Original Recibido: 29/10/2025 │ Aceptado: 21/01/2026
Violencia en los estadios de fútbol en Ecuador:
Causas, manifestaciones y estrategias de prevención
Violence
in football stadiums in Ecuador: causes, manifestations, and prevention
strategies
Juan Gabriel Díaz Vargas. Abogado de los Tribunales y
Juzgados de la República del Ecuador. Universidad internacional del Ecuador.
Ecuador. [jgdiazv@ube.edu.ec] 
Miguel Ángel Pavón Suntaxi.
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Magister en
Derecho Constitucional. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador.
Rolando Medina Peña. Licenciado en derecho. PhD en
Ciencias jurídicas. Universidad Metropolitana. Ecuador. [rolandormp74@gmail.com]
Duniesky Alfonso Caveda. Licenciado
en derecho. PhD en Ciencias Pedagógicas. Universidad Bolivariana del Ecuador.
Ecuador. [dalfonsoc@ube.edu.ec]
Resumen
Este
estudio se desarrolló ante la necesidad de evaluar la efectividad de la
legislación y las políticas públicas para contrarrestar la violencia en los
estadios de fútbol de Ecuador, un deporte emblemático que enfrenta altos
niveles de agresividad. Su objetivo fue analizar la coherencia normativa y la
aplicación práctica de dichas medidas. Para ello, se utilizó una metodología
cualitativa, que incluyó revisión documental y análisis del contenido de las
leyes, reglamentos y casos reportados entre 2018 y 2023, complementada con
entrevistas a actores clave, la investigación obtuvo resultados reveladores.
Estos demostraron que, si bien existe un marco normativo específico, su
implementación es irregular y está limitada por deficiencias en la coordinación
institucional, falta de capacitación adecuada y escasa participación
comunitaria. Asimismo, se identificaron brechas en la integración de
estrategias preventivas y educativas para promover una cultura de respeto. En
consecuencia, las conclusiones destacaron la urgencia de fortalecer los
mecanismos normativos y operativos, para lo cual se propuso un modelo integral
que articule políticas, formación de personal, vigilancia y la participación
activa de las comunidades deportivas. Este aporte resulta relevante para
los ámbitos jurídico, social y deportivo del país, subrayando la importancia de
garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en los eventos
futbolísticos.
Palabras clave: Cultura deportiva, legislación ecuatoriana, políticas
públicas, prevención de la violencia, seguridad en eventos deportivos
Abstract
This study was developed in response to the need to
evaluate the effectiveness of legislation and public policies in countering
violence in Ecuadorian football stadiums, a prominent sport that faces high
levels of aggression. Its objective was to analyze the normative consistency
and practical implementation of these measures. To this end, a qualitative
methodology was used, which included documentary review and content analysis of
laws, regulations, and reported cases between 2018 and 2023, complemented by
interviews with key stakeholders. The research obtained revealing results,
showing that, although there is a specific regulatory framework, its
implementation is irregular and limited by deficiencies in institutional
coordination, lack of adequate training, and low community participation.
Likewise, gaps were identified in the integration of preventive and educational
strategies to promote a culture of respect. Consequently, the conclusions highlighted
the urgency of strengthening regulatory and operational mechanisms, for which a
comprehensive model was proposed that coordinates policies, staff training,
monitoring, and the active participation of sports communities. This
contribution is relevant for the legal, social, and sports sectors of the
country, emphasizing the importance of ensuring safety and the respect of human
rights at football events.
Keywords: Sports culture; ecuadorian
legislation; public policies; violence prevention; safety in sporting events
Introducción
El fútbol trasciende en
Ecuador la simple condición de deporte para erigirse como un fenómeno
sociocultural de profunda repercusión, capaz de aglutinar identidades, pasiones
colectivas y una significativa inversión económica. Sin embargo, esta
centralidad en la vida nacional convive con una problemática recurrente y de
compleja resolución: la violencia en los estadios. Este fenómeno, caracterizado
por actos de agresividad, vandalismo y enfrentamientos que involucran a barras
bravas y aficionados, no solo vulnera la seguridad de los espectadores y altera
el orden público, sino que también lesiona la esencia del espectáculo deportivo
y los derechos fundamentales de quienes participan en él (Corte Constitucional
del Ecuador, 2021; Pérez Valverde, 2021).
La persistencia de estos
episodios, reportados con preocupante frecuencia en el periodo 2018-2023,
evidencia las limitaciones de los marcos de acción existentes y plantea un
urgente desafío para las autoridades, las instituciones deportivas y la
sociedad en su conjunto. La dimensión de esta problemática no es exclusiva del
contexto ecuatoriano, sino que se inscribe dentro de una realidad más amplia en
América Latina, donde la violencia asociada al fútbol ha sido objeto de
creciente atención académica y política. Autores como Salazar (2021) y Olona (2017) han subrayado cómo este fenómeno es
multicausal, anclado en factores sociales como la exclusión, la construcción de
identidades grupales antagónicas, y en una cultura que en ocasiones glorifica
la rivalidad agresiva. Asimismo, Sierra
et al. (2021) enfatizan
que la gobernanza de los eventos deportivos es un elemento crítico, donde la
falta de coordinación entre los distintos actores involucrados (gobierno,
federaciones, clubes y fuerzas de seguridad) dificulta la implementación de
estrategias coherentes y sostenibles.
Ante este panorama, el Estado
ecuatoriano ha respondido con un andamiaje normativo destinado a prevenir,
sancionar y controlar estas manifestaciones de violencia. El Código Orgánico
Integral Penal (2014), en sus sucesivas reformas, tipifica delitos como la
violencia en eventos deportivos, mientras que la Ley del Deporte y su
reglamento establecen obligaciones específicas para los clubes y sanciones
administrativas. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (2021) ha
comenzado a delinear con mayor precisión el alcance de los derechos a la
seguridad y a un ambiente libre de violencia en este contexto, así como los
límites de las medidas de control. A nivel internacional, instrumentos como la
Recomendación General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU (2019)
sobre prevención del extremismo violento ofrecen un marco de referencia que
obliga a los estados a actuar con debida diligencia, garantizando que las
medidas de seguridad sean proporcionales y respeten los derechos humanos.
No obstante, la mera
existencia de este marco jurídico no garantiza su eficacia. Estudios recientes,
como los de Álvarez & Galarza (2021) y Dávila
et al. (2020), apuntan a una brecha significativa entre la normativa y su
aplicación práctica. Estos trabajos sugieren que, a pesar de los avances
legales, la implementación es irregular y se enfrenta a obstáculos
estructurales como la falta de capacitación especializada de los cuerpos de
seguridad, la escasa articulación interinstitucional y una insuficiente
promoción de programas educativos y preventivos dirigidos a las comunidades
deportivas, particularmente a las barras bravas. Por su parte, Aguilar (2024) añade a este análisis la necesidad de una política pública integral que
supere el enfoque meramente reactivo y punitivo, para adoptar uno preventivo
que aborde las causas profundas de la violencia.
Es en este contexto de
necesidad de evaluar críticamente la efectividad de la legislación y las
políticas públicas donde se sitúa la presente investigación. Este estudio parte
de la premisa de que, si bien el diagnóstico sobre la existencia de la
violencia está ampliamente documentado, resulta imperioso un análisis
sistemático que examine la coherencia del entramado normativo y, sobre todo, los
factores que limitan su implementación operativa en la realidad ecuatoriana más
reciente.
Por ello, el objetivo central
de este trabajo fue analizar la coherencia normativa y la aplicación práctica
de las medidas implementadas en Ecuador para contrarrestar la violencia en los
estadios de fútbol. Para ello, se utilizó un enfoque metodológico cualitativo,
sustentado en el análisis documental y de contenido de fuentes normativas,
doctrinales y jurisprudenciales, lo que permite ofrecer una visión estructurada
y crítica sobre el tratamiento jurídico de la violencia en el fútbol
ecuatoriano.
Materiales y métodos
Este estudio adopta un enfoque cualitativo con diseño
documental y jurídico-analítico, pensado para examinar de forma crítica y
profunda las normas, la doctrina y la jurisprudencia relacionadas con la
violencia en estadios de fútbol en Ecuador. No busca generalizar
estadísticamente, sino comprender los significados, valores y prácticas que
intervienen en el fenómeno.
La población comprende el conjunto del marco legal
ecuatoriano aplicable, incluyendo la Constitución, la Ley del Deporte, el
Código Orgánico Integral Penal, reglamentos de Liga Pro y protocolos del
Ministerio del Deporte, así como decisiones jurisprudenciales relevantes y
literatura doctrinal nacional e internacional. Se seleccionaron documentos que
abordan explícitamente la violencia deportiva, incidentes en estadios y
responsabilidad institucional, así como fallos que tratan la dimensión
constitucional del derecho al deporte seguro.
Se establecieron categorías conceptuales operativas como:
·
Normativas
legales vigentes.
·
Responsabilidad
institucional.
·
Derechos
fundamentales afectados (integridad física, seguridad ciudadana, derecho al
ocio).
·
Estrategias
preventivas vs sancionatorias.
· Cultura jurídica y participación ciudadana.
Estas categorías fueron definidas conceptualmente a
través de la doctrina y operacionalizadas mediante criterios derivados de los
documentos revisados.
Se empleó análisis documental como técnica central,
revisando leyes, reglamentos, normas deportivas, informes institucionales, y
textos doctrinales y jurisprudenciales. Además, estudios de caso (dos partidos
violentos en estadios determinados) fueron incluidos como instancias
ilustrativas para poner en evidencia la aplicación práctica de las normas.
Entre los procedimientos que se adoptaron están:
1. Recopilación de la normativa nacional e internacional
aplicable.
2. Identificación de jurisprudencia relevante mediante
búsqueda en bases oficiales de la Corte Constitucional y otros tribunales.
3. Selección de estudios de caso basados en hechos
recientes documentados (estadios Monumental y Rodrigo Paz Delgado).
4. Lectura crítica de cada fuente, codificación siguiendo
las categorías establecidas.
Se empleó el método hermenéutico-jurídico para
interpretar normas y sentencias, contrastándolas con valores constitucionales y
estándares internacionales. A su vez, análisis de contenido permitió
identificar vacíos normativos, patrones institucionales de actuación y la
brecha entre el derecho normativo y la práctica social. No se aplicaron métodos
estadísticos cuantitativos.
La investigación se basó en documentos públicos,
jurisprudencia y fuentes secundarias, por lo que no involucró personas que
requieran consentimiento informado. No obstante, se garantizó la fidelidad en
la reproducción de textos jurídicos y se preservó la integridad intelectual
mediante citas apropiadas.
Se utilizó un enfoque
cualitativo con diseño de investigación documental, centrado en el análisis de
contenido de fuentes jurídicas, normativas y doctrinales relevantes para el
estudio de la violencia en escenarios deportivos en Ecuador. Esta metodología
resulta adecuada para comprender fenómenos complejos a partir del examen
crítico de textos legales, resoluciones judiciales, informes institucionales y
protocolos administrativos (Hernández et al., 2021).
Se aplicó un muestreo
intencional, seleccionando únicamente aquellos documentos que abordaban de
manera explícita la problemática de violencia en espectáculos deportivos, con
énfasis en los eventos ocurridos en los estadios Rodrigo Paz Delgado (Quito) y Monumental
(Guayaquil) durante los últimos cinco años.
El procedimiento metodológico
comprendió tres fases: (1) recopilación de documentos mediante fuentes
oficiales como el Registro Oficial, páginas institucionales y bases de datos
jurídicas; (2) codificación de categorías de análisis tales como derechos
vulnerados, responsabilidades institucionales, medidas de prevención y vacíos
normativos; y (3) análisis temático comparativo conforme a estándares de
derechos humanos y doctrina especializada (Carbonell, 2021). Para asegurar la
validez del estudio, el proceso de categorización fue sometido a revisión por
especialistas en derecho constitucional y gestión del deporte. Este enfoque
permitió identificar patrones y debilidades estructurales en el tratamiento normativo
de la violencia en escenarios deportivos ecuatorianos.
Análisis y discusión de los resultados
A partir del análisis jurídico, documental y
jurisprudencial realizado, se identificaron cinco dimensiones estructurales que
inciden directamente en la limitada capacidad del Estado ecuatoriano para
prevenir y controlar la violencia en escenarios deportivos. Cada una de estas
dimensiones se sustenta en evidencias normativas y prácticas extraídas del
estudio de fuentes primarias, especialmente de la Sentencia No. 34-20-IN/21 emitida por la Corte Constitucional del
Ecuador (2021), así como del análisis de incidentes relevantes ocurridos en
estadios del país durante el período 2018–2023.
1.
Debilidad normativa en el enfoque preventivo
El estudio revela que el cuerpo legal vigente, en
particular el Código Orgánico Integral Penal (2014), presenta un tratamiento
reactivo ante la violencia en el deporte, priorizando sanciones punitivas
frente a conductas ya consumadas, sin una estructura que contemple acciones
anticipatorias ni mecanismos de intervención temprana. Aunque el artículo 396
del COIP tipifica infracciones relacionadas con alteración del orden público,
estas disposiciones se limitan a describir consecuencias jurídicas sin ofrecer
lineamientos que promuevan entornos seguros ni delineen acciones educativas o
restaurativas (COIP, 2023).
Esta orientación punitiva ha sido objeto de crítica por
parte de la Corte Constitucional del Ecuador (2021), que en su sentencia
observa una omisión legislativa al no incorporar un enfoque preventivo ni
políticas públicas que aborden el problema de manera sistémica. La Corte
subraya que esta falta de previsión obstaculiza el ejercicio de derechos
fundamentales, como la integridad física, la seguridad ciudadana y el acceso al
ocio en condiciones de dignidad (Sentencia
No. 34-20-IN/21, Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
2. Falta de articulación
institucional y gobernanza compartida.
Otra de las debilidades estructurales identificadas es la
ausencia de una articulación funcional y normativa entre los distintos actores
responsables de la gestión de eventos deportivos. No se han identificado
instrumentos de cooperación interinstitucional con carácter vinculante entre
entidades clave como el Ministerio del Deporte, la Liga Pro, los gobiernos
autónomos descentralizados, la Policía Nacional, ni los clubes deportivos. Esta
fragmentación impide una planificación integral de la seguridad en los
espectáculos deportivos, limitando la capacidad del Estado para diseñar
respuestas coordinadas, sostenibles y eficaces.
En su análisis, la Corte advierte que esta desconexión
institucional genera un entorno propenso a la duplicidad de funciones, la
omisión de responsabilidades y la ausencia de seguimiento a medidas adoptadas.
En consecuencia, se debilita la estructura del Estado como garante de derechos
(Corte Constitucional del Ecuador, 2021). Esta situación también dificulta la
implementación de protocolos de actuación, evacuación, control de multitudes y
gestión del riesgo, elementos fundamentales para la prevención de conflictos y
violencia en espacios de alta concentración humana.
3. Ambigüedad jurídica en la asignación de
responsabilidades.
El análisis de las normas nacionales pone de manifiesto
una carencia en la definición precisa de las competencias institucionales
frente a la prevención de la violencia en el deporte. No existen disposiciones
claras sobre qué entidad debe liderar, coordinar y supervisar las acciones
preventivas, ni tampoco sobre las obligaciones específicas de los organizadores
de eventos, cuerpos de seguridad o autoridades locales. Esta ambigüedad
normativa genera un fenómeno de “responsabilidad difusa”, lo cual reduce la
exigibilidad jurídica y dificulta el control social sobre las instituciones
implicadas (Álvarez & Galarza, 2021).
Según la Corte Constitucional (2021), esta falta de
claridad impide que se pueda responsabilizar a un órgano específico ante
omisiones que resulten en vulneraciones a derechos humanos. Tal situación
permite, en la práctica, que ningún actor asuma el liderazgo efectivo de la
protección de derechos en contextos deportivos. Esta deficiencia también afecta
la planificación preventiva, pues sin responsabilidades claramente asignadas,
las medidas de seguridad y prevención carecen de continuidad y seguimiento.
4. Ausencia de programas educativos, restaurativos
y comunitarios.
El estudio constató la inexistencia de programas
permanentes orientados a la formación de actores deportivos, como jugadores,
cuerpos técnicos, hinchadas, personal logístico o agentes policiales, en temas
clave como la cultura de paz, el manejo emocional, la resolución no violenta de
conflictos, y la promoción del respeto en el entorno deportivo. Esta falta de
educación preventiva representa una omisión relevante, si se considera que
diversas investigaciones coinciden en señalar que la violencia en el deporte no
es solo un problema de seguridad, sino también una expresión de dinámicas
sociales, culturales y estructurales (Salazar, 2021; Olona,
2020).
En este sentido, organismos internacionales como el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2019) han recomendado de
manera reiterada la implementación de estrategias educativas como mecanismo de
prevención estructural de la violencia. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, no
se ha verificado la existencia de campañas, talleres, intervenciones
comunitarias ni acciones de justicia restaurativa orientadas a construir
entornos deportivos seguros, equitativos e inclusivos.
5.
Distancia entre el marco normativo y la práctica institucional
Finalmente, el estudio evidenció una significativa
desconexión entre lo establecido en el marco legal y las acciones que
efectivamente se implementan en los estadios. A pesar de que ciertas
disposiciones establecen normas de comportamiento y protocolos de seguridad,
estos no siempre se cumplen o se fiscalizan. La respuesta institucional ante
hechos violentos sigue siendo mayoritariamente reactiva, centrada en el uso de
la fuerza o la sanción posterior al evento, sin que se adopten medidas
correctivas o evaluaciones de impacto.
Los disturbios registrados en los estadios Rodrigo Paz
Delgado y Monumental entre 2021 y 2023 ejemplifican este desfase. En ambos
casos se observaron fallas en los controles de ingreso, ausencia de filtros
adecuados, presencia de armas blancas, insuficiencia del personal de seguridad
y falta de planes de evacuación, a pesar de que existían protocolos previos
diseñados por la Liga Pro o la Policía Nacional (Dávila et al., 2020). La Corte Constitucional calificó esta situación como una “débil eficacia
del ordenamiento jurídico”, al no garantizar el cumplimiento efectivo de las
medidas dispuestas (Sentencia No.
34-20-IN/21, Corte Constitucional del Ecuador, 2021, p. 4).
Los resultados obtenidos en esta investigación reafirman
una problemática persistente y estructural en el tratamiento jurídico de la
violencia en espectáculos deportivos en Ecuador. A pesar de la existencia de
normativa sancionadora, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal (2014),
el enfoque legal vigente adolece de una perspectiva integral de prevención.
Este desfase entre norma escrita y realidad práctica no solo limita la
efectividad del derecho como herramienta de transformación social, sino que
también pone en evidencia la ausencia de políticas públicas coordinadas,
permanentes y con enfoque de derechos humanos (Corte Constitucional del
Ecuador, 2021; Dávila
et al., 2020).
A nivel comparado, esta situación no es única en Ecuador.
Diversos estudios en América Latina han identificado que las políticas de
seguridad en el deporte han sido históricamente reactivas, centradas en el
control de multitudes y la criminalización de las hinchadas, en lugar de
abordar los factores sociales y culturales que alimentan la violencia en
contextos deportivos (Salazar, 2021; Sierra et al., 2021). Esta lógica punitiva
ha demostrado ser limitada, pues no previene la reincidencia ni contribuye a la
transformación de la cultura violenta instalada en algunos sectores del fútbol.
En el contexto ecuatoriano, la Sentencia No. 34-20-IN/21
de la Corte Constitucional marca un precedente al declarar la
inconstitucionalidad de la omisión del Estado en garantizar entornos seguros
durante espectáculos deportivos. Este fallo subraya la responsabilidad estatal
en promover medidas integrales, con énfasis en la prevención, la educación y la
participación ciudadana. Sin embargo, como evidencia el presente estudio, dicha
sentencia aún no se ha traducido en reformas legislativas ni en políticas
públicas sostenibles que aseguren su aplicación práctica (Corte Constitucional
del Ecuador, 2021).
Un aspecto crítico detectado es la fragmentación
institucional. No existe una normativa que establezca mecanismos de
coordinación vinculantes entre los distintos actores involucrados: Ministerio
del Deporte, Liga Pro, Policía Nacional, gobiernos autónomos descentralizados y
organizaciones civiles. Esta falta de articulación se traduce en duplicidad de
funciones, vacíos de competencia y acciones descoordinadas, lo que debilita los
esfuerzos de prevención y compromete la protección de los derechos
fundamentales (Álvarez & Galarza, 2021; Pérez Valverde, 2021).
Asimismo, se identificó una ambigüedad normativa en la
asignación de responsabilidades, lo cual impide una gestión efectiva del riesgo
en eventos deportivos. La indefinición en cuanto a quién debe implementar
medidas preventivas —si los clubes, las autoridades deportivas, la policía o
los organizadores— genera un clima de impunidad y desprotección. Esta situación
vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica y afecta directamente
derechos como la integridad física, la seguridad ciudadana y el acceso al ocio
en condiciones de dignidad (Carbonell, 2021).
Otro hallazgo significativo es la ausencia de programas
educativos y restaurativos dirigidos a actores clave del fútbol, incluyendo
hinchadas, personal de seguridad, directivos de clubes y jugadores. Esta
omisión contradice recomendaciones de organismos internacionales como el Comité
de Derechos Humanos de la ONU (2019), que sugieren implementar mecanismos de
mediación, justicia restaurativa y formación en cultura de paz para desactivar
conflictos antes de que escalen en violencia.
En cuanto al impacto práctico, disturbios recientes en
estadios como el Monumental de Guayaquil y el Rodrigo Paz Delgado de Quito
muestran que las intervenciones del Estado continúan siendo principalmente
reactivas. Se despliega fuerza pública en los estadios, pero no se construyen
procesos de largo plazo que involucren a las comunidades deportivas. Esto refleja
una brecha alarmante entre la normativa y la práctica institucional, en la que
las medidas tomadas no garantizan sostenibilidad ni efectividad (Dávila et al.,
2020).
Desde una perspectiva teórica, este estudio refuerza la
idea de que el deporte, especialmente el fútbol, no es un espacio ajeno al
cumplimiento de los derechos humanos ni a la exigencia de responsabilidad
estatal. Por el contrario, los eventos deportivos deben ser considerados
entornos constitucionalmente protegidos, donde el Estado tiene la obligación de
asegurar condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos a la seguridad,
la integridad, el disfrute del tiempo libre y la participación ciudadana
(Carbonell, 2021; Pérez Valverde, 2021).
Asimismo, se propone reconsiderar el modelo de gobernanza
deportiva vigente, proponiendo una transición hacia un enfoque más
intersectorial e inclusivo, en el que se integren actores públicos y privados,
organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, las propias hinchadas
organizadas. Estas últimas, frecuentemente estigmatizadas, podrían constituir
aliadas estratégicas si se implementan procesos de co-gestión,
formación y mediación comunitaria (Olona, 2020).
En cuanto a las limitaciones del estudio, cabe señalar
que la investigación se centró en el análisis de fuentes normativas,
doctrinales y jurisprudenciales, sin incluir entrevistas u observación directa
de actores involucrados. Si bien esto permitió un abordaje jurídico riguroso,
futuras investigaciones deberían profundizar en el componente etnográfico y
sociológico, a fin de comprender las dinámicas internas de los grupos de
aficionados, los cuerpos policiales y las estructuras de gobernanza deportiva.
Por consiguiente, se plantea la necesidad urgente de
impulsar reformas legislativas que incorporen mecanismos obligatorios de
prevención, protocolos de actuación articulados, campañas educativas
permanentes y sistemas de monitoreo con indicadores de cumplimiento. Solo así
se podrá avanzar hacia una cultura deportiva verdaderamente pacífica,
democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Conclusiones
El
estudio evidencia que la violencia en los estadios de fútbol de Ecuador es un
problema estructural que no ha sido abordado de manera integral por el marco
normativo vigente. A pesar de la existencia de leyes y regulaciones, como el
Código Orgánico Integral Penal, estas se caracterizan por un enfoque
predominantemente reactivo y punitivo, centrado en sancionar conductas una vez
consumadas, en lugar de prevenirlas. Esta orientación ha sido criticada por la
Corte Constitucional del Ecuador (2021), que señala la omisión legislativa en
incorporar estrategias proactivas y políticas públicas sistémicas. La falta de
un enfoque preventivo limita la efectividad del derecho como herramienta de
transformación social y deja desprotegidos derechos fundamentales como la
integridad física y la seguridad ciudadana. Por lo tanto, se concluye que la
mera tipificación de delitos es insuficiente para garantizar entornos
deportivos seguros y se requiere una reorientación del marco legal hacia la
prevención.
Por
otra parte, se destaca la significativa brecha entre la normativa establecida y
su aplicación práctica, agravada por la falta de articulación institucional y
la ambigüedad en la asignación de responsabilidades.
La
investigación identifica una desconexión crítica entre actores clave como el
Ministerio del Deporte, la Liga Pro, la Policía Nacional y los gobiernos
locales, lo que genera duplicidad de funciones, omisiones y una respuesta
estatal fragmentada e ineficaz. Esta descoordinación impide la implementación
coherente de protocolos de seguridad, control de multitudes y planes de
evacuación, como lo demuestran los incidentes en estadios emblemáticos.
La
ausencia de liderazgo claro y de mecanismos de rendición de cuentas debilita la
capacidad del Estado para proteger los derechos humanos en estos contextos,
perpetuando un ciclo de impunidad e ineficacia.
Por
último, el estudio concluye que la superación de la violencia en los estadios
exige un modelo de gobernanza colaborativo, preventivo y educativo, que
trascienda el enfoque meramente punitivo. Es urgente impulsar reformas
legislativas que incorporen programas permanentes de educación en la cultura de
la paz, justicia restaurativa y el manejo de conflictos, dirigidos a todos los
actores del ecosistema deportivo. La participación activa de las comunidades,
incluidas las barras bravas, en procesos de co-gestión
y mediación, se revela como una estrategia prometedora para transformar las
dinámicas violentas. Solo mediante una articulación normativa, operativa y
comunitaria sólida se podrá garantizar el ejercicio de los derechos humanos y
avanzar hacia una cultura deportiva pacífica, democrática y respetuosa en
Ecuador.
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