Original Recibido:
19/08/2026 │Aceptado:
19/11/2026
Suficiencia penal y trazabilidad
probatoria del fraude mediante engaño digital en el Perú
Criminal law
adequacy and evidentiary traceability of digital deception for data acquisition
in Peru
Mary Rebeca Silva Franco. Magíster en Derecho Penal. Profesional independiente. Ica, Perú.
[canela02092017@gmail.com]
Resumen
El estudio analizó la suficiencia de
los artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096 frente al fraude digital mediante
suplantación en el Perú, durante el periodo 2023-2025, y examinó las barreras
probatorias que afectan su persecución penal. Se desarrolló una investigación
cualitativa, básica, exploratoria y propositiva, con diseño no experimental y
transeccional. Se combinaron el análisis normativo y documental con trece
entrevistas semiestructuradas a tres magistrados, cuatro fiscales y seis
especialistas en litigación penal del Distrito Judicial de Ica, seleccionados
mediante un muestreo intencional hasta alcanzar la saturación temática. Los
resultados mostraron que el artículo 8 comprende los supuestos de manipulación
informática que producen provecho ilícito y perjuicio patrimonial, mientras que
el artículo 9 resulta aplicable cuando se acredita la utilización de una
identidad ajena y un perjuicio verificable. Se identificaron dificultades para
delimitar la preparación, tentativa y consumación, así como cuatro barreras
probatorias: preservación incompleta o tardía de mensajes y metadatos, falta de
correlación entre registros técnicos y operaciones, ausencia de constancias de
actuaciones realizadas a nombre de las personas afectadas y cooperación
fragmentada con entidades privadas. Se formuló un procedimiento de
preservación, correlación e intercambio estructurado de información, junto con
un piloto institucional de seis meses. Se concluyó que no se justifica crear un
delito autónomo, sino fortalecer la aplicación de los tipos vigentes y la
trazabilidad probatoria.
Palabras
clave: cooperación institucional, delitos
informáticos, evidencia digital, fraude digital, suplantación de identidad,
trazabilidad
Abstract
This study analyzed the adequacy of Articles 8 and 9 of Peruvian Law
No. 30096 in addressing digital fraud through impersonation in Peru during the
2023–2025 period and examined the evidentiary barriers affecting criminal
prosecution. A qualitative, basic, exploratory, and propositional study was
conducted using a non-experimental, cross-sectional design. Legal and
documentary analysis was combined with thirteen semi-structured interviews
involving three judges, four prosecutors, and six criminal litigation
specialists from the Judicial District of Ica, selected through purposive
sampling until thematic saturation was reached. The results showed that Article
8 covers cases involving computer manipulation that produces unlawful gain and
financial harm, whereas Article 9 applies when the use of another person's
identity and verifiable harm are established. Difficulties were identified in
distinguishing preparatory acts, criminal attempt, and completion, as well as
four evidentiary barriers: late or incomplete preservation of messages and
metadata, insufficient correlation between technical records and transactions,
lack of verifiable records of actions performed in victims' names, and
fragmented cooperation with private entities. A procedure for evidence
preservation, correlation, and structured information exchange was formulated,
together with a proposed six-month institutional pilot. It was concluded that
creating a separate criminal offence is not justified; strengthening the
application of existing offences and evidentiary traceability is preferable.
Keywords: cybercrime,
digital evidence, digital fraud, identity impersonation, institutional
cooperation traceability
Introducción
La expansión de las actividades económicas y sociales
mediante plataformas digitales ha incrementado la exposición de personas y
organizaciones a modalidades de fraude basadas en la manipulación de
comunicaciones, interfaces y mecanismos de autenticación. Entre estas
prácticas, el fraude digital mediante suplantación y captación ilícita de datos
(conocido en inglés como: phishing) ocupa un lugar relevante debido a su
capacidad para inducir a las víctimas a revelar credenciales, proporcionar
información confidencial o ejecutar acciones que facilitan el acceso no
autorizado a sus cuentas. Sus consecuencias pueden comprender pérdidas
económicas, afectaciones a la identidad y compromisos de seguridad que
trascienden el episodio inicial. La literatura reciente reconoce que esta
modalidad evoluciona mediante diferentes canales y estrategias de ingeniería
social, por lo que su prevención y mitigación requieren integrar componentes
tecnológicos y factores asociados al comportamiento humano (Naqvi et al., 2023;
Thomopoulos et al., 2024).
La complejidad del phishing no se limita a la
obtención inicial de información. La secuencia puede comprender la elaboración
de mensajes fraudulentos, la suplantación de páginas o servicios legítimos, la
captura de credenciales y su utilización posterior para acceder a cuentas,
modificar datos o realizar operaciones en nombre de las víctimas. Esta
diversidad dificulta establecer una correspondencia directa entre el mecanismo
de engaño, la persona que lo ejecuta y el resultado producido. Althobaiti y Alsufyani (2024)
identificaron, mediante una revisión de investigaciones sobre ataques dirigidos
a organizaciones, que la producción científica ha prestado especial atención a
la detección y concienciación, mientras persisten desafíos relacionados con
otras dimensiones de la respuesta frente a estas amenazas. En la misma
dirección, Kavya y Sumathi
(2025) describieron la evolución de los métodos de detección y las dificultades
que plantean las nuevas estrategias utilizadas por los atacantes.
Desde la perspectiva jurídico-penal, la persecución de
estas conductas exige diferenciar la existencia de una maniobra fraudulenta, la
producción de un resultado lesivo y la atribución de responsabilidad a una
persona determinada. La presencia de un mensaje engañoso o de una página
suplantada no demuestra, por sí sola, que se haya consumado un fraude
informático ni permite identificar automáticamente a quien intervino en su
ejecución. En consecuencia, la valoración jurídica debe considerar la secuencia
de acontecimientos y los elementos que permiten distinguir los actos
preparatorios, la tentativa y la consumación. Esta exigencia adquiere mayor
relevancia cuando las campañas se desarrollan de forma masiva o automatizada,
pues el volumen de comunicaciones no sustituye la acreditación de los elementos
constitutivos de la conducta. Las revisiones sobre ingeniería social y ataques
de suplantación confirman la heterogeneidad de sus mecanismos y la necesidad de
respuestas que no dependan exclusivamente de herramientas de detección
tecnológica (Naqvi et al., 2023; Rathod et al., 2025).
En el Perú, la Ley N.° 30096, Ley de Delitos
Informáticos, contempla figuras relevantes para examinar penalmente las
conductas asociadas con el phishing. El artículo 8 regula el fraude informático
y, tras la modificación introducida por el Decreto Legislativo N.° 1614,
incorpora referencias expresas a la clonación de datos y a la suplantación de
interfaces o páginas web. Por su parte, el artículo 9 sanciona la suplantación
de identidad mediante tecnologías digitales cuando produce un perjuicio. A
estas disposiciones se suman las modificaciones efectuadas por el Decreto
Legislativo N.° 1591 y la Ley N.° 32314, esta última relacionada con el empleo
de inteligencia artificial en la comisión de delitos. Este marco plantea una
cuestión de política criminal que no se reduce a determinar si existe una
disposición aplicable, sino que requiere establecer si las figuras vigentes
permiten responder de manera coherente a las distintas fases del engaño
digital, sin extender sus elementos más allá de los límites establecidos por el
principio de legalidad.
Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones
depende de la disponibilidad de evidencia digital íntegra, auténtica y
técnicamente correlacionable. Una captura de pantalla puede mostrar el
contenido de un mensaje, pero no necesariamente conserva sus cabeceras,
metadatos, redirecciones, registros de acceso o información que permita
reconstruir la sesión vinculada con una operación. Del mismo modo, la
confirmación de una transacción financiera no acredita, por sí sola, quién
controló el entorno de captura o ejecutó la operación. La preservación de los
archivos originales, la documentación de su extracción y la continuidad de la
cadena de custodia constituyen, por tanto, condiciones relevantes para su
posterior valoración. AlKhanafseh y Surakhi (2024) examinaron alternativas tecnológicas para
fortalecer la conservación e integridad de la evidencia digital, mientras Zhang
y Gong (2024) analizaron las dificultades que presenta la investigación forense
electrónica en escenarios de ciberdelincuencia transfronteriza.
A estas dificultades se añade la dependencia de
información que permanece bajo control de entidades privadas, principalmente
bancos, plataformas digitales y proveedores de servicios de comunicación. La
reconstrucción de un incidente puede requerir registros de autenticación,
identificadores de sesión, datos de dispositivos, constancias de recuperación
de cuentas y documentación de operaciones. No obstante, las diferencias entre
formatos de entrega, los tiempos de respuesta y la fragmentación de los
requerimientos pueden impedir que esos registros se integren en una secuencia
probatoria comprensible. Sachoulidou (2024) examinó
la creciente relevancia de la cooperación entre autoridades y proveedores
privados para acceder oportunamente a evidencia electrónica, y advirtió las
implicaciones jurídicas que supone trasladar determinadas funciones de
colaboración investigativa a estos actores. Por ello, la coordinación
institucional debe considerar tanto la utilidad de la información como las
garantías que limitan su obtención y tratamiento.
En este contexto, se identifica la necesidad de
integrar el análisis de la suficiencia de las disposiciones penales con las
condiciones técnicas y operativas que permiten demostrar los hechos
investigados. Aunque la literatura ha desarrollado estudios sobre detección,
prevención y mitigación del phishing, así como investigaciones sobre
conservación de evidencia electrónica y cooperación con proveedores privados,
resulta pertinente examinar conjuntamente estas dimensiones desde una realidad
jurídico-institucional concreta. En particular, el Distrito Judicial de Ica
ofrece un ámbito delimitado para analizar las dificultades de aplicación de los
artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096 durante el periodo 2023-2025, considerando
la experiencia de operadores jurídicos y especialistas en litigación penal.
Por consiguiente, el objetivo del estudio fue analizar
la suficiencia penal y la trazabilidad probatoria de las conductas de engaño
digital orientadas a la obtención de datos en el Perú, mediante la integración
de las dimensiones jurídico-normativa, probatoria y de cooperación
institucional, con referencia al Distrito Judicial de Ica durante 2023-2025. Se
examinó el alcance de los artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096, la delimitación
entre preparación, tentativa y consumación, las dificultades para vincular el
mensaje fraudulento con la infraestructura, la sesión y la operación, así como
las condiciones de preservación e intercambio de evidencia digital. El análisis
buscó establecer si las principales limitaciones respondían a insuficiencias de
tipificación o a dificultades en la aplicación y acreditación de las conductas,
con atención a los principios de legalidad, responsabilidad individual y
proporcionalidad.
Materiales y métodos
Se desarrolló una investigación cualitativa, de tipo
básico, con alcance exploratorio y propositivo, mediante un diseño no
experimental y transeccional. El análisis comprendió el periodo 2023–2025 y se
delimitó al Distrito Judicial de Ica, Perú. Se empleó un método
comparativo-inductivo para examinar la correspondencia entre las disposiciones
penales aplicables al fraude digital mediante suplantación, su interpretación
por los operadores jurídicos y las condiciones probatorias necesarias para
sustentar su investigación. La integración de los dos componentes documentales
permitió abordar, de manera articulada, la suficiencia de los artículos 8 y 9
de la Ley N.° 30096 y las dificultades relacionadas con la preservación,
trazabilidad y utilización procesal de la evidencia digital.
La fuente empírica estuvo constituida por trece
entrevistas semiestructuradas realizadas a informantes seleccionados mediante
muestreo intencional: tres magistrados, cuatro fiscales y seis especialistas en
litigación penal con experiencia profesional en el Distrito Judicial de Ica.
Los criterios de inclusión comprendieron una experiencia mínima de tres años,
desempeño profesional en el ámbito territorial delimitado y participación
directa en asuntos relacionados con la materia durante el periodo estudiado. La
saturación temática se alcanzó en la entrevista doce y se confirmó en la
decimotercera, sin que esta última incorporara categorías sustancialmente
nuevas. Las personas participantes fueron identificadas mediante los códigos
E1–E13, con el propósito de preservar su identidad y confidencialidad.
El análisis documental comprendió la Ley N.° 30096,
sus modificaciones correspondientes al periodo 2023–2025 y documentación
técnica relacionada con los mecanismos de fraude digital mediante suplantación,
autenticación y evidencia electrónica. Se consideraron especialmente el Decreto
Legislativo N.° 1591, el Decreto Legislativo N.° 1614 y la Ley N.° 32314. El
corpus empírico se examinó mediante una integración temática de los dos
componentes de la investigación, sin incorporar nuevas entrevistas ni
considerar las mismas trece declaraciones como muestras independientes. Para
ello, se delimitaron las categorías de suficiencia normativa, encaje típico,
preparación, tentativa, consumación, automatización, preservación de evidencia,
trazabilidad de operaciones, atribución de responsabilidad y cooperación con
actores privados.
El procesamiento de la información siguió una
codificación temática orientada por las categorías anteriores. En una primera
fase se identificaron los criterios de los informantes sobre la aplicación de
los artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096 y las dificultades para distinguir los
actos preparatorios de aquellos que podían constituir tentativa o consumación.
En una segunda fase se examinaron las limitaciones probatorias relacionadas con
la conservación del mensaje fraudulento, sus metadatos, los registros de
autenticación, las sesiones digitales, las gestiones realizadas a nombre de los
titulares y las operaciones asociadas. Finalmente, se efectuó una comparación
entre los hallazgos empíricos y las disposiciones normativas para establecer
coincidencias, vacíos operativos y criterios de articulación jurídica y
probatoria. Las propuestas de paquete mínimo de evidencia, secuencia de preservación
y cooperación interoperable se formularon como resultados propositivos, sin
atribuirles una validación experimental o una implementación institucional
previa.
La investigación contó con el consentimiento informado
de las personas entrevistadas. La información se trató de forma confidencial y
se utilizaron códigos alfanuméricos para evitar su identificación. Asimismo, el
análisis se mantuvo dentro de los límites de la información documental y
testimonial disponible, sin incorporar datos personales ni referencias a
expedientes reservados. Por su naturaleza cualitativa y su delimitación
territorial, los resultados no se interpretaron como estimaciones de
prevalencia ni se plantearon como generalizables estadísticamente al conjunto
del sistema judicial peruano.
Desarrollo
Suficiencia normativa de
los artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096
El análisis documental y las entrevistas permitieron
identificar la aplicación de los artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096 a
diferentes supuestos de fraude digital mediante suplantación. En el análisis se
reconocieron situaciones relacionadas con la manipulación de datos, sistemas o
interfaces digitales, así como con la utilización de identidades ajenas. Los
casos examinados comprendieron conductas de obtención de información,
realización de operaciones patrimoniales y ejecución de gestiones digitales a
nombre de personas afectadas.
En relación con el artículo 8, se identificaron
supuestos en los que la manipulación de datos, sistemas o interfaces digitales
estuvo asociada con la obtención de un provecho ilícito en perjuicio de
terceros. Entre las situaciones examinadas se encontraron transferencias, pagos
y compras efectuados después de la captura de credenciales. También se registró
la incorporación expresa de la clonación de datos y la suplantación de
interfaces o páginas web mediante el Decreto Legislativo N.° 1614.
Respecto del artículo 9, se identificaron situaciones
relacionadas con la utilización de una identidad ajena y la producción de un
perjuicio. Entre ellas se encontraron altas de productos, modificaciones de
información, recuperación de cuentas y emisión de órdenes o comunicaciones a
nombre de la persona afectada. En estos supuestos, la documentación examinada
comprendió registros de las gestiones realizadas y de los efectos asociados a
dichas actuaciones.
Delimitación entre
preparación, tentativa y consumación
Las entrevistas identificaron dificultades para
establecer criterios uniformes de delimitación temporal de las conductas,
especialmente en campañas masivas o automatizadas. Los informantes señalaron
situaciones en las que se registraron numerosos mensajes fraudulentos sin que
se dispusiera de información suficiente sobre las interacciones posteriores o
sobre la existencia de resultados patrimoniales o identitarios.
El análisis permitió organizar la secuencia del
comportamiento en tres momentos principales. El primero correspondió a la
preparación y difusión del mensaje o interfaz fraudulenta. El segundo
comprendió la captura de credenciales o factores de autenticación y las
gestiones posteriores relacionadas con el uso de la información obtenida. El
tercero correspondió a la utilización de dichos datos para efectuar operaciones
patrimoniales o realizar actuaciones a nombre de la persona afectada. La distribución
de estos tres momentos, las conductas asociadas y los elementos probatorios
identificados se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Correspondencia entre
las fases de la conducta y su relevancia jurídico-probatoria.
|
Fase identificada |
Hecho susceptible de acreditación |
Relevancia jurídico-penal |
Evidencia necesaria |
|
Preparación |
Diseño y difusión del mensaje o interfaz fraudulenta |
Acto preparatorio, como regla general |
Mensaje íntegro, cabeceras, dominio y cronología |
|
Captura |
Obtención de credenciales y acceso al entorno de
captura |
Posible inicio de ejecución, según la conducta y
finalidad acreditadas |
Metadatos, registros de acceso y eventos de
autenticación |
|
Gestión fallida |
Intento de autenticación, recuperación, alta o transferencia
no completada |
Elemento para examinar la tentativa |
Identificador de sesión, dispositivo, hora y
resultado del evento |
|
Uso patrimonial |
Transferencia, pago, compra o disposición económica
mediante manipulación informática |
Posible configuración del fraude informático
previsto en el artículo 8 |
Registro de operación, destino, monto, sesión y
perjuicio |
|
Uso identitario |
Alta, modificación, recuperación u orden realizada a
nombre de la víctima con perjuicio |
Posible configuración de la suplantación de identidad
prevista en el artículo 9 |
Constancia del trámite, canal, validaciones, sello
de tiempo y efecto |
Fuente:
Elaboración propia (2026)
Los
criterios recogidos en las entrevistas permitieron identificar tres elementos
relacionados con la documentación de las conductas en campañas masivas o
automatizadas: la preservación íntegra del mensaje fraudulento y sus metadatos;
la existencia de una traza técnica hacia un entorno de captura operativo; y la
documentación de gestiones posteriores, como intentos de autenticación, altas
de dispositivos, solicitudes de códigos o transferencias no completadas. Estos
elementos fueron identificados como aspectos relevantes para el registro y la
reconstrucción de la secuencia de los hechos.
Barreras para la preservación y trazabilidad de la
evidencia digital
La
integración de las entrevistas permitió reconocer cuatro barreras principales
que afectaron la disponibilidad y utilidad procesal de la evidencia digital.
Estas se relacionaron con la preservación tardía o incompleta del material
inicial, la dificultad para vincular la sesión con la operación y la persona
ejecutora, la ausencia de constancias verificables de actuaciones realizadas a
nombre del titular y la fragmentación de la cooperación con entidades privadas.
La distribución de estas barreras, sus principales manifestaciones y sus
consecuencias para la disponibilidad y utilidad procesal de la evidencia
digital se presentan en la Tabla 2.
Tabla
2. Barreras probatorias y sus efectos en la disponibilidad y utilidad procesal
de la evidencia digital
|
Barrera |
Manifestación identificada |
Consecuencia para la investigación |
|
Preservación tardía o incompleta |
Capturas aisladas, enlaces inactivos y ausencia de
cabeceras |
Dificultad para establecer autenticidad, origen y
secuencia |
|
Falta de correlación técnica |
Ausencia o incompatibilidad de identificadores de
sesión, dispositivo y operación |
Debilitamiento del vínculo entre ejecución y
resultado |
|
Gestión identitaria no documentada |
Falta de constancias sobre actuaciones realizadas a
nombre del titular |
Limitación para acreditar la suplantación y sus
efectos |
|
Cooperación fragmentada |
Respuestas tardías, parciales y formatos
heterogéneos |
Demoras, reprocesamiento y dificultad para integrar
la información |
Fuente: Elaboración propia (2026).
La
integración de las entrevistas permitió identificar cuatro barreras
relacionadas con la disponibilidad y documentación de la evidencia digital:
preservación tardía o incompleta del material inicial, dificultades para relacionar
los registros técnicos con las operaciones y las personas involucradas,
ausencia de constancias documentales de actuaciones realizadas a nombre de la
persona afectada y fragmentación de la cooperación con entidades privadas.
Estas categorías se organizaron según las manifestaciones descritas por los
informantes.
La
primera barrera correspondió a la conservación del mensaje fraudulento y sus
metadatos. Los informantes E1, E4, E7, E8, E9, E12 y E13 señalaron situaciones
en las que el material se recibió después de que el contenido había cambiado o
desaparecido. Entre las manifestaciones identificadas estuvieron las capturas
de pantalla sin archivo original, los mensajes reenviados sin cabeceras, los
enlaces inactivos y los horarios expresados en zonas temporales diferentes.
La
segunda barrera se relacionó con la vinculación de los registros del entorno de
captura, la sesión digital, la operación y la persona presuntamente ejecutora.
Los informantes E3, E5, E10 y E11 identificaron dificultades para establecer
correspondencia entre los registros técnicos disponibles y la persona que
habría ejecutado la conducta. Entre los elementos cuya disponibilidad se
consideró relevante estuvieron los identificadores de sesión, la información
del dispositivo y los registros de acceso administrativo.
La
tercera barrera comprendió la ausencia de constancias verificables de
actuaciones realizadas a nombre de la persona afectada. Los informantes E1, E3
y E11 mencionaron las altas, modificaciones, recuperaciones de cuentas y
órdenes efectuadas mediante canales digitales. Asimismo, señalaron la necesidad
de disponer de información sobre el procedimiento realizado, las validaciones
utilizadas, el responsable del registro y el efecto producido.
La
cuarta barrera correspondió a la cooperación fragmentada con bancos y
plataformas digitales. Las entrevistas describieron demoras, respuestas
parciales y diferencias en los formatos de entrega de información. Entre las
manifestaciones identificadas se encontraron documentos narrativos sin campos
estructurados, hojas de datos sin diccionarios de variables y comunicaciones
distribuidas en varios correos electrónicos.
Requerimientos mínimos para la reconstrucción de
los hechos
El
análisis conjunto de las barreras identificadas permitió organizar seis
componentes de información relacionados con la documentación del fraude digital
mediante suplantación: mensaje, infraestructura, autenticación, gestión
identitaria, operación y comunicaciones de voz o mensajería. Cada componente comprendió
determinados registros y campos documentales, cuya distribución se presenta en
la Tabla 3.
La
información correspondiente al mensaje comprendió el archivo original o una
exportación íntegra, con identificación del remitente, destinatario, cabeceras,
enlace y fecha de recepción. El componente de infraestructura incluyó el
dominio, los registros del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), el Localizador
Uniforme de Recursos (URL), el alojamiento, los certificados y los registros de
acceso disponibles. En cuanto a la autenticación, se identificaron los intentos
de acceso, factores utilizados, resultados, direcciones del Protocolo de
Internet (IP), dispositivos, identificadores de sesión y marcas temporales.
La
gestión identitaria comprendió los registros de altas, modificaciones, recuperaciones
u órdenes realizadas a nombre del titular, con identificación del canal, las
validaciones, el responsable y el efecto producido. La información sobre
operaciones incluyó el tipo de transacción, monto, destino, identificador,
estado y sesión asociada. Finalmente, en los casos que involucraron
comunicaciones de voz o mensajería, se identificaron los archivos originales,
participantes, metadatos, duración y transcripciones complementarias.
Tabla 3. Componentes de evidencia
digital, campos mínimos y finalidad probatoria
|
Componente |
Información requerida |
Finalidad probatoria |
|
Mensaje |
Archivo íntegro, remitente, destinatario, cabeceras,
enlace y fecha UTC (Tiempo Universal Coordinado) |
Acreditar el mecanismo de engaño y su origen |
|
Infraestructura |
Dominio, DNS, URL, alojamiento, certificados y
registros de acceso |
Relacionar el mensaje con el entorno digital
utilizado |
|
Autenticación |
Intentos, factores, resultados, IP, dispositivo,
sesión y hora UTC |
Reconstruir los accesos y eventos de autenticación |
|
Gestión identitaria |
Altas, cambios, recuperaciones, órdenes, canal,
validaciones y responsable |
Acreditar actuaciones realizadas a nombre del
titular |
|
Operación |
Tipo, monto, destino, identificador, estado y sesión
asociada |
Identificar el resultado patrimonial y su secuencia |
|
Voz o mensajería |
Archivo original, participantes, metadatos, duración
y transcripción |
Conservar el contexto y los elementos de
comunicación |
Fuente: Elaboración propia (2026).
Secuencia de preservación y cooperación con actores
privados
El
análisis de las entrevistas y de la documentación examinada permitió
identificar aspectos relacionados con la preservación de los registros
digitales, la correspondencia entre sesiones y operaciones, y el intercambio de
información entre los distintos custodios. A partir de estos elementos, se
formuló una secuencia de actuación compuesta por seis etapas: preservación
inicial del mensaje fraudulento; normalización de la cronología mediante el uso
del Tiempo Universal Coordinado (UTC), conservando también la hora local
declarada; asignación de un identificador único por incidente; emisión de
requerimientos diferenciados según el custodio de la información; correlación
de los registros del mensaje, acceso, sesión, gestión identitaria y operación;
y verificación de integridad mediante valores de comprobación criptográfica o
firma digital, cuando correspondiera.
La
secuencia propuesta comprendió también la construcción de una línea temporal
con tres categorías de información: evidencia del hecho, evidencia del
resultado y evidencia de autoría. En esta organización se distinguieron los
registros relativos a la difusión de la campaña fraudulenta, los
correspondientes a las operaciones o actuaciones realizadas y aquellos vinculados
con la identificación de quien habría ejecutado la conducta o controlado la
sesión digital.
En
cuanto a la cooperación con bancos y plataformas digitales, se formularon
criterios para el intercambio de información entre las instituciones
participantes. Estos comprendieron el establecimiento de canales electrónicos
institucionales con acuse de recepción, identificación de responsables y plazos
diferenciados según la urgencia del requerimiento. Asimismo, se propuso
utilizar formatos estructurados, como valores separados por comas (CSV) o
notación de objetos de JavaScript (JSON), acompañados de un diccionario de
campos y una constancia legible. Para los casos en que la información
solicitada no estuviera disponible, se contempló registrar el campo ausente y
especificar si ello obedecía a su inexistencia, falta de conservación o
restricción de acceso.
Finalmente,
se formuló una distribución funcional de responsabilidades entre los actores
participantes en la investigación. La víctima o persona receptora tendría a su
cargo la conservación del mensaje y su contexto; la Policía Nacional, la
documentación de la extracción y preservación técnica; el Ministerio Público,
la dirección de los requerimientos y la articulación de las hipótesis de
correlación; los bancos y las plataformas digitales, la preservación y entrega
de los registros bajo su custodia; y los peritos, la descripción de la
integridad, correspondencia y limitaciones de los elementos examinados.
Propuesta de evaluación operativa
Como
resultado del análisis propositivo, se estructuró un modelo de evaluación
institucional mediante un piloto de seis meses en el Distrito Judicial de Ica.
El primer mes comprendería la elaboración del formulario de requerimiento y la
designación de puntos de contacto institucionales; los cuatro meses siguientes
se destinarían a la aplicación de los procedimientos en nuevos casos; y el
sexto mes correspondería a la evaluación de la experiencia y al ajuste de los
campos, plazos y responsabilidades establecidos.
La
propuesta incluiría cuatro dimensiones de evaluación: oportunidad, integridad,
utilidad y trazabilidad. La oportunidad se mediría mediante el tiempo
transcurrido entre la emisión del requerimiento y la recepción de la respuesta.
La integridad se determinaría a partir de la proporción de campos obligatorios
entregados respecto del total solicitado. La utilidad se examinaría mediante la
proporción de respuestas incorporadas a la investigación sin requerimientos
complementarios. Finalmente, la trazabilidad se evaluaría según la posibilidad de
relacionar el mensaje, la sesión digital y la operación mediante
identificadores verificables. El piloto no fue ejecutado y el modelo no contó
con validación empírica durante el periodo de estudio. Por tanto, la propuesta
quedó formulada como un procedimiento de evaluación futura de los mecanismos de
preservación de evidencia digital y cooperación institucional.
Los
resultados permiten establecer que la suficiencia de los artículos 8 y 9 de la
Ley N.° 30096 debe analizarse en función de las conductas y los resultados que
pueden acreditarse durante la investigación. El artículo 8 comprende los
supuestos en los que la manipulación de datos, sistemas o interfaces digitales
se relaciona con la obtención de un provecho ilícito en perjuicio de terceros,
mientras que el artículo 9 requiere demostrar la utilización de una identidad
ajena y el perjuicio correspondiente. Esta diferenciación adquiere importancia
porque una misma secuencia de fraude digital mediante suplantación puede
incluir actuaciones con consecuencias patrimoniales y otras relacionadas con la
identidad de la persona afectada. Por tanto, la calificación jurídica debe
atender a los elementos objetivos de cada conducta y a su correspondencia con
el resultado acreditado, sin asumir que todas las fases de una campaña
constituyen necesariamente un mismo supuesto de consumación. En este sentido,
los hallazgos respaldan una aplicación diferenciada de las figuras penales
existentes, antes que la creación de una categoría delictiva autónoma.
La
delimitación entre preparación, tentativa y consumación constituye uno de los
principales problemas identificados, especialmente cuando la difusión de
mensajes fraudulentos se realiza de manera masiva o automatizada. La existencia
de numerosos mensajes no demuestra por sí misma que se haya iniciado la
ejecución de una conducta penalmente relevante ni que se haya producido un perjuicio
patrimonial o identitario. Steinmetz et al. (2025), mediante entrevistas a
personal vinculado con investigaciones de ciberdelincuencia, identificaron
dificultades relacionadas con el anonimato, el volumen de información, la
jurisdicción y la obtención de datos de proveedores de servicios electrónicos.
Estos aspectos coinciden con las dificultades señaladas por los informantes del
Distrito Judicial de Ica, particularmente respecto de la conexión entre el
entorno de captura, las sesiones digitales y las operaciones posteriores. La
delimitación temporal de la conducta requiere, por tanto, identificar
actuaciones verificables que permitan diferenciar la difusión inicial del
mensaje, el inicio de la ejecución y la producción del resultado, sin convertir
la cantidad de mensajes enviados en un indicador automático de responsabilidad
penal.
Las
dificultades relacionadas con la preservación del mensaje inicial y sus
metadatos también deben examinarse desde los requisitos de autenticidad e
integridad de la evidencia. D’Anna et al. (2023) destacaron que la cadena de
custodia permite documentar las circunstancias de recolección, conservación,
transferencia y análisis de los elementos examinados. Aunque su revisión aborda
la práctica forense en un sentido amplio, sus planteamientos resultan
pertinentes para la evidencia digital, cuya facilidad de reproducción,
modificación y transmisión exige documentar cada intervención. En concordancia
con los resultados, una captura de pantalla aislada no necesariamente permite reconstruir
el origen del mensaje, sus características técnicas o su secuencia temporal. De
ahí que la preservación deba considerar el archivo original o una exportación
íntegra, los metadatos disponibles, la identificación de la fuente y el
registro de las actuaciones realizadas desde la primera recepción. La
utilización de valores de comprobación criptográfica puede contribuir al
control de integridad, pero no sustituye la documentación de la procedencia ni
demuestra, por sí sola, la identidad de quien produjo o transmitió el
contenido.
La
propuesta de organizar la información en seis componentes: mensaje,
infraestructura, autenticación, gestión identitaria, operación y comunicaciones
responde a la necesidad de reconstruir la secuencia técnica del incidente. Klasén et al. (2024) examinaron la función de la
informática forense en la investigación de hechos delictivos y destacaron la
importancia de integrar los rastros digitales en los procedimientos de
análisis. Desde esta perspectiva, la información procedente de diferentes
dispositivos, plataformas y sistemas debe interpretarse en relación con el
evento que documenta y con los demás registros disponibles. En el estudio
realizado, esta relación se expresó en la necesidad de conectar el mensaje
fraudulento con el entorno de captura, los intentos de autenticación, la sesión
digital, las gestiones realizadas a nombre del titular y las operaciones
posteriores. Sin embargo, la coincidencia temporal o técnica entre dos
registros no demuestra necesariamente que ambos hayan sido generados o
controlados por una misma persona. La interpretación pericial debe precisar qué
acredita cada elemento, cuáles son sus limitaciones y qué correspondencias
pueden establecerse sin recurrir a inferencias no sustentadas.
La
secuencia de actuación propuesta también debe valorarse desde la confiabilidad
de los procedimientos utilizados para obtener y examinar la información. Stoykova y Franke (2023)
plantearon un marco de evaluación de la confiabilidad de la informática forense
que diferencia tres niveles: tecnología, método y aplicación. Esta distinción
permite reconocer que la utilización de una herramienta técnica no garantiza
automáticamente la fiabilidad de sus resultados; también deben examinarse el
procedimiento aplicado y las condiciones concretas de su utilización. La
propuesta formulada en esta investigación, que comprende la preservación
inicial, la normalización temporal, la asignación de un identificador por
incidente, los requerimientos diferenciados, la correlación de registros y la
verificación de integridad, guarda correspondencia con esa exigencia de control
metodológico. Asimismo, Patil et al. (2024) analizaron la aplicación de
tecnologías de registro distribuido en la cadena de custodia y destacaron la
importancia de mantener la integridad y verificabilidad de la evidencia durante
su transferencia entre los participantes. Ambos trabajos respaldan la necesidad
de documentar los procedimientos, aunque no permiten afirmar que la
incorporación de una tecnología específica sea suficiente para garantizar la
validez jurídica de cualquier registro digital.
La
cooperación fragmentada entre instituciones públicas, entidades financieras y
plataformas digitales constituye otro aspecto relevante de los resultados. Las
demoras, respuestas parciales y diferencias en los formatos de entrega pueden
dificultar la integración de los registros que se encuentran bajo custodia de
distintos actores. Tosza (2024), al examinar los
desafíos jurídicos derivados del acceso a evidencia electrónica después de la
adopción del paquete normativo europeo sobre prueba electrónica, abordó los
problemas de aplicación y las cuestiones pendientes en la cooperación para
obtener información digital. Aunque su análisis corresponde a otro ordenamiento
jurídico, permite reconocer que la disponibilidad de evidencia no depende
exclusivamente de las capacidades de los órganos investigadores, sino también
de los procedimientos de acceso y colaboración con quienes conservan los datos.
En el ámbito peruano, los criterios propuestos de canales institucionales
identificables, acuses de recepción, plazos diferenciados y formatos
estructurados deben entenderse como mecanismos de organización de las
solicitudes y entregas, no como una ampliación de las facultades legales de acceso.
Su aplicación debe respetar las competencias de cada institución y los límites
establecidos para la obtención y tratamiento de información personal.
La
separación entre evidencia del hecho, evidencia del resultado y evidencia de
autoría representa una condición importante para evitar que la existencia de
registros digitales se interprete como demostración automática de
responsabilidad individual. Bérubé et al. (2025),
mediante el análisis de un caso judicial, identificaron dificultades
operativas, técnicas y de gestión de información que pueden afectar la
interpretación de los rastros digitales durante una investigación y un proceso
penal. Sus resultados también señalaron riesgos asociados con la selección
parcial de información y la construcción de explicaciones que no consideran
elementos contradictorios. Esta observación coincide con la necesidad
identificada en el presente estudio de distinguir la documentación de una
campaña fraudulenta de los registros que acreditan una operación y de aquellos
que permiten relacionarla con una persona determinada. En consecuencia, la
reconstrucción cronológica debe incluir tanto las correspondencias como las
discrepancias y los vacíos de información. La atribución de responsabilidad
requiere elementos individualizadores y una valoración conjunta de la
evidencia, sin que la existencia de una operación económica permita presumir
quién controló la sesión desde la cual se ejecutó.
Finalmente,
el piloto institucional de seis meses en el Distrito Judicial de Ica constituye
una propuesta de evaluación futura y no una intervención cuyos resultados
puedan darse por demostrados. Las dimensiones de oportunidad, integridad,
utilidad y trazabilidad permitirían examinar el funcionamiento de los
procedimientos formulados, mediante indicadores relacionados con los tiempos de
respuesta, la entrega de campos solicitados, la incorporación de información a
las investigaciones y la posibilidad de relacionar los distintos registros.
La pertinencia de esta evaluación se relaciona
con las dificultades operativas descritas por la literatura sobre investigación
digital y confiabilidad forense; sin embargo, su eficacia deberá determinarse
mediante una aplicación posterior con participación de las instituciones
involucradas. Asimismo, el carácter cualitativo del estudio y su delimitación
al Distrito Judicial de Ica no permiten estimar la frecuencia nacional de las
barreras identificadas. Por ello, los resultados deben interpretarse como una
aproximación contextual a los problemas de aplicación normativa y documentación
probatoria, cuya contrastación en otros distritos judiciales contribuiría a
establecer el alcance de los criterios propuestos.
Conclusiones
Se
concluye, que los artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096 ofrecen cobertura penal
para los supuestos centrales de fraude digital mediante suplantación, siempre
que se acrediten los elementos correspondientes a cada figura: provecho ilícito
y perjuicio patrimonial derivados de la manipulación informática, en el primer
caso, y utilización de una identidad ajena con perjuicio verificable, en el
segundo; por tanto, los hallazgos no justifican la creación de un delito
autónomo. La principal dificultad se concentra en delimitar los actos
preparatorios, la tentativa y la consumación, especialmente en campañas masivas
o automatizadas, donde resulta necesario relacionar el mensaje fraudulento, el
entorno de captura y las gestiones orientadas al resultado.
Asimismo,
se identificaron cuatro barreras probatorias: preservación tardía o incompleta
del mensaje y sus metadatos, dificultades para vincular los registros técnicos
con las sesiones y operaciones, ausencia de constancias verificables de
actuaciones realizadas a nombre de las personas afectadas y fragmentación de la
cooperación con bancos y plataformas digitales. Frente a estas limitaciones, la
documentación de la evidencia requiere integrar información sobre el mensaje,
la infraestructura digital, la autenticación, la gestión identitaria, las
operaciones y las comunicaciones, mediante registros íntegros, cronologías
normalizadas, identificadores correlacionables y una cadena de custodia
documentada.
La
secuencia de actuación y los criterios de cooperación institucional formulados
constituyen una propuesta para mejorar la preservación, el intercambio y la correlación
de dicha información, con responsabilidades delimitadas y formatos
estructurados. Finalmente, el piloto de seis meses propuesto para el Distrito
Judicial de Ica permitiría evaluar la oportunidad, integridad, utilidad y
trazabilidad del procedimiento; no obstante, al no haberse ejecutado durante el
estudio, su eficacia permanece pendiente de validación empírica.
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