Recibido: 26/12/2023 Aceptado:
09/02/2024
Matices de la autorización para el porte
y tenencia de armas de fuego en Ecuador (Revisión).
Nuances of the authorization for the carrying and
ownership of firearms in Ecuador (Review).
David Moises
Llerena Culcay. Universidad Tecnológica
Indoamérica. Ambato. Ecuador.
[ dllerena5@indoamerica.edu.ec ] [ https://orcid.org/0009-0001-8225-8165 ]
Yudith López Soria. Licenciada
en Derecho. Máster en Derecho Penal. Doctora en Ciencias
Jurídicas. Docente-Investigadora de la cátedra de Derecho Penal. Facultad de
Jurisprudencia. Ciencias Políticas. de la Universidad Tecnológica Indoamérica.
[ ylopez7@indoamerica.edu.ec
] [ https://orcid.org/0000-0002-6845-088X ]
Resumen
En Ecuador, a partir de la
promulgación del decreto presidencial autorizando el uso civil de armas de fuego,
se han creado un sinnúmero de particularidades respecto al tema. El objetivo
general de la investigación es analizar los matices de la autorización para el
porte y tenencia de armas de fuego en Ecuador. Se realiza una investigación con
enfoque cualitativo que permite la descripción del objeto de estudio de manera
integral, con métodos como el inductivo, a través del cual se llegó a concluir
premisas generales, partiendo desde un tema en específico. Asimismo, se emplea
el método analítico-sintético, pues el problema de investigación se observa a
detalle y sobre cada una de sus premisas, a través de los cuales se evidencia
que los matices principales en torno a la autorización de porte y tenencia de
armas de fuego, son dos, la corrupción y la violencia. Por lo que, el impacto
de la investigación es de gran importancia dentro de la sociedad en general.
Palabras
clave: autorización; porte y tenencia de armas de
fuego; violencia; corrupción
Abstract
Presidential
decree authorizing the civilian use of firearms, a number of particularities
have been created regarding the subject. So the general objective of the
research is to analyze the nuances of authorization for the carrying and
possession of firearms in Ecuador. For this, a qualitative research approach is
carried out, which allows the description of the object of study in a
comprehensive manner. The methodological approach to use is qualitative, with
research methods such as inductive, through which general premises were
concluded, starting from a specific topic. Likewise, the analytical-synthetic
method is used, since the research problem is observed in detail and on each of
its premises, through which it is evident that the main nuances around the
authorization of bearing and possession of firearms, are two, corruption and
violence. So, the impact of research is of great importance within society at
large
Keywords: authorization; carrying and possession of firearms; violence; corruption
Introducción
En
la actualidad, Latinoamérica se caracteriza por tener los índices de violencia
más elevados a nivel mundial. De acuerdo con un informe preparado por la Organización
de Naciones Unidas (2019) “los índices más elevados de muertes violentas se han
presentado en América Latina. En gran parte, el nivel de violencia se genera
por la amplia brecha de desigualdad que existe en este territorio en
comparación con las grandes potencias mundiales” (p. 44). Las principales armas
que permiten estos desenlaces, son las armas de fuego, donde la gran mayoría se
relacionan con un espiral de violencia que se vive en las calles como
consecuencia de actos delincuenciales.
Una
de las principales causas que incide en la violencia que se genera en la
sociedad, es el tráfico ilícito de armas de fuego. Esta es la principal amenaza
a los planes y políticas elaboradas, tanto por organismos internacionales, como
por el gobierno ecuatoriano. Los mecanismos y políticas desarrolladas se
enfocan en otorgar a las personas una mejor calidad de vida en todos sus
aspectos. Sin embargo, factores como la violencia lo impiden. Es por ello que,
el uso de armas de fuego de manera ilegal e incontrolada, ocasiona un serio
atentado a las libertades fundamentales de los seres humanos, y de la sociedad que
conforman.
Sin
embargo, en cada país, las normas sobre el porte de armas suelen ser diferentes
y se puede decir, que estas se categorizan, desde aquellas normas que permiten
la adquisición y uso de armas con requisitos mínimos, hasta aquellas donde está
absolutamente prohibido para los civiles disponer de armas de fuego para su
uso, ya sea para defensa personal o protección de sus propiedades o su vida. En
Ecuador el debate sobre el porte de armas ha adquirido una nueva dimensión en
los últimos años, determinada por la creciente inseguridad pública, hechos de
sicariatos, asesinatos, ajustes de cuentas, secuestros y extorsiones que ponen
de manifiesto la incapacidad del Estado para mantener el orden, por lo que, las
personas ven como una opción la autodefensa y la justicia por mano propia.
A
partir del Decreto Presidencial N. 707 emitido en el año 2023 en Ecuador, se
autoriza el porte y tenencia de armas de fuego a personas civiles; la sociedad
cambió su modus vivendi y por el alto nivel de inseguridad que vive el país,
muchas personas han optado por obtener el permiso que se requiere para poseer
un arma de fuego. De forma que es indispensable saber que la corrupción que se
maneja dentro de las instituciones gubernamentales y la burocracia existente,
es uno de los problemas que a partir de la promulgación de este decreto va a
sobresalir.
En
el desarrollo del artículo se realiza una evaluación jurídica y normativa de la
seguridad pública, así como del porte y tenencia de armas de fuego en Ecuador. Entre
los contenidos que se trata dentro de la investigación es el conocido Plan
Nacional de Seguridad Integral, su aplicación en el período crítico de aumento
de la violencia en Ecuador y su vigencia; se evalúan las normas y políticas de
porte y tenencia de armas, los riesgos de un porte libre comparándose con otros
países de Latinoamérica. La discusión plantea opiniones y criterios con normas
internacionales y sus efectos en la seguridad jurídica sobre el tratamiento de
la temática presentada. Los contenidos del artículo analizan el porte y
tenencia de armas en la nueva sociedad con análisis documental de la seguridad
interna, la defensa personal y el derecho a la seguridad pública. Es por esto
que, la investigación tiene como principal finalidad, observar dentro de la
legislación ecuatoriana cómo se desarrolla el tema de obtención de
autorizaciones para el porte de armas de fuego. Para lo cual se realizó una
investigación con enfoque cualitativo, que empleó el método inductivo, de igual
forma, la utilización del método histórico-lógico y el método
analítico-sintético, y de esta forma, determinar los matices y los factores que
involucran el proceso de obtención del permiso para portar armas de fuego en
Ecuador.
Desarrollo
Las
armas de fuego y sus características
El
arma ha sido definida como un instrumento o máquina, destinada a atacar o a
defenderse. En ese mismo sentido, Cifuentes (2020) sostiene que:
Se entiende que al portar o tener un arma
de fuego y al hacer buen uso de la misma de manera positiva podría ser
utilizada por un ciudadano civil para defenderse o repeler un ataque si éste se
encuentra en peligro. Las armas son herramientas que una persona utiliza como
medio ofensivo o defensivo con la capacidad de incrementar y direccionar el uso
de la fuerza provocando un daño a la integridad o vida de otras personas. (p.
44)
En
Ecuador, las armas de fuego han sido autorizadas para el uso de los miembros de
la fuerza pública, y en casos excepcionales, para aquellas personas que cuenten
con permisos exclusivos. El portar un arma de fuego es una responsabilidad
enorme, puesto que, por un lado, pueden ser utilizadas para defenderse de algún
ataque, pero también, pueden ser empleadas para agredir y lastimar a otro ser
humano o animal, lo que, sin duda, ocasiona un riesgo inminente en la sociedad.
Al respecto, Mariño (2018) sostiene que:
En
general, las armas son herramientas que una persona utiliza como medio ofensivo
o defensivo con la capacidad de incrementar y direccionar el uso de la fuerza
para provocar un daño a la integridad o vida de otras personas o animales, o a
la consistencia o estructura de objetos. Dentro de las armas encontramos a las
armas de fuego, las cuales son armas que funcionan a base de un sistema de
propulsión violenta de uno o varios proyectiles a través de la activación de
algún mecanismo que genera la combustión de un propelente o sustancia química
reactiva al fuego, dentro de las cuales la más utilizada es la pólvora,
provocando gases dicha propulsión. (p. 31)
Es
relevante resaltar que las armas de fuego destinadas a la guerra y aquellas de
uso limitado, se clasifican como armas estatales. Por otro lado, las armas de
fuego diseñadas para uso civil están específicamente destinadas al uso y manejo
por parte de la sociedad civil autorizada. En otras palabras, están dirigidas a
personas que no forman parte de las fuerzas regulares públicas entrenadas para
el combate y responsables de ciertas tareas en favor de la seguridad y
soberanía nacional, es decir, a personas comunes de la sociedad. En el mismo
sentido, las armas que definitivamente están prohibidas en Ecuador, son
aquellas armas de características, químicas, radioactivas o bacteriológicas.
Por lo que, únicamente las armas de fuego están destinadas para defensa,
deporte, colección o seguridad privada en Ecuador.
Las
armas de fuego pueden ser clasificadas según el mecanismo utilizado para cargar
y descargar el arma, el cual se determina en función de su estructura. Estas se
dividen en cuatro categorías principales: carga tiro a tiro, repetición,
semiautomáticas y automáticas, dependiendo de si requieren la intervención de
un agente externo para introducir municiones y realizar los disparos. Además,
se hace una distinción entre armas de fuego portátiles y no portátiles,
dependiendo de si pueden ser transportadas por una persona sin ayuda externa,
ya sea humana, artificial o animal.
En
consecuencia, todas las categorías de armas de fuego mencionadas anteriormente,
son relevantes para el delito investigado en este caso. Sin embargo, es
importante destacar que también existen armas neumáticas que funcionan mediante
la presión de gases en lugar de la combustión propia de las armas de fuego
tradicionales. Estas armas, conocidas como armas de aire, utilizan un mecanismo
que comprime el aire a una presión determinada y, al liberarse, propulsa un
proyectil a una velocidad considerable.
Se
impone mencionar que las armas neumáticas pueden ser clasificadas como letales
o no letales. Un arma mortal es aquella que se utiliza para causar la muerte,
mientras que un arma no letal no provoca la muerte. Al respecto, Alarcón et al.
(2020) refieren que:
en algunos casos, las armas neumáticas
pueden tener una potencia casi similar a la de las armas de fuego, lo que les
permite causar daños similares debido a las características compartidas en
cuanto a sus municiones. En el caso de las armas de fuego, la munición se
compone de cartuchos, que son piezas utilizadas para disparar y que se
corresponden con cada disparo según la forma de acción del arma de fuego. (p.
91)
Por
lo tanto, la munición es un elemento esencial del cartucho, ya que está
destinada a ser disparada y dirigirse hacia un objetivo. La munición tiene un
calibre que representa el diámetro del proyectil. Esto implica que el tamaño y
la forma del proyectil, que están determinados por el calibre, pueden tener un
impacto directo en el daño causado al disparar un proyectil de mayor calibre.
Es decisivo tener en cuenta el calibre, ya que esto determina si un arma es
potencialmente letal o no, lo cual tiene implicaciones legales en su
regulación. Sin embargo, la importancia del calibre radica en que cada arma de
fuego está diseñada para utilizar un calibre específico, lo cual es fundamental
para garantizar su eficacia. Además, en el ámbito de la investigación criminal,
el calibre también es relevante para determinar el tipo de arma utilizada en un
delito en particular y esclarecer los hechos. En Ecuador, a partir del 1 de
abril de 2023 mediante el Decreto Presidencial N. 707, se autoriza el porte y
tenencia de armas de uso civil para defensa personal en Ecuador. Esta autorización
está dirigida a personas naturales que cumplan con una serie de requisitos.
Definiciones
y manifestaciones de la violencia
La
violencia constituye un uso indiscriminado de fuerza sea psicológica o física
sobre cosas o personas. Gallego y Arce (2019) refieren al respecto que: “la
intencionalidad de las acciones excluye de esta definición los accidentes y
abarca el uso de la agresión para resolver conflictos” (p. 45). Esta definición
también incluye el suicidio y otros comportamientos autodestructivos. La
violencia puede manifestarse, tanto de forma física, como psicológica. La
utilización de la violencia con el objetivo de causar daño incluye también el
abuso sexual. Esta forma de violencia puede manifestarse tanto entre personas
desconocidas, como entre individuos que se conocen previamente, e incluso,
puede darse entre miembros de una misma familia.
Es
decir, es una acción u omisión, antijurídica y culpable, según describe la teoría
del delito, que tiene prevista una sanción, y algunas de sus modalidades están
estrechamente relacionadas con la violencia, pero ambos conceptos, no son
equivalentes. Por lo tanto, es posible encontrar crímenes que no involucran
agresión, así como casos de violencia que no son considerados criminales. Frecuentemente,
las situaciones de violencia son el resultado de la combinación de diversos
tipos de agresión. Así, de esta forma, Donoso y Moncagatta
(2018) advierten que: “la violencia ejercida por pandillas suele implicar
violencia física y psicológica con fines económicos y sociales, en un contexto
urbano” (p. 77).
La
violencia es un fenómeno de gran complejidad que presenta diversas causas que
están interconectadas entre sí. Para abordar eficazmente la violencia, es
crucial identificar los elementos de riesgo asociados con comportamientos
violentos. Al analizar estos elementos de riesgo y de protección, resulta útil
distinguir aquellos que influyen a diferentes niveles, desde lo individual
hasta lo social. Al examinar la conducta violenta a lo largo del tiempo, los
factores asociados pueden clasificarse en predisposiciones biológicas y
antecedentes sociales, características situacionales y eventos desencadenantes.
Al respecto, Franco y Saldarriaga (2020) determinan lo siguiente:
Los factores genéticos y biológicos, así
como, el consumo de alcohol y drogas, aumentan la predisposición a mostrar
comportamientos agresivos y violentos. Se cree que las influencias genéticas,
si se documentan, involucrarán varios genes y fuertes interacciones con el
entorno. Sin embargo, los estudios muestran cada vez más que existe una
conexión entre la violencia y anomalías cerebrales y neurobiológicas, muchas de
las cuales son prevenibles. (p. 75)
En
relación a esto, se destaca que los factores que intensifican la actividad o
reactividad cerebral, o que debilitan su capacidad para regular los impulsos,
aumentan la predisposición del individuo a responder de manera violenta. Se adquiere
la conducta violenta a través del aprendizaje, y la primera oportunidad para
aprender a comportarse de manera agresiva surge en el entorno familiar al
observar e imitar el comportamiento agresivo de los padres, otros miembros de
la familia o incluso, personajes que aparecen en programas de los medios de
comunicación.
Hay
aspectos significativos relacionados con la violencia, tales como las
respuestas de los padres que refuerzan las conductas agresivas de sus hijos, así,
por ejemplo, el abuso infantil perpetrado por los padres. Para Miranzo (2021): “son algunos de los mecanismos a través de
los cuales los niños aprenden, desde una edad temprana, a expresarse de manera
violenta” (p. 15). El niño adquiere la tendencia a vincular estímulos agresivos
con comportamientos violentos, y aprende a responder con violencia frente a
situaciones de frustración u otros eventos adversos.
La
edad, la densidad de población y el género, desempeñan un papel influyente en
la violencia, y pueden ser indicadores generales de las tendencias de violencia
en la sociedad. En América Latina, al igual que en otras partes del mundo, los
homicidios son mayoritariamente cometidos por hombres jóvenes. Entre los
factores que aumentan la predisposición de los jóvenes a involucrarse en
comportamientos violentos se encuentran las altas tasas de desempleo en la
juventud, la impunidad en el sistema judicial y la facilidad de acceso al
alcohol, las drogas y las armas de fuego.
Por
lo tanto, la violencia se manifiesta como el resultado de una vida particular
que ha experimentado episodios físicos, emocionales o sociales, los cuales
contribuyen a forjar una personalidad violenta. Esta personalidad se refleja en
las acciones del individuo, con consecuencias graves y muy graves que se manifiestan
en la vida social y, en muchas ocasiones, se relacionan con la criminalidad.
Situación
actual de la criminalidad en Ecuador y su vínculo con la corrupción
La
Asamblea General de las Naciones Unidas ha admitido que la corrupción,
representa un obstáculo para el desarrollo y desvía los recursos destinados a
la erradicación de la pobreza y al progreso sostenible. En consecuencia, ha
exhortado a aquellos estados que todavía no lo han hecho, a ratificar y unirse
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).
Por
lo que, Bonga et al. (2015) determinan que: “La corrupción es un indicador de
mala gobernanza y, en el ámbito político, socava la democracia y el buen
gobierno al socavar los procesos formales y las normas de conducta establecidas”
(p. 58). La corrupción afecta la capacidad institucional del gobierno al
ignorar los procedimientos establecidos, desviar recursos y promover ascensos y
asignaciones basados en criterios no relacionados con el desempeño.
En
el contexto de las elecciones, la corrupción suele conducir a la elección de
candidatos inapropiados, cuyos intereses personales prevalecen sobre los
intereses internos del Estado. En la función legislativa, la corrupción socava el
principio de transparencia e independencia de funciones. Por lo tanto, un país
lleno de corrupción, hace que no se gobierne de forma correcta, lo cual se ve
reflejado en la mala administración de los gobiernos.
A
nivel administrativo, la corrupción se manifiesta en una provisión desigual de
servicios, lo cual socava la legitimidad de los Estados y, en casos extremos,
puede generar falta de gobernabilidad, inestabilidad política y conflictos
sociales. En resumen, la promoción de la buena gobernanza se ha convertido en
un objetivo global en la lucha contra la corrupción. Además, dado que las
naciones del mundo están interconectadas mediante relaciones económicas y
políticas internacionales, los esfuerzos conjuntos se vuelven necesarios y
valiosos.
La
corrupción se considera uno de los problemas más desafiantes de la sociedad
contemporánea. Gutiérrez (2018) sostiene que: “su impacto en las comunidades y
regiones del país es sumamente profundo y representa una amenaza a largo plazo
para su cultura, economía y bienestar general de las personas” (p. 66). Entre
las causas sociales y económicas, se destaca que la corrupción mantiene a las
personas en países corruptos en la pobreza y el analfabetismo, y se asocia con
altas tasas de mortalidad infantil y en la niñez, bajo peso al nacer en los
bebés y altos índices de abandono escolar en la educación primaria.
Además,
el autor mencionado sostiene que la corrupción provoca un deterioro en la
distribución del ingreso dentro de los países, debilita la calidad de la
infraestructura pública y disminuye la productividad. Es probable que la
corrupción distorsione los mercados y genere costos significativos para la
economía. También obstaculiza la inversión nacional e internacional, limita el
crecimiento económico, restringe el comercio, altera el tamaño y la composición
del gasto público, debilita el sistema financiero y fortalece la economía
informal.
La
corrupción debe ser vista como una actividad de alto riesgo que provoca efectos
macroeconómicos perjudiciales. La decisión individual de participar en actos de
corrupción contribuye al nivel general de corrupción en la sociedad, lo cual a
su vez afecta el riesgo y la recompensa asociados a la corrupción a nivel
individual. Si no se controla, la corrupción puede seguir una trayectoria
ascendente que llega a afectar seriamente toda la actividad económica.
Con
el fin de comprender la corrupción, la teoría económica ha desarrollado dos
perspectivas principales: una que sostiene que la corrupción es un fenómeno
externo al proceso político, y otra que argumenta que es intrínseca a dicho
proceso. Al utilizar cualquiera de estas visiones teóricas, es posible
identificar tres tipos básicos de corrupción. En primer lugar, se encuentra la
corrupción destinada a agilizar procesos, seguida de la corrupción
administrativa y la corrupción de carácter judicial.
De
acuerdo con la teoría económica, se puede analizar la corrupción desde la
perspectiva del marco teórico del principio-agente. Esta perspectiva parte de
la premisa de que existe una disparidad de información entre los principales y
los agentes. Como resultado, los principales, que actúan de manera benevolente,
no tienen conocimiento de las faltas cometidas por sus subordinados. Para Reyes
(2022): “Los modelos teóricos de corrupción basados en este enfoque son
considerados sólidos, ya que pueden explicar una amplia variedad de
comportamientos de funcionarios públicos, incluida la corrupción administrativa”
(p. 11). No obstante, este enfoque no puede abordar el fenómeno de la
corrupción política. Según la suposición central de este enfoque, el Estado es
benevolente y, por lo tanto, no existe la posibilidad de corrupción política.
Solo se puede explicar y predecir la corrupción administrativa a través de este
marco teórico.
Primero,
hay que entender la definición de la criminalidad. Este fenómeno es el conjunto
de actos contrarios a la ley, que generan un agravio dentro de la sociedad
entera. La criminalidad es entendida como el conjunto de infracciones que se realizan
en un lugar determinado, con consecuencias jurídicas sancionatorias. Esta es
una de las principales causas de corrupción, toda vez que, este último fenómeno
se constituye como un actuar cotidiano de hacer cosas indebidas e ilegales, es
decir, actuar con criminalidad.
Revisión
del procedimiento para la obtención de armas de fuego en Ecuador
En
Ecuador, durante el año 2023, se promulgó un acuerdo ministerial que aborda la
tenencia, porte, importación, exportación y comercialización de armas letales y
no letales, así como de municiones y explosivos. Con la publicación de este
documento, se establece un proceso para que las personas interesadas en portar
un arma con fines de defensa personal puedan iniciar los trámites para obtener
el permiso correspondiente. Esta figura legal se ha incorporado al sistema
jurídico como un mecanismo de protección para aquellos individuos que puedan
demostrar que cumplen con los requisitos necesarios para portar un arma de
fuego.
En
abril de 2023, el Estado ecuatoriano, mediante un decreto ejecutivo, autorizó
el uso de armas de fuego por parte de civiles que cumplan con los requisitos
establecidos por esta función estatal. Además, se determinó que el Ministerio
de Defensa será responsable de establecer todos los requisitos necesarios para
implementar esta autorización.
El
órgano gubernamental encargado de otorgar los permisos para el porte y la
tenencia de armas de fuego a civiles en Ecuador, es el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas. Las personas mayores de 25 años tienen la posibilidad de
solicitar esta autorización presentando una solicitud por escrito al Director
de Control de Armas de la institución antes mencionada. En esta solicitud, se
debe justificar la necesidad de portar un arma de fuego. Es fundamental incluir
la dirección precisa y actualizada del solicitante para tener conocimiento del
lugar donde se mantendrá el arma.
Es
importante destacar que se requiere adjuntar una factura u otro certificado que
demuestre la propiedad del arma que se pretende portar. Esto, según el criterio
del Ministerio de Defensa de Ecuador, tiene el propósito de prevenir que las
armas sean utilizadas en actividades ilegales. De esta manera, al conocer el
nombre del propietario, se puede atribuir la responsabilidad a una persona en
particular.
Según
lo mencionado por Hevia y Neumeyer (2020): “los
comerciantes de armas de fuego no pueden venderlas sin contar con el permiso correspondiente”
(p. 30). En caso de que el permiso sea negado, la venta no puede llevarse a
cabo y el arma vuelve a estar disponible para otra persona. Es fundamental que
la identificación de la persona que realiza la solicitud sea clara y completa,
y para ello se requiere la presentación de un certificado biométrico emitido
por la Policía Nacional.
Además
de los documentos mencionados, el citado autor señala que los solicitantes
deben someterse a evaluaciones psicológicas forenses. Estas evaluaciones son llevadas
a cabo por profesionales habilitados y especializados en el campo, con el
objetivo de verificar el estado emocional y psicológico de los solicitantes.
Esto se debe a que una persona con trastornos mentales o inestabilidad
psicológica, no sería adecuada para portar un arma de fuego, ya que
representaría un riesgo para su entorno laboral, social y familiar.
De
acuerdo con las disposiciones del acuerdo ministerial, es necesario que la
persona solicitante se someta a un examen toxicológico para comprobar que no
está involucrada en adicciones al alcohol o drogas de ningún tipo. Estos
certificados e informes deben ser validados por el Ministerio de Salud Pública
y tendrán una vigencia de tres meses a partir de su emisión. Sin embargo, la
persona tiene la facultad de solicitar que estas evaluaciones se repitan si así
lo consideran necesario, conforme se establece a continuación:
El acuerdo ministerial también establece
que los solicitantes deben presentar un certificado actualizado de no tener
antecedentes penales, emitido hasta ocho días antes de la fecha de solicitud
del permiso. Además, deben entregar un certificado que confirme la ausencia de
denuncias, demandas o procesos por violencia intrafamiliar, expedido por la
autoridad competente. También se requiere un certificado de habilidad en el
manejo y uso de armas de fuego, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional o
sus representantes en cada jurisdicción. Adicionalmente, los solicitantes
deberán cubrir los gastos administrativos correspondientes. El costo del
servicio equivale al 15% de un Salario Básico Unificado de Ecuador, lo que se
traduce en USD 63.75 para este año 2023 (Fuerzas Armadas de Ecuador, 2023).
Los
requisitos anteriormente enunciados son parámetros administrativos que deben
cumplir las personas que deseen obtener una autorización para portar armas.
Gracias a estos requisitos se delimita el abuso de armas de fuego en la
sociedad, pues se entiende que el no cumplir con alguno de estos, impide a una
persona obtener dicho permiso.
En
términos generales, se establece que el permiso de tenencia de armas está
gestionado a través del Sistema Nacional de Control de Armas (SINCOAR) y está
dirigido a ciudadanos ecuatorianos. De esta manera, aquellos que sean
beneficiarios de este proceso podrán garantizar la seguridad en sus hogares,
cumpliendo con las normativas vigentes. Según el decreto presidencial, los
permisos de portar o poseer armas de fuego para personas naturales y jurídicas
tendrán una validez de dos y cinco años, respectivamente. Para renovarlos,
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto N. 707, que
reforma el reglamento a la ley que regula el uso de armas de fuego, que se
detallan a continuación:
Tener, al menos, 25 años de edad; Certificado
de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública; Certificado
de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa
Nacional; No haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por
la comisión de un delito; No registrar antecedentes de violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar; Certificado de superar el examen
toxicológico, que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a
fiscalización o no es alcohólica, emitido por Ministerio de Salud Pública; Otros
requisitos que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas. (Decreto 707, 2023, p. 10)
La
autorización del porte y tenencia de armas de fuego a personas civiles en
Ecuador desde una visión crítica
En
Ecuador, y en algunos otros países latinos, los civiles tienen el derecho legal
de poseer y utilizar armas de fuego para su autodefensa, siempre y cuando
cumplan con las disposiciones del derecho penal relacionadas con el uso de la fuerza.
Desde
una perspectiva formal y legal, el Estado no excluye el uso defensivo de armas
por parte de los civiles. Sin embargo, existen diferencias significativas en
cuanto a las circunstancias en las que los ecuatorianos adquieren y utilizan armas
en comparación con los usuarios de armas en Estados Unidos. Es importante
destacar que el artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal (2014) considera
como una pena no privativa la restricción del derecho al porte o tenencia de
armas.
Es
común encontrar deficiencias en la aplicación de políticas públicas y en las
políticas de seguridad, así como efectos negativos y consecuencias no deseadas.
Sin embargo, lo más relevante es que la crisis de seguridad, las limitaciones
de las autoridades estatales y los déficits estructurales, junto con los
factores de riesgo mencionados anteriormente, crean una situación difícil de
comparar para los usuarios de armas en Ecuador. Por otro lado, para Brioschi (2019):
La práctica de la autodefensa civil sin
regularización puede considerarse como un acto delictivo desde una perspectiva
jurídica, ya que está estrechamente relacionada con la violencia defensiva. En
la región, especialmente en áreas menos institucionalizadas de países
sudamericanos, es relativamente común encontrar casos de justicia por mano
propia, como la violencia interpersonal entre vecinos, los linchamientos
urbanos o la formación de milicias de autodefensa. (p. 74)
Estos
actos suponen un desafío constante para los países que buscan establecer el
estado de derecho. El éxito de los intentos de regular el uso de armas de fuego
por parte de los civiles está determinado por diversos factores, siendo el
cumplimiento voluntario uno de los más significativos. El respaldo de la
población y su disposición a acatar las regulaciones son elementos
fundamentales tanto para la efectividad de las políticas administrativas en
general como para las políticas relacionadas con la seguridad y las armas en
particular.
Estas
políticas se basan en la capacidad de las autoridades para ejercer su
autoridad, asegurar el cumplimiento de las normas y ser reconocidas como
legítimas por parte de la población. En última instancia, las personas obedecen
la ley no solo por miedo a ser arrestadas o castigadas, sino porque perciben a
las autoridades legales como legítimas.
Por
otro lado, las medidas de segunda generación se centran en abordar la demanda y
se fundamentan en el contexto local, donde las armas de fuego están arraigadas.
Esto implica adoptar un enfoque basado en políticas públicas que consideren la
compleja interacción entre las armas de fuego y las dinámicas de poder,
delincuencia y violencia. Existe un reconocimiento de la necesidad de
comprender y abordar las complejas relaciones presentes en estos entornos,
teniendo en cuenta de manera integral la política, la criminalidad y la
violencia.
Ahora
bien, citando a Heymann (1997) “entre las medidas
comunes para abordar la posesión y el uso de armas se encuentran las políticas
de seguridad y control de armas, los programas de reducción de la violencia y
las estrategias de desarme” (p. 55). En ciertos países, se reconoce el derecho
constitucional básico de todos los ciudadanos a poseer y utilizar armas.
Únicamente Guatemala, Haití y México consagran este derecho en sus
constituciones. No obstante, estas naciones imponen restricciones estrictas a
esta libertad mediante políticas de control.
Esto
implica que las personas no pueden poseer armas de fuego a menos que puedan
justificar válidamente su necesidad. Los criterios son diferentes según cada
país, en cuanto a la autorización del porte de un arma de fuego a un ciudadano
civil. En el caso de Ecuador, las razones legítimas suelen incluir la colección
de armas, la caza, el tiro deportivo y la autodefensa. Los ciudadanos deben
demostrar la necesidad defensiva de poseer un arma para obtener una licencia.
De acuerdo con el Decreto No. 707, autorizando el uso civil de armas de fuego,
si el propósito del arma es la caza o el tiro deportivo, se emitirá una
licencia de caza, o la persona deberá ser miembro activo de un club de tiro.
En
caso de que se desee portar un arma para fines de autodefensa, se requiere que
los individuos interesados presenten una justificación legítima para su
posesión. Esta justificación puede estar relacionada con ocupaciones que
implican riesgos, como ser una figura pública o manejar grandes sumas de
dinero, o si se considera que son víctimas de persecución y violencia. Para
evaluar estas situaciones, se lleva a cabo un proceso de selección en el cual
las autoridades determinan si la persona es digna de confianza para poseer un
arma y si existe un riesgo creíble que justifique su categorización como
víctima. En teoría, esto se logra mediante procedimientos de selección y
otorgamiento de licencias. Esta distinción es relevante en comparación con
Estados Unidos, donde los civiles no necesitan obtener una licencia para poseer
armas y no están obligados a registrarlas, excepto en algunos estados
específicos.
En
los últimos años, líderes políticos en Ecuador han promovido la idea del porte
autorizado de armas como un elemento que podría contribuir a la seguridad de
los ciudadanos. La implementación de esta medida como una ley respaldada por la
Constitución garantizaría que personas física y mentalmente capacitadas, puedan
utilizar armas en situaciones extremas donde su vida esté en peligro. La
comprensión de la legítima defensa podría generar un debate constructivo sobre
la inclusión del derecho a portar y usar armas en la constitución, con el
objetivo de promover la seguridad en países donde el uso de armas no es un
derecho constitucional y la tasa de criminalidad es elevada.
Para
respaldar esta postura, es esencial llevar a cabo una evaluación exhaustiva
basada en casos reales y estudios pertinentes que definan los alcances y las
limitaciones de esta medida en caso de ser implementada. Es de suma importancia
examinar, en el contexto de este problema, los factores criminológicos y
sociales desde la perspectiva de la penalización del porte y uso de armas como
una forma de protección en Ecuador. La implementación de este tipo de medidas
generalmente implica la participación de organizaciones internacionales y estados
nacionales.
Esto
se debe a que las políticas de control de armas adoptan una perspectiva
holística que abarca aspectos más amplios que las propias armas y la violencia
armada. También se enfocan en promover el control como un requisito fundamental
para reducir la violencia en general, el subdesarrollo, la pobreza, la
marginación y los conflictos políticos.
La
presencia de factores como el robo armado, los asesinatos por encargo
frecuentes y la violencia entre grupos delictivos en áreas urbanas contribuye a
la inestabilidad social. Se plantea la posibilidad de que la implementación de
leyes constitucionales que permitan el porte de armas sea una solución para
mejorar la seguridad de los ciudadanos. No obstante, es trascendental considerar
la realidad del país y evaluar el impacto sociológico que esta medida podría
tener.
Además,
existe la posibilidad de que la falta de un control de seguridad adecuado
resulte en problemas adicionales, como el comunitarismo y la autodefensa
desregulada. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio crítico y
exhaustivo para comprender a fondo las ventajas y consecuencias de promover e implementar
leyes que permitan el porte de armas en Ecuador. Esto permitirá evaluar de
manera informada los posibles beneficios y riesgos asociados con esta medida.
Es
importante llevar a cabo programas piloto en comunidades, en consonancia con
las regulaciones establecidas, con el fin de evaluar los límites de esta
perspectiva de seguridad. Mediante evaluaciones periódicas de los resultados
obtenidos, será posible identificar aspectos fundamentales que respalden la
promoción del derecho constitucional al porte de armas y fortalezcan la
seguridad ciudadana a través de la autodefensa personal. Estos pilotos
permitirán recopilar información relevante para tomar decisiones informadas
sobre la implementación y los beneficios potenciales de esta medida en el contexto
ecuatoriano.
El
Estado ecuatoriano, dentro de la legislación ha contemplado en todo momento las
sanciones para aquellas personas que mantengan en su poder un arma de fuego. En
la mayoría de ocasiones, las armas de fuego son empleadas para atacar a otro
individuo de manera violenta y generalmente, durante el cometimiento de un acto
ilícito. Dentro de este Estado, el porte de armas se encuentra regularizado
desde hace ya algunos años atrás. Sin embargo, este porte y tenencia de armas
estaba restringido para la sociedad en general. La fuerza pública es quien por
la naturaleza de sus funciones tenía el acceso a usar armas de fuego, sin la
necesidad de obtener permisos o pedir autorizaciones a los entes
gubernamentales.
Existen
diferentes perspectivas en torno a la autorización para el porte y tenencia de
armas, entre ellas y la que más se evidencia en Ecuador, es la corrupción. Este
fenómeno se produce como causa de un gobierno deficiente, de un modelo político
cambiante, donde el poder público se encuentra en manos de personas que buscan
únicamente, sus intereses políticos y personales. Cada gobierno en turno adecúa
sus normas y procedimientos acordes a sus necesidades y en más de una ocasión
estas reglas se fijan para pagar favores entre los grupos oligarcas.
El
ordenamiento jurídico ecuatoriano dentro de sus normas positivas, empezando por
la carta constitucional, contienen preceptos políticos y normativos que
garantizan los derechos constitucionales. Pero, sobre todo garantizan una
institucionalidad equilibrada y transparente que permita cumplir con el modelo
de Estado que rige en el país, la democracia.
Un
gobierno democrático es aquel que fija un plan de gobierno y se desarrolla en
función de garantizar las necesidades del pueblo en general, pero, de manera
prioritaria garantizando los derechos de las minorías, esos grupos que durante
años han sido olvidados por sus mandatarios y su integridad se ha visto
afectada. Empero, en países como Ecuador, donde el desempeño y desarrollo aún están
en camino, la corrupción entra como una tentación para aquellas autoridades que
ansían el poder político o económico.
Es
así que la corrupción es la base para los demás fenómenos que se producen en la
sociedad. En ese sentido, la delincuencia nace como producto de esa terrible
desigualdad que se vive en Ecuador. Por cuanto, se convierte en una cadena de
actos ilegales para conseguir fines determinados. Dentro de las dependencias de
la función ejecutiva, de manera específica, los ministerios, son los encargados
de conceder licencias y permisos para diferentes circunstancias dentro del
ámbito de sus competencias como, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente se
encarga de otorgar licencias ambientales. Así mismo sucede, con el Ministerio de
Defensa, el cual es el organismo encargado de emitir las autorizaciones
correspondientes al porte y tenencia de un arma de fuego para los ciudadanos
civiles.
El
ministerio encargado de otorgar el permiso respectivo para el porte y tenencia
de armas debe observar que la persona solicitante, sea una persona apta y capaz
de llevar un arma de fuego, sin convertirse en un peligro y riesgo para su
núcleo familiar o para la sociedad en general. En función de aquello se
establece una serie de requisitos que deben cumplirse para en efecto, obtener
la autorización.
Sin
embargo, nace la siguiente interrogante: ¿Cómo saber si dentro del proceso de
obtención de la autorización para portar un arma de fuego no existieron actos
corruptos?, ¿estarán siendo respetados los requisitos de aptitud a cumplirse por
los usuarios a los que se le entregue la autorización para portar armas de
fuego?
A
la hora de entregar dicha autorización, este cuestionamiento es fundamental, ya
que si, dentro de las autoridades encargadas existió alguien que a cambio de
dinero o algún particular, otorgó el permiso cuando no debía hacerlo, está
poniendo en riesgo a toda una sociedad, ya que como se mencionó anteriormente,
en un país con altos índices delincuenciales, una persona no apta para tener un
arma puede acabar con la vida de otras personas.
Conclusiones
1.
A partir de la
promulgación del Decreto Presidencial N. 707 de la República del Ecuador, se
autoriza el porte de armas para la sociedad civil, disponiéndose que, los organismos
correspondientes establezcan algunos requisitos para conceder la respectiva
autorización. Sin embargo, este trámite burocrático lo que hace es dar puerta
abierta a fin de que en este proceso se cometan irregularidades y las personas
que tengan la posibilidad económica, social o política puedan portar un arma
sin tener la necesidad de aquello, solo porque así es su deseo. Generando un
gran peligro para la sociedad.
2.
Existen dos matices
fundamentales en Ecuador, que se tienen que analizar antes de disponer el libre
porte y tenencia de armas. El primero, es la delincuencia, fenómeno social,
jurídico e incluso, hasta económico, que ataca países en vías de desarrollo,
como Ecuador, donde día tras día, se cometen actos ilícitos con uso de
violencia, provocando la pérdida de vidas humanas. El segundo, es la
corrupción. Este fenómeno está asociado a gobiernos incompetentes que permiten
que sus allegados puedan acceder a lo que deseen a cambio de favores económicos
o políticos.
3.
La autorización para el
porte de armas en Ecuador, contrario a la tranquilidad esperada, genera un
miedo permanente por parte de sus habitantes. Esto, debido a que se ha
caracterizado por ser un país con una institucionalidad poco equilibrada, por
contar con autoridades que cambian las normas de acuerdos a sus intereses políticos.
Dejar en manos de la ciudadanía, la seguridad del país, es lavarse las manos
por parte del gobierno y dejar que se vuelva a la época donde sobrevive el más
fuerte, lo que, sin duda, atenta contra los derechos fundamentales reconocidos
incluso, a nivel internacional y que a la humanidad entera le ha costado mucho
conseguir.
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