Recibido:
23/10/2023 Aceptado: 06/10/2023
Impacto
del contrabando impune de armas de fuego en la seguridad ciudadana en Ecuador (Original).
Impact of firearms smuggling impunity on citizen
security in Ecuador (Original).
Nicole
Stephanie Guerrero Toro. Licenciatura en Derecho.
Universidad Tecnológica Indoamérica, Ambato. Ecuador. [ nguerrero3@indoamerica.edu.ec] %20Impacto%20del%20contrabando_archivos/image002.gif){kind=small}
.
Yudith
López Soria. Licenciada en Derecho.
Máster en Derecho Penal. Doctora en Ciencias Jurídicas. Universidad Tecnológica
Indoamérica, Ambato. Ecuador.
[ ylopez7@indoamerica.edu.ec ] .
Resumen
El objetivo del
presente estudio es argumentar críticamente el impacto que genera el
contrabando impune de armas de fuego en la seguridad ciudadana en Ecuador. Se
aplica una metodología cualitativa, con métodos científicos como el histórico,
lógico y exegético, para sustentar con criticidad el impacto del contrabando de
armas de fuego en la sociedad ecuatoriana. Como resultados relevantes puede
concretarse que la impunidad del contrabando de armas de fuego tiene un impacto
significativo en la seguridad ciudadana en Ecuador, partiendo de que es un
delito que involucra la importación, exportación, transporte o comercio ilegal
de armas de fuego, municiones y explosivos, lo que representa una amenaza para
cualquier sociedad. Además, se pudo validar mediante la revisión teórica cómo
ha aumentado el contrabando de armas de fuego en igual proporción que la
inseguridad ciudadana. Por otro lado, se constata que los casos de impunidad crecen
y se acentúan cuando existen casos de corrupción, fortalecimiento de
organizaciones criminales y rutas frecuentes de tráfico, teniendo un impacto
significativo en la evolución de la inseguridad ciudadana que se vive en el
país actualmente.
Palabras clave: contrabando;
armas de fuego; impunidad; seguridad ciudadana; Ecuador
Abstract
The objective of this study is
to critically argue the impact of unpunished firearms smuggling on citizen
security in Ecuador. For this purpose, a qualitative methodology is applied,
with scientific methods such as historical, logical and exegetical, to critically
support the impact of firearms smuggling on Ecuadorian society. As relevant
results, it can be concluded that the impunity of firearms smuggling has a
significant impact on citizen security in Ecuador, given that this is a crime
that involves the illegal import, export, transport or trade of firearms,
ammunition and explosives, which represents a threat to any society. In
addition, it was possible to validate through a theoretical review how firearms
smuggling has increased in the same proportion as citizen insecurity. On the
other hand, it was found that cases of impunity grow and are accentuated when
there are cases of corruption, strengthening of criminal organizations and
frequent trafficking routes, having a significant impact on the evolution of citizen
insecurity in the country today.
Keywords: smuggling; firearms; impunity; citizen security; Ecuador.
Introducción
La impunidad del contrabando de armas
de fuego implica que los responsables de introducirlas y distribuirlas de forma
ilegal, no siempre son capturados, juzgados, ni sancionados de manera efectiva.
Esto crea un ambiente propicio para el aumento de la violencia y el crimen, ya
que las personas sospechosas se sienten protegidas al saber que no enfrentarán
consecuencias legales por sus acciones u omisiones en torno a esto.
La disponibilidad de armas de fuego
ilegales alimenta la delincuencia y socava la seguridad ciudadana. Estas armas
no solo son utilizadas por las personas sospechosas comunes, sino también, por
organizaciones criminales, narcoguerrilleras, y movimientos terroristas que
buscan mantener una ideología de poder.
El contrabando de armas alimenta la
violencia, el narcotráfico, y la criminalidad organizada, poniendo en peligro
la integridad y la vida de los ciudadanos. La falta de captura, juicio y
sanción efectiva para con los responsables debilita la confianza en las
instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. Existen grandes
falencias en los sistemas de control y regulación de armas, lo que facilita su desvío
hacia el mercado ilegal. Además, el contrabando de armas está vinculado a otras
actividades delictivas, como el narcotráfico y la financiación de
organizaciones criminales.
El Estado tiene la responsabilidad de
garantizar la seguridad de sus ciudadanos y proteger sus derechos
fundamentales, lo cual implica implementar medidas efectivas para prevenir y
combatir el contrabando de armas, así como investigar y sancionar a los
responsables. La impunidad en el contrabando de armas y sus consecuencias
tienen un impacto perjudicial en la sociedad ecuatoriana, generando un entorno
de violencia e inseguridad constante. Perdiendo su vigencia la Norma penal, dejando
el Derecho penal y el Sistema penal de cumplir sus principales funciones, por
un lado, la de control social y por otro, la función de tutelar, que implica la
protección a los bienes jurídicos de los ciudadanos.
Bajo esta premisa,
se detecta la necesidad de analizar cómo el contrabando impune de armas de
fuego afecta a la seguridad ciudadana en Ecuador. Cuando
los ciudadanos perciben que los responsables de este tipo de delitos no son
castigados, se genera una sensación de desprotección y desconfianza en la
sociedad, lo que puede llevar a una disminución de la cooperación ciudadana y
dificultar los esfuerzos para combatir el crimen.
Materiales y
métodos
Este estudio responde a una
metodología cualitativa, que engloba métodos como el histórico-lógico,
exegético e inductivo. Por ejemplo, mediante el método histórico, se estudia el
origen y la evolución del contrabando en la humanidad y luego, en Ecuador. El
método lógico permite descubrir las consecuencias que el contrabando de armas
genera, mientras que, el exegético se utiliza para el estudio de las normas
jurídicas y el origen etimológico de la norma, con la finalidad de describir el
significado que el legislador ha establecido.
El método exegético se desarrolla en
este estudio para argumentar críticamente el impacto que genera el contrabando
impune de armas de fuego en la seguridad ciudadana en Ecuador. Este método
consiste en analizar e interpretar diferentes fuentes teóricas y legales para
llegar a conclusiones fundamentadas. Además, es útil para analizar e
interpretar leyes, normativas y jurisprudencia, relacionadas con el contrabando
de armas y la impunidad en Ecuador. Se busca comprender y explicar de manera
crítica cómo la impunidad en este delito, producto de casos de corrupción,
fortalecimiento de organizaciones criminales y rutas frecuentes de tráfico,
tiene un impacto significativo en la evolución de la inseguridad ciudadana en
el país.
El método inductivo permite descubrir
patrones y tendencias a partir de datos específicos, lo que puede ayudar a
identificar áreas de enfoque para la aplicación de políticas y estrategias de
prevención. Estos métodos son complementarios, y se utilizan en conjunto para
un análisis holístico del fenómeno de estudio.
Con la metodología diseñada se puede
comprender las causas y consecuencias del contrabando de armas, y de lo que
implica este fenómeno delictivo para proponer medidas correctivas y
preventivas, además de identificar las repercusiones en la sociedad, desde una
perspectiva jurídica con análisis del tipo penal concerniente, así como
sociológico.
Análisis y discusión de los resultados
El contrabando se promueve a través
de diferentes movimientos que circulan desde las zonas fronterizas y que
ingresan al país a través de canales ilegales. El Estado debe contar con la
capacidad de controlarlos mediante los equipos de inteligencia nacional y
desarticulación. Sin embargo, esta situación se ve interrumpida cuando las
armas de fuego ingresan al país mediante diferentes vías ilícitas que evaden
los controles aduaneros. Esta actividad ilegal se conoce como contrabando y
está asociada a la intención deliberada de cometer estos actos, lo que implica
la presencia de fraude. Según Andrade (2017):
el
contrabando es el ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero
nacional, de manera clandestina o irregular. Esto último se refiere a la comisión
de ciertos actos tales como el ocultamiento, movilización, extracción o descargo
de mercancías con el fin de evitar el control aduanero estatal. (p.17)
El contrabando es una forma de
evasión, ya que busca eludir el pago de los impuestos y tributos asociados a la
importación o exportación de mercancías. Esto afecta negativamente al Estado,
al privarlo de los ingresos que provendrían de los impuestos y aranceles
legítimos. Estos recursos son esenciales para financiar los servicios
necesarios para la población y mantener el funcionamiento del Estado. Además,
el contrabando distorsiona la competencia en el mercado, ya que las armas de
fuego al ser ingresadas ilegalmente, pueden ser vendidas a precios más bajos al
no tener que cubrir los costos legales asociados, lo que perjudica tanto la
economía, como la operatividad del país.
Se pueden identificar tres categorías
principales de contrabando: contrabando masivo, contrabando de hormiga y
contrabando técnico; este último referido a la defraudación aduanera.
El contrabando masivo implica grandes
cantidades de mercancías. En el año 2010 se capturaron once barcos, y desde
entonces, se ha mantenido la tendencia de capturar uno o dos barcos por año en
colaboración con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el panorama ha ido cambiando
debido a que el contrabando se ha vuelto más complejo, involucrando redes de
mafias organizadas que compiten con el contrabando de hormiga. Esta competencia
se ve facilitada por la libre movilidad entre países vecinos, gracias a la
construcción de nuevos pasos, puentes y vías fronterizas, que son obras
necesarias para el desarrollo económico de las zonas fronterizas (Soriano,
2015).
Este tipo de
contrabando, se sitúa en caminos fronterizos y salas de arribo internacional de
los aeropuertos. En él se utilizaba un método de 4x4, que se refiere a
mercancía que debe pesar menos de 4 kilos y su valor menos de 400 dólares, cupo
que los contrabandistas utilizan para importaciones de uso personal exenta de
tributos. Para Soriano (2015):
El
contrabando técnico también conocido como defraudación aduanera, se
refiere a un tipo de contrabando en el que se siguen procedimientos aduaneros
formales. En este caso, el contrabandista presenta una declaración aduanera
ante la Aduana, declarando las mercancías que supuestamente están contenidas en
el envío. Sin embargo, al momento de inspeccionar la mercadería, se descubre
que el valor declarado es subvalorado, la clasificación no es correcta o las
mercancías no coinciden con lo declarado. (p.3)
Es importante destacar que la
detección y combate del contrabando técnico requiere de un sistema eficiente de
control aduanero, capacitación especializada para los funcionarios encargados
de la inspección y un seguimiento constante de los perfiles de riesgo
actualizados para adaptarse a las nuevas estrategias utilizadas por los
defraudadores aduaneros.
La finalidad principal del
contrabando es evadir impuestos y contribuciones que generen por la
introducción de la mercancía; por este motivo se reducen los valores reales y
disminuye el valor arancelario. Para ello, es importante resaltar que la parte
central del contrabando se encuentra en el mercado informal, el contrabando se
presenta por dos razones principales: la economía y la escasez.
Serrano (2020)
manifiesta que una de las principales causas del contrabando, son los altos
precios de los productos en el país. Expone también que existe falta de
conciencia en los ciudadanos inescrupulosos, que ingresan mercancías ilegales,
sabiendo que perjudican a la economía del Estado, realizando de manera
reiterada, lo que se ha convertido en una cultura facilista, que ha hecho de
este ilícito una práctica común. Pero, esto es secundario, frente a que es una
actividad, que también pone en peligro la vida de miles de personas.
El contrabando de
armas de fuego es una problemática global que tiene diversas causas
subyacentes. Analizar las causas y consecuencias de este fenómeno es
fundamental para comprender su impacto en la seguridad y la sociedad. A
continuación, se presentan algunas de ellas, analizando también sus
consecuencias.
Los conflictos
armados y las áreas con altos índices de violencia generan una demanda
significativa de armas de fuego. Grupos rebeldes, milicias y otros actores
armados ilegales buscan adquirir armamento para fortalecer su poderío y llevar
a cabo sus acciones violentas (Mangalhaes, 2015).
Hay que considerar que
las deficiencias en los sistemas de control y regulación de armas de fuego
facilitan su desvío hacia el mercado ilegal. La corrupción, la falta de
eficacia y rigurosidad en la supervisión y fiscalización de las actividades de
importación y exportación por parte de la entidad encargada, en este caso el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) implica que no se cumpla de manera adecuada con la
función de asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones aduaneras, lo
que permite que se produzcan situaciones de contrabando y evasión de impuestos,
que contribuyen a que las armas ingresen al mercado negro (Sanjurjo, 2021). Asimismo,
el tráfico transnacional de armas al ser un negocio lucrativo para redes
criminales transnacionales, permite que estas organizaciones aprovechen las
rutas y los mecanismos existentes para transportar armamento de un país a otro,
evitando así los controles legales y aduaneros.
Las consecuencias
del contrabando implican que el Estado sufra una disminución en sus recursos debido
a la defraudación aduanera. Los productos extranjeros, crean una competencia
deseleal en el mercado, la falta de incentivos para la industria legal, y el
comercio nacional afectan negativamente al desarrollo económico, para lo cual
el Estado debe destinar más recursos para combatir el contrabando. Esto, puede
tener un efecto de imitación en la comunidad, donde se normaliza y se propaga, a
través de la presencia de organizaciones de contrabando que pueden estar relacionadas con el narcotráfico
y otras actividades delictivas, lo que contribuye a un clima de violencia y al
aumento de otros delitos (Vela, 2012).
Es un fenómeno que contribuye
a la prolongación y la intensificación de los conflictos armados. Los grupos
beligerantes obtienen armas para mantener su poderío militar, lo que prolonga
el sufrimiento de las poblaciones afectadas y dificulta la resolución pacífica
de los conflictos. También representa una amenaza para la seguridad nacional e
internacional. Las armas ilegales pueden ser utilizadas por grupos terroristas
para llevar a cabo ataques indiscriminados, lo que pone en peligro la
estabilidad de los países y puede tener consecuencias a nivel global. En suma, permite
a grupos criminales desafiar la autoridad del Estado y debilitar el orden
público. Estos grupos pueden utilizar las armas para imponer su voluntad,
fomentar la desestabilización social y desafiar la autoridad legítima del
gobierno.
Tras el enfrentamiento armado con
Perú y después de la firma del acuerdo de paz, el enfoque de los conflictos se
desplazó hacia la frontera norte, un proceso facilitado por el Plan Colombia.
En los últimos quince años, Ecuador ha adquirido una ubicación estratégica en
el contrabando de armas debido a la internacionalización del conflicto
colombiano y el tráfico de drogas, lo cual ha generado un impacto en la
subregión y en las fronteras, convirtiendo a Ecuador, en un nodo de gran
importancia.
Las autoridades niegan que en Ecuador
exista un tráfico masivo, la evidencia apunta a que el país es lugar de origen
y espacio de tránsito del tráfico de armas (tipo hormiga) destinado
principalmente a grupos armados de las FARC, a bandas criminales como las
Águilas Negras y a la minería ilegal, que suele mostrar vínculos con los
mercados ilegales (Pinto, 2015).
A Ecuador lo utilizan como un país de
tránsito redes criminales, tal y como lo determina la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022). El contrabando de armas en
Ecuador emplea rutas terrestres, marítimas y conecta una red de localidades
nacionales que invariablemente culmina en territorio colombiano; además hay
asaltos a bodegas policiales a través de los rastrillos de la Policía Nacional y
del Ejército en donde están decomisadas las armas de fuego.
Los grupos delictivos aprovechan la
capacidad, la experiencia del contrabandista para burlar, corromper o
enfrentarse a la fuerza pública utilizando rutas convencionales, manejando
estrategias de traslado y camuflaje. Muchas de las veces aprovechan las
corrientes de los ríos para el traslado de armas de fuego, otras, pagan peajes
en los dos lados de la frontera, o utilizan a personas a los que denominan
halcones, para que se encarguen de la vigilancia y alerta de la presencia de
autoridades en las fronteras.
En Ecuador, la puerta principal para
el contrabando de armas de fuego es la frontera sur, iniciando por Chile y
Perú, considerando a Machala como la ciudad bisagra para distribuir a las
provincias de la región costa, que son las que presentan mayores índices de
inseguridad ciudadana, como, por ejemplo, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, y de
ahí salen hacia Nariño, Colombia.
Otra de las rutas del contrabando es
la que incluye las provincias de Azuay, Cañar y Tungurahua, específicamente en
el cantón Baños, que también se considera una ciudad bisagra, para distribuir a
Pichincha como centro de acopio, luego las armas van a Tulcán y Lago Agrio para
trasladar a Puerto Asís, Mocoa, en Colombia.
Según
el boletín de prensa Primicias se ha manifestado lo siguiente:
La
crisis de seguridad que vive Ecuador tiene distintas dimensiones. Una de ellas
está relacionada con la mayor circulación y uso de armas de fuego ilícitas para
los crímenes. En 2022, el país bordea las 3.000 muertes violentas. El 50% de
estos delitos se han cometido con armas de fuego y están vinculadas, en su
mayoría, con el crimen organizado y el narcotráfico. (Noboa, 2023, 2)
De acuerdo con la estadística
anteriormente mencionada, se identifica que el aumento significativo en la
circulación y uso de armas de fuego ilícitas en Ecuador ha generado una crisis
de seguridad de múltiples dimensiones, estas armas están mayormente vinculadas
al crimen organizado y al narcotráfico, lo que evidencia la gravedad de la
situación. Estos datos subrayan la urgencia de abordar el contrabando de armas
y la necesidad de fortalecer las medidas de control y combate contra este
fenómeno. La lucha contra el contrabando de armas debe ser una prioridad para
las autoridades, en busca de garantizar la seguridad ciudadana y reducir la
violencia asociada a su uso indebido.
Los delitos más denunciados, de
acuerdo con la Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia, incluyen
robos a personas, robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos, robo de
motos, robo de carros, robo a domicilio, robo a unidades económicas y
violaciones. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta delitos relacionados con
drogas o los que atentan contra la integridad sexual.
Rol
del Estado ecuatoriano para combatir el contrabando de armas de fuego
En Ecuador, se reconoce que el Estado
tiene funciones que personifican la autoridad estatal. Sin embargo, es
importante destacar que la base de todo Estado reside en elementos
fundamentales presentes en la Constitución, los cuales le dan vida según
diversas teorías. Estos elementos claves, son la población y el territorio,
cuya armonización normativa es crucial para garantizar la unidad y estabilidad
del Estado. Es importante resaltar que el Estado Ecuatoriano en su función de
mantener el orden público, ha reformado el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
con fecha 29 de marzo del 2023, cuyo objetivo fue endurecer las penas
relacionadas con el crimen organizado sancionando hasta 13 años de prisión a
delitos relacionados con el tráfico de armas.
Es, precisamente, en esta
armonización normativa, donde el Estado adquiere una serie de obligaciones,
potestades y facultades, y es allí, donde surge el concepto de Ius Puniendi.
Al
ser el poder punitivo, un privilegio que ostenta el Estado y que, para hacerla
efectiva, entre otras cuestiones, implementa al Derecho Penal, como un
mecanismo de control social, dentro de su función dual, dígase, protección de
los bienes jurídicos, (función tuitiva) y, a su vez, el control social, como
amenaza proveniente del derecho de sancionar a quien ha dañado o puesto en
peligro, esos bienes jurídicos que protege o debe proteger dicho Estado, a
todos. (López y Sánchez, 2022)
Esta potestad del Estado para
sancionar y castigar permite reprimir cualquier comportamiento que perturbe la
paz de los habitantes, la convivencia armoniosa y el orden público.
Es responsabilidad del Estado
encontrar la manera adecuada de ejercer su facultad punitiva con el fin de
lograr el orden social. En el contexto de comportamientos ilícitos, el Estado
debe buscar en el ámbito del derecho, la forma más apropiada para alcanzar este
objetivo tan importante. Y, es, en el campo del Derecho penal, donde se
encuentra la herramienta clave que permite proteger lo que el Estado considera
valioso para su pleno desarrollo.
El Derecho penal introduce un
concepto fundamental conocido como "Bien Jurídico", el cual está
protegido por su normativa, ante la eventualidad de una violación de dicha
norma, a través de esta rama del derecho, que se considera como la última
opción o recurso, debido a sus severas sanciones, para poder enfrentar aquellos
comportamientos que contravengan las normas establecidas.
Por ende, en el ámbito del Derecho
penal, se busca proteger los bienes jurídicos que tienen un papel fundamental y
de suma importancia, tanto, en el desarrollo social como en el individual.
Estos bienes son susceptibles de recibir protección legal, y en el contexto
específico de los delitos aduaneros, existen diversas teorías que plantean cuál
sería el bien jurídico que se busca proteger. Manifestándose así, la protección
tuitiva o tutelar del Derecho penal.
Elementos constitutivos
del tipo
Para
comprender este delito, es importante analizar los elementos constitutivos del
tipo penal, es decir, los elementos que deben estar presentes para que se
configure legalmente el delito de contrabando de armas de fuego. El primer
elemento es la conducta delictiva, que consiste en la introducción, salida,
ocultamiento, transporte o comercialización de armas de fuego de manera ilegal,
descritas a través de varios verbos rectores. Esto implica acciones como el
contrabando en fronteras, el transporte encubierto de armas o la venta
clandestina de armas sin los permisos y autorizaciones correspondientes.
El bien jurídico que ataca el
contrabando de armas es la seguridad y el orden público. El contrabando de
armas implica la introducción ilegal de armas de fuego y municiones a un país,
lo cual constituye una amenaza para la seguridad de la sociedad. Estas armas
pueden ser utilizadas para cometer delitos violentos, promover la delincuencia
organizada, el terrorismo y otros actos delictivos graves. Por lo tanto, el
contrabando de armas se considera un delito grave que atenta contra el
bienestar y la seguridad de la sociedad.
El delito de contrabando se encuentra
tipificado en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal dentro de los
delitos contra la administración aduanera; de tal manera, el contrabando de
armas de fuego es una conducta antijurídica. Es decir, contraria a la ley, ya
sea porque daña o pone en peligro alguno de los bienes jurídicos protegidos por
el Derecho penal y en su caso, ley penal vigente. Tal y como describe López
(2020):
Resulta
obvio que significa una lesión a un interés o podría decirse, a un bien
jurídico, y es interés jurídico porque está protegido precisamente por el
ordenamiento jurídico, interés o bien jurídico que, por su propia naturaleza
debe ser espiritual y/o patrimonial. (p. 100)
La introducción, salida o
comercialización de armas de fuego sin los permisos correspondientes constituye
una violación a las normas legales vigentes. Para que se configure el delito,
es necesario que el contrabandista actúe de manera voluntaria y con conocimiento
de la ilegalidad de sus acciones. Es decir, debe existir reconocimiento por
parte del autor del delito.
Siguiendo la estructura de la teoría
del delito y la ubicación de los elementos en la escuela finalista y el COIP,
los elementos del delito se describen de la siguiente manera:
1. Tipicidad: En este elemento se
encuentran el dolo, la culpa y la preterintención.
- Dolo: Se refiere a la intención
deliberada de cometer un acto ilícito. Es cuando una persona realiza una acción
consciente y voluntaria, con pleno conocimiento de que está infringiendo la
ley. El dolo puede ser directo, cuando la persona tiene la intención directa de
causar un resultado prohibido, o eventual, cuando acepta de forma indirecta la
posibilidad de que se produzca dicho resultado.
- Culpa: Se refiere a la negligencia
o falta de diligencia en el actuar de una persona. Cuando se comete un delito
por culpa, no hay una intención directa de infringir la ley, pero se ha actuado
de manera negligente, sin tomar las precauciones necesarias para evitar el
resultado ilícito.
- Preterintención: Se presenta cuando
una persona, con dolo o culpa, causa un resultado más grave o amplio de lo que
tenía previsto inicialmente. Es decir, el individuo realiza una acción con una
intención específica, pero el resultado es más grave de lo que pretendía o
anticipó.
2. Antijuridicidad: Es la
contrariedad del acto realizado con el ordenamiento jurídico, es decir, cuando
una conducta va en contra de la ley. Para que una conducta sea antijurídica,
debe ser contraria a una norma vigente y no estar amparada por ninguna causa de
justificación legal.
3. Culpabilidad:
la
culpabilidad queda establecida tras haber verificado, en primer lugar, la
capacidad de una persona para entender y querer cometer un delito, lo cual requiere
como presupuesto, la imputabilidad, a decir, tener capacidad de que se le
atribuya esa conducta, mayoría de edad y salud mental. Además, de que debe
existir un nexo causal que una al individuo o persona acusada con ese resultado
delictivo. Este nexo causal estaría conformado por los elementos probatorios
que llevan a convicción al juzgador sobre la participación y responsabilidad penal
del acusado en dicho delito. (López et al., 2022)
4. Punibilidad: La punibilidad hace
referencia a la posibilidad de aplicar una pena o sanción al autor del delito.
Para que una conducta sea punible, debe estar expresamente contemplada como
delito en la ley y cumplir con los demás requisitos establecidos en el sistema
jurídico. Además, se deben considerar factores como la imputabilidad del autor,
la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes, entre otros.
En el COIP se establecen una serie de
acciones relacionadas con el contrabando de mercancías en el territorio
aduanero ecuatoriano, estableciendo las sanciones correspondientes para
aquellos que las lleven a cabo. Estas acciones incluyen el ingreso o extracción
clandestina de mercancías, el transporte de mercancías extranjeras dentro de la
zona secundaria sin documentación legal, el cargue o descargue de mercancías no
declaradas, la internación de mercancías de zonas especiales sin cumplir los
requisitos correspondientes, entre otros actos ilícitos relacionados con el
contrabando.
En
términos jurídicos, se establece que la persona que cometa alguno de estos
actos será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años y una
multa de hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito.
Además, se establece una resolución de la Corte Constitucional que aclara el
plazo de las 72 horas para presentar la documentación que justifique el origen
lícito de la mercancía extranjera movilizada. La falta de presentación de esta
documentación dentro de ese plazo no configura por sí sola el delito de
contrabando y no contraviene el principio de presunción de inocencia. Sin
embargo, la carga probatoria recae en la Fiscalía, quien debe presentar pruebas
de cargo para probar el delito de contrabando (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2014).
Esto significa que una persona que
realice cualquiera de los actos mencionados en forma sistemática o fraccionada,
ya sea en un solo acto o en diferentes actos de menor importe, será considerada
culpable de contrabando. Aquí se deben tomar en cuenta aspectos relevantes como
la presunción de inocencia, puesto que la Fiscalía es sobre quien recae la
carga probatoria.
Penalidad
En el marco del COIP, se establecen
las consecuencias legales para aquellas personas que cometan actos de
contrabando en relación a la importación o exportación de mercancías. En este
sentido, se enfatiza que la comisión de este delito conlleva severas sanciones
en términos de privación de libertad y multas económicas.
Estas sanciones, tanto la pena
privativa de libertad como la multa económica, representan la respuesta del
sistema judicial ante la comisión de un delito de contrabando. Su aplicación
tiene como fin principal salvaguardar el orden socioeconómico y la legalidad en
las operaciones de importación y exportación, garantizando que las mercancías
ingresen o salgan del país de manera adecuada, cumpliendo con las normas y
procedimientos aduaneros establecidos, y “será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de
la mercancía objeto del delito.” (COIP, 2014,
p.116).
¿Qué es la impunidad y cómo
se propicia? Un análisis desde la realidad ecuatoriana
En Ecuador, la impunidad ha sido un
problema persistente que perturba la efectividad del sistema de justicia y echa
abajo la confianza de la población en la aplicación de la ley, el sistema
judicial, la seguridad ciudadana y también, incidiría, en la escala de
criminalidad.
La
impunidad es el contexto de dejar sin castigo un delito cometido. Se encuentra
en situación de impunidad la persona autora de un delito que no recibe el
castigo establecido por la normativa para esa transgresión; también aquella que
recibe una pena menor que la que la justa aplicación de la ley implicaría. Al
mismo tiempo, la impunidad conlleva un daño para las víctimas de los delitos no
castigados, pues la deseada reparación del daño que establece la justicia
retributiva jamás llega para ellas; y en su acumulación social, la existencia y
escalamiento de la impunidad implican también una degradación para el Estado de
derecho, para las condiciones de certidumbre legal y, en definitiva, para la
esfera pública de una sociedad (Rodríguez, 2011).
Según Le
Clercq et al. (2016) la impunidad implica la falta de castigo para los
delitos cometidos, lo que ocasiona un perjuicio para las víctimas, debilita el
Estado de derecho y socava la confianza en la aplicación justa de la ley en una
sociedad.
El concepto de impunidad abarca
varias dimensiones relacionadas con la ausencia de justicia. En primer lugar,
implica la falta de conocimiento de la verdad por parte de las víctimas y la
sociedad sobre los abusos sufridos. En segundo lugar, implica la necesidad de
que las víctimas reciban reparación, incluyendo compensación económica y
medidas de rehabilitación para superar las secuelas físicas y psicológicas. En
tercer lugar, implica tomar medidas de prevención para evitar la repetición de
violaciones a los derechos humanos, lo cual incluye establecer y hacer cumplir
el marco legal y de garantías que protege a los individuos. Estos elementos
constituyen obligaciones y compromisos legales que los Estados asumen
voluntariamente al formar parte de tratados de derechos humanos.
La corrupción, la impunidad, la
informalidad, las asimetrías políticas y comerciales, así como las
características geo-históricas donde se concentra el contrabando, son factores
que condicionan su arraigo. Además de ellos, la libre movilidad, principio
contemplado en la Constitución de 2008, ha sido señalada por las autoridades
aduaneras como factor que contribuye a la proliferación del contrabando
“hormiga”. La libre movilidad debe apoyarse en políticas, planes, proyectos y
acciones que cubran las zonas grises que dejan los cuerpos legales, ya que son
propicias para la ejecución de este delito (Pinto, 2015).
Cuando se hace referencia a la
impunidad, es posible identificar dos posibles fuentes: la impunidad de origen
normativo, que se produce cuando no existe o no es adecuada la normativa que
permitiría evitarla; y la impunidad de origen fáctico, que ocurre cuando, a
pesar de contar con normas apropiadas, estas no se aplican o no se aplican de
manera adecuada (Acero, 2018).
La impunidad en el contexto
ecuatoriano se ve influenciada por diversos factores que propician su
existencia y persistencia. La corrupción es un problema arraigado en la
sociedad y afecta a diversos sectores, incluido el sistema judicial y de
aplicación de la ley. La falta de integridad y la connivencia entre funcionarios
públicos y actores privados debilita la eficacia de los procesos de
investigación, persecución y sanción de los delitos de contrabando, permitiendo
que los responsables queden impunes. Existen deficiencias en la capacidad
institucional para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y
efectivas. La falta de recursos, la falta de especialización de los operadores
de justicia y la falta de independencia del poder judicial debilitan la
capacidad del sistema de justicia para garantizar la rendición de cuentas y
combatir la impunidad.
La falta de protección efectiva a
testigos y denunciantes de delitos dificulta su disposición a colaborar con las
autoridades y presentar pruebas relevantes. Esto limita la capacidad de
investigación y procesamiento de los responsables, favoreciendo la impunidad.
De igual manera, la interferencia política en el sistema judicial puede
conducir a la impunidad, ya sea por la falta de voluntad política para
investigar y sancionar delitos cometidos por funcionarios o aliados políticos,
o por el uso selectivo de la justicia para perseguir a opositores políticos.
Es fundamental que el Estado
fortalezca los mecanismos de control y regulación de armas, combata el
contrabando y garantice la seguridad de sus ciudadanos como parte de su
responsabilidad y en cumplimiento de los derechos ciudadanos. Estos factores
interactúan y se refuerzan mutuamente, creando un entorno propicio para la
impunidad. Para combatir eficazmente la impunidad en Ecuador, también es
necesario abordar estos problemas estructurales y fortalecer las instituciones
encargadas de la administración de justicia.
Impacto de la impunidad del
contrabando de armas de fuego en la seguridad ciudadana en Ecuador
La evolución del contrabando en los
últimos 5 años ha tenido un impacto significativo en la inseguridad ciudadana,
al reconocer que la mayor frecuencia de delitos de robos, homicidios, y
diferentes organizaciones criminales se realizan mediante la tenencia de armas
de fuego, lo que guarda una estrecha relación entre la evolución del
contrabando y la disminución de la seguridad en el País. El Ministerio de
Gobierno ha declarado mediante fuentes oficiales que los crímenes con armas de
fuego han aumentado en un 119% desde el año 2021 llevando a tomar decisiones de
decretar estado de excepción en algunas ciudades para precautelar y restablecer
el orden público.
Las causas que giran en torno al
contrabando de armas de fuego son profusas, este delito se promueve
principalmente, mediante los puntos fronterizos con una distribución masiva
centralizada en la ciudad de Machala y el litoral ecuatoriano hasta salir del
país desde un enfoque geográfico. Este recorrido implica que se genere el
riesgo de tenencia ilícita de armas en la sociedad, aumentado los índices de violencia
en las zonas urbanas y rurales, así como también, en los centros penitenciarios,
donde se incentiva la criminalidad organizada dentro y fuera.
Está claro que el contrabando de
armas se alimenta de los casos impunes, cuando los sistemas judiciales no procesan,
juzgan, ni sancionan los delitos afines. De hecho, en ocasiones, cuando se
generan las denuncias, algunos casos corren el riesgo de quedar impunes en el
sistema judicial. La impunidad es un componente que fomenta la comisión de más
delitos y contribuye a la creación de una sociedad violenta. Implica la falta
de acciones concretas, como investigaciones, persecuciones, capturas,
enjuiciamientos y condenas, contra los responsables de violaciones de derechos
protegidos. La falta de una justicia efectiva y oportuna contribuye a esta
impunidad.
En otras palabras, la impunidad se
refiere a la ausencia de consecuencias legales para aquellos que cometen
delitos, lo que genera un clima de violencia y desconfianza en la sociedad.
Además, implica la falta de acciones por parte de las autoridades para
investigar, perseguir, capturar, enjuiciar y condenar a los responsables de las
violaciones de derechos. Esta falta de justicia efectiva y oportuna crea un
ambiente propicio para la persistencia de delitos y la sensación de impunidad.
La impunidad se asocia a casos de
evasión fiscal, debido a las tácticas que muchas veces las personas utilizan
para no pagar impuestos que les corresponden, lo cual vuelve la balanza a su
favor a lo que en monto económico se refiere. Los casos que quedan impunes se
caracterizan por la frustración y sensación de impotencia de las personas
afectadas.
La lucha contra el contrabando de
armas de fuego y la impunidad asociada a este delito requiere un enfoque
integral que aborde tanto las causas, como las consecuencias directas. Esto
implica un compromiso conjunto de la sociedad, las autoridades y otros actores
relevantes para promover una cultura de no tolerancia hacia el contrabando de
armas de fuego, garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad en
general.
Respecto a la corrupción, al hablar
de impunidad existen diferentes factores que lo evocan, desde los casos de
corrupción, conociendo que los sobornos están presentes en la red de las
organizaciones criminales. Las rutas por las que transitan las armas están
comprometidas cuando los servidores públicos forman parte de este tráfico
evitando las incautaciones y en última instancia, en Fiscalía, se crea un
ambiente de impunidad, que puede ser mayor o menor según la fuerza y el poder
de estas organizaciones. Esto influye en que los delitos sean recurrentes y los
denunciados queden bajo libertad, posibilitando la alteración del orden público
dentro de la sociedad y generando el temor en la población.
La impunidad con la que se lleva a
cabo este delito ha permitido que cada vez más armas ilegales circulen en el
país, lo que representa una amenaza latente para la sociedad. Para resolver
esta problemática, es necesario implementar una serie de medidas que busquen
frenar el contrabando y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En primer lugar, es fundamental
fortalecer los controles fronterizos y aduaneros. Muchas de las armas que
ingresan de manera ilegal al país provienen de países vecinos, por lo que es
necesario mejorar la cooperación y el intercambio de información con las
autoridades de estos territorios. Además, se debe invertir en tecnología y
equipamiento para llevar a cabo inspecciones más exhaustivas en los puntos de
entrada y salida del país, utilizando escáneres y sistemas de detección
avanzados. Asimismo, es necesario fortalecer la capacidad de las fuerzas de
seguridad y de la justicia para combatir este delito. Esto implica brindar una
formación adecuada a los agentes encargados de la lucha contra el contrabando
de armas, así como contar con los recursos necesarios para llevar a cabo
investigaciones efectivas y realizar capturas.
Además, es fundamental promover la
colaboración y la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas
en la lucha contra el contrabando de armas. Esto implica establecer mecanismos
de comunicación eficientes y compartir información de manera oportuna, tanto a
nivel nacional como internacional. Asimismo, se deben establecer protocolos
claros de acción y establecer responsabilidades para cada entidad involucrada
en la lucha contra este delito.
Otro punto importante es fomentar la
conciencia ciudadana sobre los riesgos y consecuencias del contrabando de
armas. A través de campañas de sensibilización y educación, se debe informar a
la población sobre los peligros de la tenencia ilegal de armas de fuego y la
importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa. Esto permitirá crear
una cultura de denuncia y colaboración ciudadana, lo que contribuirá a la
detección y prevención del contrabando de armas.
Además de estas medidas, es necesario
fortalecer el marco legal y las penas para quienes se dediquen al contrabando
de armas de fuego. Se deben establecer penas más severas y proporcionales a la
gravedad de este delito, así como garantizar una justicia eficiente y expedita
para aquellos que sean capturados y procesados. De igual manera, se debe
trabajar en la mejora de los sistemas de seguimiento y control de armas
legales, con el objetivo de minimizar su desvío hacia el mercado ilegal.
Conclusiones
1. El contrabando impune de armas de
fuego tiene un impacto significativo en la seguridad ciudadana en Ecuador. La
falta de captura, juicio y sanción efectiva para los responsables de esta
actividad ilegal crea un ambiente propicio para el aumento de la violencia y el
crimen, ya que las personas sospechosas se sienten protegidas al saber que no
enfrentarán consecuencias legales por sus acciones. Además, la disponibilidad
de armas ilegales alimenta la delincuencia y socava la seguridad de los ciudadanos.
2. Las falencias en los sistemas de
control y regulación de armas, facilitan su desvío hacia el mercado ilegal, lo
que perpetúa el problema del contrabando. Esto pone en peligro la integridad y
la vida de los ciudadanos, generando un ambiente de violencia e inseguridad
constante. Además, la impunidad en el contrabando de armas debilita la
confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la
seguridad y el cumplimiento de la ley, lo que puede llevar a una disminución de
la cooperación ciudadana y a la dificultad de combatir el crimen.
3. El Estado tiene la responsabilidad
de implementar medidas efectivas para prevenir y combatir el contrabando de
armas, así como investigar y sancionar a los responsables. Es fundamental para
garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de los
ciudadanos. La impunidad en el contrabando de armas socava la confianza en las
instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, lo que genera una sensación
de desprotección y desconfianza en la sociedad.
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