. (Fuente sin referenciar)
En relación con la responsabilidad, González (2017) en su estudio La
responsabilidad del policía en el cumplimiento del deber, señala que el
cumplimiento del deber implica una responsabilidad tanto individual como
institucional. Los agentes deben ser conscientes de las consecuencias de sus
acciones y asumir la responsabilidad por ellas, mientras que las instituciones
policiales deben garantizar la formación, supervisión y control adecuados para
asegurar que los policías actúen dentro de los límites legales y éticos.
El cumplimiento del deber policial implica una
responsabilidad tanto individual como institucional. Los agentes deben ser
conscientes de las consecuencias de sus acciones y asumir la responsabilidad
por ellas. Al mismo tiempo, las instituciones policiales deben asegurar la
formación, supervisión y control adecuados para garantizar que los policías
actúen dentro de los límites legales y éticos. Esta responsabilidad compartida
es esencial para mantener la confianza de la sociedad en el ejercicio policial
y garantizar el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos.
En resumen, el cumplimiento del deber en el
ejercicio policial se refiere a la obligación de los policías de actuar de acuerdo
con la legalidad y los principios del Estado de Derecho, respetando los
derechos y libertades de los ciudadanos. Esta obligación implica
características como la legalidad, la proporcionalidad y la responsabilidad,
tanto individual como institucional.
El cumplimiento del deber como causa de
justificación en el derecho penal
En el sistema jurídico penal ecuatoriano, el
cumplimiento del deber puede constituir una causa de justificación para eximir
de responsabilidad penal a una persona que ha cometido una conducta tipificada
como delito. Esta figura se basa en el principio de que una persona puede estar
obligada a realizar ciertas acciones o incumplir ciertos deberes legales en
circunstancias específicas, lo cual se considera válido y justificado ante la
ley.
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de
Ecuador, se establece que el cumplimiento del deber puede eximir de
responsabilidad penal cuando la acción u omisión se realice en cumplimiento de
un deber legal o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Esta
disposición se encuentra en el artículo 32, numeral 2 del COIP (2014).
Esta disposición demuestra la preocupación del
legislador ecuatoriano por reconocer que existen situaciones en las que una
persona puede estar legalmente obligada a actuar de cierta manera o a
desempeñar ciertas funciones, incluso si estas acciones pueden parecer ilícitas
en otras circunstancias. El deber legal, entendido como una obligación
establecida por la ley, y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo
se consideran razones válidas para justificar una conducta que, de otro modo,
sería considerada delictiva.
La inclusión de esta cláusula de justificación en el
COIP refleja la importancia de equilibrar los intereses individuales con los
intereses colectivos y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Reconoce que
hay ocasiones en las que es necesario que ciertas personas, debido a su
posición o función, actúen de manera que pueda resultar en la transgresión de
normas penales, pero que su actuar es esencial para el cumplimiento de un deber
o el ejercicio de una función necesaria para el adecuado funcionamiento del
ordenamiento jurídico.
De acuerdo con Aparicio (2019), el cumplimiento del
deber como causa de justificación se sustenta en la idea de que, en
determinadas situaciones, el ordenamiento jurídico impone a ciertos individuos
la obligación de realizar acciones que, en condiciones normales, serían
consideradas ilícitas. Esta obligación puede derivar de normas legales o de
deberes inherentes a ciertos oficios o profesiones. El autor sostiene que el
deber jurídico debe ser claro y específico, y que la acción realizada en
cumplimiento del deber no debe exceder lo necesario para cumplir con la
obligación impuesta.
Es fundamental destacar que, según Aparicio (2019),
para que el cumplimiento del deber sea una causa de justificación válida, el
deber jurídico debe ser claro y específico. Esto implica que debe existir una
norma o regulación legal que establezca de manera precisa las acciones que
deben llevarse a cabo o los deberes específicos que deben cumplirse. Además, el
autor enfatiza que la acción realizada en cumplimiento del deber no debe
exceder lo necesario para cumplir con la obligación impuesta, evitando así
cualquier abuso o exceso en el ejercicio del deber.
Por su parte, Albán (2017) destaca que el
cumplimiento del deber se justifica en función del interés general y la
protección de valores fundamentales de la sociedad. El autor señala que, para
que el cumplimiento del deber sea válido como causa de justificación, se deben
cumplir ciertos requisitos, tales como la existencia de un deber legal, la
proporcionalidad de la acción realizada y la ausencia de abuso o exceso en el
ejercicio del deber.
Además, se destaca la importancia de la
proporcionalidad en la acción realizada en cumplimiento del deber. Esto implica
que la conducta desplegada debe ser necesaria y adecuada para cumplir con la
obligación impuesta por el deber legal. No se puede exceder los límites
razonables ni emplear medios desproporcionados, se enfatiza la ausencia de
abuso o exceso en el ejercicio del deber. Esto implica que el individuo no
puede aprovecharse de su posición de cumplimiento del deber para cometer actos
ilícitos adicionales o para actuar de manera abusiva.
Es importante destacar que el cumplimiento del deber
como causa de justificación no es absoluto, y está sujeto a análisis y
valoración por parte de los tribunales en cada caso concreto. La ponderación de
los intereses en juego y la proporcionalidad de la acción desplegada son elementos
clave para determinar si el cumplimiento del deber es una justificación válida
o si, por el contrario, se ha excedido el marco legal permitido.
El cumplimiento del deber como causa de
justificación en el derecho penal ecuatoriano permite eximir de responsabilidad
penal a aquellos individuos que, en determinadas circunstancias, se ven
obligados a realizar acciones u omitir ciertos deberes legales. Esta figura se
sustenta en la protección del interés general y la proporcionalidad de la
conducta desplegada. Sin embargo, su aplicación debe ser evaluada por los
tribunales en cada caso específico, considerando los requisitos establecidos en
la ley y los principios fundamentales del derecho penal.
Factores que influyen en el cumplimiento del
deber en la labor policial
La labor policial desempeña un papel fundamental en
la protección de la sociedad y el mantenimiento del orden público en Ecuador.
Para asegurar un cumplimiento eficaz de su deber, es necesario comprender los
factores que influyen en su desempeño desde una perspectiva jurídica. Este
análisis permite identificar los elementos normativos y circunstancias que
inciden en la actuación de los agentes de seguridad, así como las condiciones
que pueden facilitar u obstaculizar su adecuado cumplimiento.
Mediante este análisis jurídico, se busca
proporcionar una visión integral y fundamentada sobre los elementos que inciden
en el cumplimiento del deber por parte de los agentes de policía en Ecuador.
Esto permitirá comprender los desafíos y fortalezas del sistema policial, así
como identificar posibles áreas de mejora para garantizar un servicio de
seguridad público eficiente, responsable, acorde con los principios y derechos
fundamentales establecidos en la legislación nacional e internacional. El
objetivo final es fomentar una discusión informada y reflexiva sobre el
cumplimiento del deber en la labor policial ecuatoriana, aportando elementos
para la toma de decisiones y la implementación de políticas que fortalezcan el
sistema de seguridad en el país.
Marco
normativo y regulación policial:
El cumplimiento del deber en la labor policial
ecuatoriana está estrechamente relacionado con el marco normativo y la
regulación específica que rige la actuación de la Policía Nacional. La Ley
Orgánica de Servicio Público (2022), la Ley Orgánica de la Policía Nacional
(LOPN, 2016) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) son instrumentos
jurídicos fundamentales que establecen las obligaciones y responsabilidades de
los agentes de policía. Además, la Constitución de la República de Ecuador
establece los principios fundamentales que deben guiar su actuación.
El cumplimiento del deber en la labor policial
ecuatoriana se encuentra estrechamente ligado al marco normativo y la
regulación específica que rige la actuación de la Policía Nacional. La LOSP, la
LOPN, el COIP y la Constitución establecen los fundamentos legales, principios
éticos y mecanismos de control necesarios para asegurar que los agentes de
policía cumplan con sus obligaciones y responsabilidades acorde con los
derechos y principios establecidos en la legislación nacional e internacional.
Estas normas y regulaciones constituyen la base jurídica para el correcto
ejercicio de la labor policial y son fundamentales para garantizar la
protección de los ciudadanos y el mantenimiento del orden público en el país.
Capacitación y formación policial:
La adecuada capacitación y formación de los agentes
de policía juegan un papel fundamental en el cumplimiento de su deber. La
preparación en aspectos técnicos, jurídicos, éticos y de derechos humanos
permite a los agentes enfrentar de manera adecuada y responsable las
situaciones a las que se enfrentan en el ejercicio de su labor. La inversión en
programas de capacitación y formación continua debe ser una prioridad para las
instituciones encargadas de la formación policial. Esto incluye la
actualización constante de los planes de estudio, la mejora de los métodos de
enseñanza y la incorporación de expertos en áreas relevantes.
Asimismo, es importante promover una cultura de
aprendizaje y mejora continua dentro de las instituciones policiales,
fomentando la participación activa de los agentes en programas de capacitación
y el intercambio de buenas prácticas. En resumen, una sólida capacitación y
formación policial son fundamentales para garantizar un cumplimiento adecuado
del deber en la labor policial ecuatoriana. Esto contribuye a fortalecer la
eficacia policial, proteger los derechos de las personas y mantener la
confianza de la comunidad en las instituciones de seguridad.
Condiciones de trabajo y recursos:
El entorno laboral y los recursos disponibles
también influyen en el cumplimiento del deber policial. Aspectos como la
dotación de equipamiento adecuado, infraestructuras adecuadas, asignación de
personal suficiente y condiciones laborales dignas son factores que pueden
influir en la eficacia y motivación de los agentes en el desempeño de su labor
(Escandón y Vélez, 2021).
Las condiciones de trabajo y los recursos
disponibles son factores determinantes en el cumplimiento del deber policial en
Ecuador. La dotación de equipamiento adecuado, infraestructuras funcionales,
asignación suficiente de personal y condiciones laborales dignas son elementos
fundamentales para garantizar un desempeño eficaz de los agentes de policía.
Estas condiciones no solo impactan en la eficacia operativa, sino también en la
seguridad y el bienestar de los propios agentes, así como en la percepción de
confianza y seguridad por parte de la comunidad.
Es fundamental que las autoridades competentes en
Ecuador consideren estos aspectos y realicen esfuerzos continuos para mejorar
las condiciones de trabajo y proporcionar los recursos necesarios a la Policía
Nacional. Esto incluye la asignación de presupuestos adecuados, la
planificación estratégica de recursos humanos y logísticos, y la implementación
de políticas que promuevan condiciones laborales dignas y motivadoras para los
agentes. Al fortalecer estas áreas, se contribuirá a mejorar la eficacia y el
cumplimiento del deber policial, así como a garantizar la seguridad y
protección de la sociedad ecuatoriana.
Ética policial
y rendición de cuentas
El cumplimiento del deber policial también está
relacionado con la ética y la rendición de cuentas. La promoción de valores
éticos, la transparencia en la actuación policial y la existencia de mecanismos
efectivos de control interno y externo son fundamentales para garantizar un
desempeño adecuado y responsable por parte de los agentes (Losada y Contreras,
2022).
La transparencia en la actuación policial es un
elemento esencial para fomentar la confianza de la sociedad en la labor
policial. Los ciudadanos deben tener la certeza de que los agentes actúan de
manera justa y objetiva, sin abusos ni favoritismos. La transparencia implica
la divulgación de información relevante sobre las acciones policiales, así como
la apertura a la supervisión y el escrutinio público.
Por otro lado, la existencia de mecanismos efectivos
de control interno y externo es fundamental para garantizar que los agentes
cumplan con su deber de manera responsable. El control interno implica la
supervisión y la rendición de cuentas dentro de la propia institución policial,
a través de mecanismos como la revisión de procedimientos, la evaluación del
desempeño y la sanción de conductas inapropiadas. El control externo, por su
parte, implica la supervisión por organismos independientes, como los órganos
de control y los organismos de derechos humanos.
Conclusiones
La legitimidad del cumplimiento del deber como causa
de justificación en el ejercicio de la labor policial radica en la necesidad de
preservar el orden público y proteger los derechos y la seguridad de la
sociedad. Esta justificación se fundamenta en la existencia de un marco
normativo claro que define los límites y las circunstancias en las cuales los
agentes pueden utilizar la fuerza o adoptar medidas coercitivas.
La proporcionalidad y la necesidad son principios
fundamentales que deben regir el cumplimiento del deber policial. Los agentes
están autorizados a utilizar la fuerza o tomar medidas coercitivas únicamente
cuando sea estrictamente necesario y
justificado por la situación. Cualquier uso excesivo o desproporcionado
de la fuerza puede ser considerado como abuso y violación de los derechos humanos
y, por lo tanto, no estaría justificado.
La rendición de cuentas y la supervisión efectiva
son elementos esenciales para garantizar que el cumplimiento del deber como
causa de justificación en el ejercicio de la labor policial se aplique de
manera adecuada y responsable. Los mecanismos de control interno y externo, así
como la investigación imparcial de denuncias de abuso policial son fundamentales para prevenir la impunidad y
mantener la confianza de la sociedad en las instituciones policiales.
Es recomendable enfocar los programas de formación y
capacitación de los agentes policiales en la promoción de valores éticos, el
respeto a los derechos humanos y la aplicación de principios de
proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza. Esto ayudará a asegurar
que los agentes estén debidamente preparados para tomar decisiones adecuadas y
responsables en situaciones de cumplimiento del deber.
Asimismo, es importante establecer mecanismos
sólidos de control interno y externo para garantizar la rendición de cuentas en
el cumplimiento del deber policial. Esto puede incluir el fortalecimiento de
los órganos de control internos de las instituciones policiales, así como la
promoción de una supervisión independiente por parte de organismos externos,
como comisiones de derechos humanos. Estos mecanismos deben tener autoridad y
recursos suficientes para investigar de manera imparcial las denuncias de abuso
policial y garantizar la transparencia en la actuación policial.
Para fortalecer la confianza entre la sociedad y las
instituciones policiales es recomendable
fomentar espacios de diálogo y participación ciudadana. Esto puede incluir la
creación de consejos de seguridad ciudadana, donde los ciudadanos puedan
expresar sus preocupaciones, aportar ideas y colaborar en la mejora de las
políticas y prácticas policiales. El involucramiento de la sociedad civil en la
supervisión y evaluación de las acciones policiales puede contribuir a una
mayor legitimidad y transparencia en el cumplimiento del deber policial.
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